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Periodismo a pesar de todo

Raúl Rejón

Periodista madrileño. De la radio en la Cadena Cope o Europa FM a fundar el Diario ADN para cubrir la información de la Comunidad de Madrid. Antes también en La Mañana de Lleida, TelePrograma, Europa Press...

Las constructoras capean la crisis del ladrillo con contratos de servicios públicos privatizados

El servicio de basuras de Lugo gestionado por Urbaser estuvo dos meses de huelga.

Estado privatizado. Casi cualquier acción dependiente de un Gobierno, desde la más local hasta la más general, es ya susceptible de convertirse en un contrato. Muchos de los servicios que un Ayuntamiento, una Comunidad Autónoma e incluso el Gobierno central deben prestar a los ciudadanos han pasado a ser una oportunidad de negocio para proveedores. Esta manera de entender la prestación de servicios ha sido, a la vez, una vía de escape para los gigantes de la construcción española, según se extinguía la llama del ladrillo y el cemento. ACS, Sacyr, OHL, FCC o Ferrovial se han colocado así en el día a día de los servicios que los ciudadanos reciben y financian con sus impuestos. Las cifras de negocio han engordado gracias a este trasvase del dinero público.

Los gobiernos ceden esas funciones a cambio de un buen contrato. Privatizar la gestión les permite evitar "tener estructuras de personal muy amplias", explica Josep Viñas, profesor de la Universidad de Girona, como una de las " causas para externalizar" que menciona en un estudio para el Instituto de Estudios Fiscales.

Las grandes constructoras han ido ampliando su campo de acción. En 1992 la empresa Clece, de ACS, nació "focalizada en la limpieza de entidades públicas". Ahora el grupo presidido por Florentino Pérez puede estar detrás de la limpieza de la calles, la escuelas infantiles de una ciudad, los comedores escolares, los campamentos de verano de un colegio público, la gestión de la ayuda a domicilio de ancianos o el mantenimiento de un parque natural. Sus compañeros en la cúspide del sector de la construcción ( FCC, Ferrovial, Sacyr y OHL) también han ido incorporando nichos de negocio a medida que los políticos convertían sus obligaciones en adjudicaciones.

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La culpa de la caída de árboles la tienen... los árboles

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Un hombre de 72 años falleció en Madrid golpeado por la rama de un árbol

La culpa la tienen las plantas. El Ayuntamiento de Madrid propone hacer "podas más intensas" de los árboles de la ciudad como solución a los tres meses de accidentes con caídas de ramas y ejemplares que ha vivido la capital. A pesar de que considera que su labor ha sido "la adecuada", Madrid quiere dar la sensación de que toma medidas porque "no hay tranquilidad vecinal". Y ha anunciado una "revisión completa del arbolado" aunque ya estaba prevista en los contratos con los que privatizó este servicio hace un año.

Madrid también considera que las empresas a las que tiene adjudicado el mantenimiento del arbolado cumplen: "La arboricultura es la necesaria", sentenció el responsable del área Diego Sanjuanbenito al explicar el último incidente que mató a un hombre de 72 años en la ciudad. La contratista de esa zona es FCC. Pero más allá de respuestas apresuradas, ¿puede estar pasando algo con el patrimonio verde de Madrid?

"A partir de que hay víctimas, todo el mundo se pone nervioso", cuentan a eldiario.es fuentes de los jardineros municipales. De hecho, Sanjuanbenito se apoyó en el furor talador para argumentar que los árboles están cuidados: de 2013 a 2014 las empresas pasaron de talar 615 ejemplares a 2.064 (un 236% más). La poda pasó de afectar a 8.611 a 13.927 árboles, un 62% más. Sin embargo, técnicos municipales de zonas verdes analizan que los posibles problemas de los árboles vienen por estas prácticas "cortoplacistas".

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Cañete dio vía libre al fracking y a la búsqueda de petróleo en España

Cañete incluyó el fracking entre las actividades evaluables por Medio Ambiente

Miguel Arias Cañete ha solido presumir de que los asuntos agrícolas y ganaderos "se los sabe". Así que la cartera que dirigió en España antes de irse a Bruselas (el MAGRAMA) llevaba por delante los títulos de Agricultura y Alimentación. Pero, de cola, el cargo afectaba al Medio Ambiente. En ese sentido, Arias Cañete ha dejado sentir su perfil de empresario de los hidrocarburos.

Si en algo se ha notado la mano del futuro comisario es en la relación entre la producción de energía y sus efectos medioambientales. La acción de la persona que la Comisión Europea coloca para dirigir de la política contra el cambio climático está sellada por su actividad profesional: es dueño del 2,5% –185.000 euros– de una empresa dedicada al almacenamiento y suministro de combustible para buques (Ducar S.L.). Estuvo al frente de la compañía hasta diciembre de 2012.

Con esas credenciales, el MAGRAMA del exministro elaboró una ley de Evaluación Ambiental que incluyó la extracción de gas mediante la fractura hidráulica (fracking) entre los procesos evaluables, es decir, permitidos. Marcaba la estrategia del Gobierno de Mariano Rajoy en cuanto a política energética y su relación con el medio ambiente. La misma Comisión Europea hizo en cierto modo suyos esos postulados en enero de 2014 al dejar en manos de los estados la autorización de esta actividad. La estrategia española tenía vía libre desde Europa.

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Los cristales rotos de Ana Botella

Ana Botella anuncia que no se presentará a las elecciones municipales

Cuando en 2003 Alberto Ruiz-Gallardón anunció que Ana Botella iría en la lista electoral al Ayuntamiento de Madrid, la noticia trepó a los titulares de los periódicos. La esposa de José María Aznar, el contrapoder de Mariano Rajoy en el partido, se integraba en el equipo del que algunos medios vendían como el dirigente más 'progre' del PP. Hace 11 años de todo aquello, pero este martes, oyendo a Botella anunciar con una sonrisa que no se presentará a las próximas elecciones municipales, aquellas imágenes parecen casi en blanco y negro.

El equilibrio de fuerzas dentro del Partido Popular ha sellado el destino inmediato de Ana María Botella Serrano. Y para comprobarlo basta con repasar la situación actual de los protagonistas de aquella noticia. La influencia de Aznar en la dirección del PP es hoy casi inexistente. Quedó de manifiesto en la ausencia de Mariano Rajoy –su antiguo delfín– en la presentación de su último libro y en que nadie lo invitó a hacer campaña en las últimas europeas.  

Gallardón ha dejado su imagen de moderado bien atrás, y en su papel de ministro abandera la reforma de la ley del aborto, la limitación de la justicia universal o la aplicación de tasas judiciales. Por su parte, Esperanza Aguirre, que ya convertida en 'lideresa' del PP madrileño libró con Gallardón una batalla política sin cuartel –una pelea en la que Botella ofició de contrapunto por su conexión con el sector más conservador del partido– ahora suspira por la candidatura a la alcaldía, de la que la alejan intereses ocultos.

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La tasa de suicidios en España oculta un problema de salud pública

El suicidio en España está en máximos. Pero, a pesar de que cada año más personas se quitan la vida, se trata de un "problema de salud pública que se oculta debajo de la alfombra", según la opinión de expertos en salud mental de la Sociedad Española de Psiquiatría (Sespsiq).

La Organización Mundial de la Salud publicó el 4 de septiembre su primer informe global sobre el suicidio en el que España aparece con una tasa por 100.000 habitantes, baja y en descenso respecto a 2000. Con una ratio de 7,1, se encuentra por debajo de la media europea, que está en el 14,1. ¿Por qué? "Es lo que estamos investigando", explica Lucas Giner, de la Sespsiq. Sólo Italia (6,4), Reino Unido (6,9), Albania (6,5), Chipre (5,2) y, sobre todo, Grecia (4,9) están por debajo de España.

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Los recortes en sanidad abren el camino al sector privado y cargan el copago de las familias

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El copago de medicinas ha cargado la factura sanitaria de las familias.

La aportación pública al sistema sanitario desciende año a año dejando cada vez más hueco al gasto privado. Según la última edición del Sistema de Cuentas de Salud de 2012, editada el pasado agosto por el Ministerio de Sanidad, la inversión pública cayó en 3.903 millones de euros: pasó de 72.500 a 68.600. Un 5,3% menos. En 2009 esa partida fue de 75.355 millones. Al mismo tiempo, el dinero privado pasó de 26.312 millones a 27.064. 752 millones más. Creció un 2,8%.

Las decisiones políticas que han detraído recursos a hospitales, centros de salud, residencias o campañas de salud han favorecido, por un lado, el aumento del campo de negocio de la sanidad privada y, por otro, han trasladado directamente al ciudadano parte de la financiación sanitaria, es decir, un mayor copago. Basta con mirar el apartado del documento que habla de "pagos directos de los hogares". Desde 2009, las familias han incrementado sus facturas sanitarias en 2.159 millones de euros (11,5%). Soportan el 77% del gasto privado.

Cuando las cuentas calculan ese tipo de gasto, se incluye el aseguramiento mediante compañías pero también el pago de medicamentos, productos de ortopedia, el abono directo de servicios como el dental o el óptico o los medicamentos que no están financiados.

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Madrid paga 18,9 millones por mantener cerrado el hospital de gestión privada que ahora promete

El centro de gestión privada de Collado Villalba en Madrid

El último hospital de gestión privada de Madrid le ha costado al Gobierno de Ignacio González 18,9 millones de euros incluso antes de empezar a funcionar. El centro de Collado Villalba se abrirá 22 meses después de lo previsto. Si se inaugura en octubre, como ha prometido este miércoles el presidente Ignacio González, la factura para la contratista IDCSalud habrá sumado ya casi 20 millones por mantenerlos clausurado. Todo antes de haber atendido a un solo paciente, sin una consulta realizada, ni una urgencia atendida ni una inteverción quirúrgica realizada. Ahora comenzará a pagarse la asistencia médica a razón de 577 euros al año por cada vecino asignado por la Consejería de Sanidad al hospital villalbino. Unos 64 millones al año.

Víctima del modelo privatizador de la asistencia sanitaria, el hospital de Collado Villalba ha sufrido los vaivenes económicos y financieros, y las decisiones sobre él se han tomado independientemente de las necesidades y planificaciones sanitarias. El exconsejero madrileño Javier Fernández Lasquetty, en su programa de recortes de noviembre de 2012, decidió "retrasar la apertura hasta finales de 2013 para evitar el gasto".

El hospital, al que habían adscrito 109.000 vecinos, estaba casi terminado. Con todo, Lasquetty había avisado a IDCSalud de este plan más de tres meses antes, en julio de aquel año. Y les hizo firmar una conformidad poco antes de anunciar los recortes. Además, les destinó unos 900.000 euros al mes para "mantenimiento". El compromiso escrito recogía la siguiente fecha de inauguración: el 15 de diciembre de 2013.

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Madrid retoma un Campus de la Justicia 'low cost' tras enterrar 120 millones de dinero público en el proyecto

Esperanza Aguirre observa el proyecto del campus.

El Campus de la Justicia de Madrid lleva enterrados más de 120 millones de euros de dinero público. Con la sociedad gestora del plan disuelta, el presidente regional, Ignacio González, no se da por vencido y ha resucitado un antiguo proyecto de Esperanza Aguirre para concentrar las sedes judiciales. Esta vez, a bajo coste. El sitio es el mismo, una parcela de 20 hectáreas donde sólo se ha levantado un edificio de los 15 diseñados.

La Asamblea de Madrid recibió el decreto de disolución de Campus de la Justicia S.A. el pasado lunes, según publicó El País. Ese proyecto había muerto el 21 de diciembre de 2012 cuando el consejo de administración (el Gobierno regional) decidió cerrar la empresa. Una vez tomada la determinación de no seguir adelante, lo único que le restaba por hacer era... seguir pagando los compromisos adquiridos hasta acabar consumiendo recursos por valor de esa cifra de, al menos, 120 millones.

Ahora, para no firmar la defunción del campus, el Gobierno de Ignacio González echa mano de una fórmula ya avanzada en 2012: sacar a concurso la construcción de las sedes y pagar a la empresa que gane el contrato –de 30 años– el dinero que, dicen, les cuesta alquilar los juzgados a día de hoy: 40 millones de euros. En 2012 se hablaba de 33 millones.

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El Parque Nacional de Guadarrama se arriesga a convertirse en parque temático

Vista del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

El Parque Nacional del Guadarrama vive en riesgo de convertirse en un gran parque temático de la naturaleza. Desde su declaración en junio de 2013, los gestores del espacio protegido –especialmente la Comunidad de Madrid, que comparte el parque con Castilla y León– no han perdido oportunidad para utilizarlo como "reclamo para el turismo", y "fuente de riqueza", según sus propias palabras.

Tanto es así, que la Consejería de Medio Ambiente de Madrid, al cumplir el parque un año, destacó que "ha tenido 3,5 millones de visitantes". Nada más obtener el título de parque nacional, la consejería hizo un recuento y en tres meses "se recibieron 600.000 turistas". Ya es el más visitado de los 15 que hay por España. El Gobierno regional también considera destacable que "la actividad de los alojamientos y restaurantes ha aumentado más de un 10%". Para comparar, otros parques nacionales de montaña como el de Ordesa (Huesca) recibe una media de 600.000 visitantes anuales, los Picos de Europa (Asturias, Cantabria y León) está en 1,3 millones y Sierra Nevada (Granada) en 611.000.

María Ángeles Nieto, de Ecologista en Acción en Madrid, explica que "todo lo referente al desarrollo socioeconómico va dirigido al visitante y no al habitante". Y añade que "se centran en las visitas, el turismo, el ocio ¿y qué pasa con un joven que necesita transporte público para ir a estudiar?", se pregunta. También incide en que actividades económicas tradicionales se ven perjudicadas: "Los ganaderos ven sus pastos llenos de gente que espanta la cabaña".

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Las familias encerradas 70 días para pedir un aula de Infantil temen el desalojo al comenzar el curso

Petición en Sol de un aula de Infantil en la escuela Arcipreste de Hita en Fuenlabrada

Hugo, Sergio, Vladislav, Raúl, Álex, Weronika, Stanyslav, Adriana, Diego, Juan, Leo, Raúl, Bruno, Enma, Marina, Irene...no tienen aula. Los nombres de los 19 niños y niñas que no pueden empezar el curso en el colegio público Arcipreste de Hita en Fuenlabrada (Madrid). Sus padres y madres llevan encerrados, hasta el 2 de septiembre, 71 días para pedir que se abra un grupo en ese centro.

"A partir de septiembre, la consejería tiene la competencia sobre el edificio y podrían desalojarlos en cualquier momento", comentaban los manfiestantes que se han congregado en la Puerta el Sol como apoyo a las familias "y solilcitud de un aula". Durante las vacaciones de verano, el colegio estaba bajo la administración del Ayuntamiento que permite esta reivindicación. "Si los echan, a partir de las dos de la tarde de cada día, cuando terminan las clases, piensan volver a meterse", aclaran. Un centenar de personas se han acercado al kilómetro cero de Madrid, frente a la sede del Gobierno regional de Ignacio González (PP). Han vuelto a sacar las estrellas que representan a los pequeños y ha vitorear sus lemas: "Sí se puede", "educación pública"... "La verdad es que no nos han hecho ni caso", se lamentaba una de las manifestantes.

Manifestación en Sol para la apertura de un aula de Infantil en la escuela Arcipreste

Manifestación en Sol para la apertura de un aula de Infantil en la escuela Arcipreste

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