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Raúl Rejón

Periodista madrileño. De la radio en la Cadena Cope o Europa FM a fundar el Diario ADN para cubrir la información de la Comunidad de Madrid. Antes también en La Mañana de Lleida, TelePrograma, Europa Press...

La justicia rechaza la querella por la muerte del perro Excálibur

El TSJM rechaza la querella por la muerte del perro Excálibur.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid no investigará si el Consejero de Sanidad de Madrid, Javier Rodríguez, cometió un delito al ordenar el sacrificio del perro Excálibur, la mascota de la auxiliar de enfermería contagiada de ébola, Teresa Romero.

Los magistrados de la sala de lo Penal entienden que la querella presentada por el Partido Animalista contra el Maltrato Animal (PACMA) está fuera de lugar ya que debería, dicen, haber acudido "a la vía Contencioso-Administativa". El TSJM subraya que hay que distinguir entre una ilegalidad y un delito como es el que el PACMA atribuyó al consejero Rodríguez. El PACMA acusaba al responsable madrileño de Sanidad de prevaricación por haber ordenado el sacrificio de Excálibur "por ser un posible riesgo de trasmisión de la enfermerdad".

El 8 de octubre pasado, la Comunidad de Madrid mató al perro tras confirmarse la infección por ébola de su dueña. La orden por la que se autorizó el sacrifició pasó por el juzgado Contencioso-Administrativo Nº2 que dio el visto bueno a la entrada en el domicilio de Romero. Este hecho, para el TSJM, sitúa toda la actuación en esa rama legal y, además, subraya que el titular de ese juzgado no apreció ilegalidades flagrantes en el proceso. Por eso rechazan los magistrados la querella del PACMA y resuelven que la reparación de un acto administativo no es materia penal.

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Europa desconoce qué sustancias está inyectando el 'fracking' en su subsuelo

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Un pozo de extracción de gas mediante la técnica de 'fracking'.

Litros y litros de agua cargada de productos químicos recorren el subsuelo de Europa a la búsqueda de gas sin que la Unión Europea pueda asegurar cuáles son esas sustancias o sus potenciales efectos tóxicos. El fracking está dando sus primeros pasos en Europa pero la decisión de la  Comisión Europea de no regular esta técnica y limitarse a dar recomendaciones que cada Estado puede aplicar a su manera ha dado vía libre a los proyectos mineros que aguardaban en España, Polonia, Gran Bretaña o Rumanía.

La Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) ha admitido que no tiene identificados los compuestos aplicados en la fractura hidráulica ni los peligros que entraña para la población y el medio ambiente. Samuel Martín-Sosa, responsable de Internacional de Ecologistas en Acción, explica que "cuando se registra una sustancia hay que determinar el riesgo que ese químico supone en la actividad para la que se registra: en este caso, el fracking".

Esa es la información que no existe hoy a pesar de que hay pozos en marcha en varios países. En España hay cientos de proyectos previstos y el  Gobierno incluyó esa actividad minera entre las explotaciones viables en el territorio. La empresa BNK anunció su primer pozo en Burgos para 2015. De hecho, el  Gobierno trata de mantener el control legal sobre el fracking y ha bloqueado cualquier iniciativa que intente prohibir la extracción gasística, como las leyes autonómicas de Cantabria o Navarra (ambas recurridas ante el Tribunal Constitucional).

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España se arriesga a perder tres de sus joyas naturales Patrimonio de la Humanidad

Padrera de posidonia. / Zoea CENEAM

Tres de las cinco perlas españolas consideradas Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco están en riesgo y presentan "preocupaciones significativas" tras el estudio que ha llevado a cabo la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Doñana en Huelva, Ibiza y Garajonay (en La Gomera) presentan graves amenazas que comprometen los valores que las hicieron merecedoras a entrar en la lista universal. Monte Perdido en Huesca y el Teide de Tenerife han aprobado el examen.

En la península, el  Parque Nacional de Doñana (patrimonio desde 1994) vive con amenazas muy altas en la actualidad –y lo sobrevuelan otros riesgos potenciales–, sobre todo por la "reducción continuada del volumen de agua y el efecto barrera que supone el uso de la tierra a su alrededor". Sólo con estos problemas, el informe de la UICN señala que hay "una alta preocupación" respecto al estado general de conservación del "extraordinario valor universal" de Doñana.

"El estado del régimen hidrológico es altamente preocupante", y de este punto depende la mayoría de sus valores. El agua sustenta todo lo que representa el parque de Doñana. Y se ha abusado de ella (en la segunda parte del siglo XX, la marisma pasó de 150.000 a 30.000 hectáreas). El director de la Estación Biológica, Juan José Negro, ha admitido su preocupación por el estado del acuífero de la reserva natural, del que "se extrae mucha agua". El estudio internacional recalca que la desconexión que Doñana sufre de sus fuentes hídricas (Guadalquivir, Guadiamar, La Rocina y El Partido) le han dejado el aporte de agua en un 20%.

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Sanidad subraya que existen alternativas al Sovaldi para la mayoría de los enfermos de hepatitis C

Envases de Sovaldi, la píldora contra la hepatitis C.

Tras ocultar el documento durante dos meses, el Ministerio de Sanidad ha revelado al fin los criterios para administrar el medicamento de última generación Sovaldi contra la hepatitis C. La cura con base en la molécula sofosbuvir no se generalizará, ya que la gran mayoría de los pacientes han sido relegados al final de la lista.  El Informe de Posicionamiento Terapéutico (IPT) los describe así: "Existiendo necesidad de tratamiento y alternativas terapéuticas, sofosbuvir se considera una opción con valor terapéutico añadido". Y luego hace notar que no es una opción para todos: "Cabe mencionar que este grupo es el más numeroso en términos absolutos y, por otro lado, existen alternativas terapéuticas".

A la hora del día a día, deberá ser el especialista quien prescriba el medicamento. "Deben seguir el Informe de Posicionamiento Terapéutico", explica el Ministerio de Sanidad. Al existir limitaciones en la disponibilidad de la pastilla, son esas pautas las que hacen a un paciente más o menos candidato a recibir el tratamiento. El Ministerio traslada así el siguiente paso a los servicios sanitarios autonómicos antes de que un enfermo se tome el Sovaldi.

"La financiación forma parte de la asistencia sanitaria de cada paciente y depende de cada comunidad autónoma", indican. Con estas premisas, por ejemplo, la Comunidad de Madrid cuenta que ha creado "un comité especial centralizado –formado por médicos y farmaceúticos– para estudiar y aprobar aquellas peticiones que realicen los hepatólogos de cada hospital".

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El Gobierno oculta los detalles del fin de semana privado de Cañete y Cospedal en un palacio de Doñana

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Miguel Arias Cañete y María Dolores de Cospedal, en un acto de la campaña de las elecciones europeas. / Efe

Fueron dos días a todo trapo en el Parque Nacional de Doñana (Huelva). Con alojamiento en un palacio de titularidad pública y al servicio del ocio del exministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete y sus invitados, entre los que se encontraba la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Unas jornadas de esparcimiento el pasado mes de marzo que, ahora, el Gobierno admite que se trató de un uso privado. Aun así, el Ejecutivo oculta los detalles de la escapada de fin de semana que Cañete organizó para sus amigos en el Palacio de Las Marismillas, en pleno corazón del Parque Nacional de Doñana.

El Ejecutivo reconoce por escrito que Arias Cañete utilizó de forma privada las instalaciones de Patrimonio Nacional, ya que argumenta que la factura la pagó el actual comisario europeo. En una  contestación parlamentaria al diputado de IU Gaspar Llamazares, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, justifica que "los gastos de manutención derivados de la visita de D. Miguel Arias Cañete a la casa-palacio de Las Marismillas, fueron íntegramente sufragados por él, con cargo a su patrimonio personal". La respuesta no aclara a qué se refiere con manutención ni desglosa los gastos que conllevó la fiesta del grupo de Cañete.

Y eso que la propia Secretaría de Estado describe el carácter público del uso de Las Marismillas: "Sus instalaciones son necesarias para la gestión de la finca por parte de Parques Nacionales, y se emplean, asimismo, tradicionalmente, para uso protocolario por parte de presidentes de Gobierno, ministros y otros altos cargos".

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España concentra el mayor número de especies amenazadas de Europa

El lince ibérico está en "peligro crítico" de extinción.

Mientras el  Senado blinda los cotos de caza privados en los parques nacionales, España es señalada como responsable del cuidado de la biodiversidad más amenazada de Europa. La nueva  Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) recoge que en España sobreviven 552 especies camino de la extinción. Casi dobla a la siguiente en la lista europea: Grecia, con 286 especies. La riqueza natural más delicada se concentra en el sur del continente, ya que Italia es refugio para 276 especies, para 254 en Portugal y 234 en Francia.

La situación representa un pequeño repunte respecto a hace un año, cuando se contabilizaron 548 y prácticamente la mitad (214) son plantas. Para  considerar una especie amenazada, debe encontrarse en situación vulnerable, en peligro o en peligro crítico, según el criterio de la UICN. En España tienen un pie en la extinción el lince ibérico (Lynx pardinus), la foca monje (Monachus monachus), el visón europeo (Mustela lutreola) o la pardela balear (Puffinus mauretanicus).

Para hacerse una idea de qué significa "peligro crítico", puede compararse con uno de los iconos de las aves protegidas, el águila imperial (Aquila adalberti), que para la Lista Roja es una especie vulnerable, el grado más leve de amenaza. Precisamente un lince ibérico del programa de reintroducción de este felino en Ciudad Real (Castilla-La Mancha) fue abatido por un cazador en octubre pasado en una finca de la familia Botín mientras se cazaban zorros.

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La privatización sanitaria impone la lógica del mercado a la salud mental

Inauguración del ambulatorio de Navalcarnero que gestiona IDCSalud.

Es una correlación casi matemática: cada hospital privatizado que adjudica la Comunidad de Madrid se lleva por delante los recursos directamente públicos de atención a los enfermos mentales de la zona. Allí donde se implanta un centro gestionado por una empresa cuyos ingresos dependen del número de pacientes que maneja, los centros de Salud Mental son borrados del mapa: los enfermos quedan abocados a acudir al hospital privatizado.

La fórmula ha sido aplicada por la sanidad madrileña en sucesión perfecta en Torrejón de Ardoz, Navalcarnero-Móstoles y, más recientemente, en Villalba. En este último caso, el hospital de IDCSalud (ex Capio) abierto en octubre por encargo de la Consejería de Sanidad, (con dos años de retraso) ha provocado, a los pocos días, que el Centro de Salud Mental del municipio quedara clausurado. El capítulo más reciente del modelo más avanzado de privatización sanitaria en España.

El número de atenciones aporta dinero a los contratistas, por lo que el flujo de pacientes hacia hospitales adjudicados es fundamental. Los centros de salud mental que la Comunidad de Madrid ha ido desmantelando estaban adscritos a hospitales 100% públicos. Al desaparecer, los enfermos deben tratarse en el hospital directamente o pasar por los nuevos ambulatorios creados por la Comunidad de Madrid y gestionados por las sociedades adjudicatarias. Así ya pueden computar los tratamientos para sus facturaciones. La ley madrileña establece un área única sanitaria y una libre elección de especialista (para el mismo proceso médico) por lo que la Administración defiende que cada uno puede escoger donde ser atendido.

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El PP rebaja la protección de los parques nacionales para que los terratenientes puedan cazar en ellos

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Parque Nacional de Cabañeros.

El interés por mantener la caza en 180 km² de Castilla-La Mancha inscritos en un parque nacional ha conseguido forzar la  prórroga, por ley, de las batidas cinegéticas dentro de la red. El Senado ha aprobado este miércoles una modificación legislativa que da plazo hasta finales de 2020 para que los dueños de fincas alcancen acuerdos que cierren los cotos. Mientras, podrá seguir cazándose en el Parque Nacional de Cabañeros. Y no es porque en Castilla-La Mancha haya escasez de espacios para practicar la caza. De los 79.463 km² de la región, unos 68.000 son cotos privados de caza: es el 85% del territorio castellano-manchego.

La enmienda presentada por el Partido Popular defiende los "derechos de terceros" dentro de los parques nacionales. Estos espacios representan únicamente el 0,6% del suelo de toda España. Son 3.027 km² escogidos especialmente por su alto nivel de conservación. Reúnen el 80% de la biodiversidad. El terreno de propiedad privada del parque de Cabañeros supone el 6% de toda la red: seguir utilizando esos 180 kilómetros de hábitat privilegiado como cazadero de venados es lo que ha justificado el texto legal aprobado por los senadores. En esa pequeña isla se conservan derechos de caza y se realizan monterías que debían desaparecer en 2017, según la ley de 2007.

Cuando el Grupo Popular en el Senado introdujo su enmienda de última hora a la Ley de Parques Nacionales, no previó que era una bula para consagrar indefinidamente el carácter de cotos privados de caza de un puñado de fincas en manos de particulares en el parque de Cabañeros (Castilla-La Mancha). La propuesta recogía la inquietud de los dueños de cotos castellanos-manchegos como Alberto Alcocer, Alberto Cortina o Alejandro Aznar. La defendió el Gobierno de María Dolores de Cospedal (PP) y dejó a los senadores del partido un punto descolocados. Modificaron algo el texto para, escudándose en la crisis económica, asegurar las cacerías hasta 2020. "El desembolso de dinero sería enorme e inasumible", argumentó la senadora del PP Leite Coello, para eludir las indemnizaciones que acabaran con los cotos.

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Los Aznar-Oriol se montan una cancha de polo privada en una zona de máxima protección ambiental

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El campo de polo en La Montana, el 16 de septiembre, según el visor de la Comunidad de Madrid.

La familia Aznar-Oriol se ha montado una cancha privada de polo en el corazón del Parque Regional del Curso Medio del Guadarrama (Madrid). Los trabajos han transformado una finca en la zona de máxima protección ambiental hasta convertirla en cancha y dejarla dispuesta para organizar el torneo Abierto Aznar 2014. Como ha ocurrido con la construcción de su  mansión en el Parque Nacional de Cabañeros (Castilla-La Mancha), una mezcla de permisos parciales, falta de control y política de hechos consumados ha permitido al marido de la polémica presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica Oriol, usar el terreno protegido según su deseo, saltándose los objetivos para los que se creó el parque según una ley de 1999.

Desde al menos 2009, los dueños de la finca La Montana –en la ribera del río Aulencia– han ido convirtiendo el paraje a su gusto. Una adaptación que llegó a su momento culmen con la celebración de la copa deportiva entre el 28 de mayo y el 8 de junio de este año. Seis equipos, 24 caballos de gran porte, boxes para los animales, un aparcamiento para el público, puestos de comida y bebida... Y todo en un área de los sotos y vegas del río Aulencia diseñada, según la propia dirección del parque, para "conservar los recursos naturales, culturales y el mantenimiento de los procesos ecológicos, para evitar su degradación".

Crear una cancha de polo de la nada no es tarea de unas pocas semanas. De hecho, el campo de juego ocupa unas cuatro hectáreas de las aproximadamente seis que forman La Montana. Los trabajos en el terreno han durado años, durante los cuales el Área de Disciplina Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de Madrid ha tenido conocimiento de lo que estaba ocurriendo en el parque regional de su competencia. Sin embargo, sobre el torneo, un portavoz de la Consejería de Medio Ambiente indicó a eldiario.es que "el Parque Regional no ha recibido ninguna denuncia sobre la celebración de este evento ni ninguna petición por parte del dueño para la organización de tal torneo".

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La policía intenta impedir el encierro diario del colegio madrileño Arcipreste de Hita

Policías impiden el paso al colegio Arcipreste de Hita (Fuenlabrada).

Los padres y madres del colegio Arcipreste de Hita en Fuenlabrada (Madrid) se han convertido en una molestia. Su protesta de más cien días por la pérdida de plazas de enseñanza pública se ha alargado más de lo previsible. No han sucumbido. Así que una patrulla de la policía local ha impedido que el encierro intermitente que realizan desde septiembre siguiera su curso este lunes. Un grupo de padres y madres –junto a simpatizantes– se meten en el centro cada tarde para protestar por eliminación de puestos. Desde junio hasta septiembre el encierro fue permanente.

Los agentes han acudido a la llamada del director del centro, según contaban los manifestantes, y han cortado el acceso a las 17.00, como se viene dando desde que comenzara el curso. Son 140 días de encierro. "Tenemos un permiso escrito de la Alcaldía", cuenta Sandra, una de las miembros de la asamblea que ha llegado al Arcipreste para tratar de continuar con la protesta. Al final, un agente, según cuenta ella misma, ha permitido entrar a un padre para mostrarle el escrito municipal.

"Habíamos quedado aquí a las 15.00 porque el director ya había deslizado el viernes que no se podía continuar con el encierro", han contado los manifestantes. Sandra reitera desde el colegio que "nos han dicho que el Alcalde ha decidido que podríamos ahora entrar a partir de las 18.30".

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