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Periodismo a pesar de todo

Raúl Rejón

Periodista madrileño. De la radio en la Cadena Cope o Europa FM a fundar el Diario ADN para cubrir la información de la Comunidad de Madrid. Antes también en La Mañana de Lleida, TelePrograma, Europa Press...

La falta de inspección más que un problema sanitario, detrás de las caídas de árboles en Madrid

Una rama tronchada de un árbol en el parque de El Retiro.

En un mes, tres grandes árboles han caído al suelo en el Parque de El Retiro de Madrid. El 21 de junio, una enorme rama de una falsa acacia se desplomaba y hería de muerte a un hombre que paseaba con sus hijos. El 19 de julio, un gran pino se tronchaba por el tronco. Un día después, un cedro caía sobre un banco y dejaba herida a un niña de siete años.

La batería de noticias ha hecho que el Ayuntamiento de Madrid, dirigido por Ana Botella (PP), haya montado una "comisión de expertos" para estudiar un supuesto fenómeno. A la cabeza ha colocado al decano del Colegio de Ingenieros de Montes, Carlos del Amo quien no ha ido más allá de anunciar que se estudiará "la aleatoriedad" de los accidentes. ¿Hay fenómeno que estudiar o se trata de un movimiento de imagen?

El también ingeniero de Montes y experto en botánica, Rafael Ceballos, ha contado a eldiario.es que "los árboles se han caído siempre, ya sea de cuajo o por la mitad". Que haya ejemplares que se vienen abajo no es algo "especialmente relevante", analiza el ingeniero. "Las ramas y los troncos debilitados por un golpe o por hongos se tronchan cuando hay un agente como el viento. Otras cosa es, explica, que "y alejado de polémicas políticas, estos episodios hayan coincidido con una reducción de plantilla a la hora de inspeccionar el arbolado. Y cada vez que hay un vendaval –como los que hemos vivido– se debe hacer una inspección para detectar los ejemplares con problemas". Porque en el siguiente pico de viento "se van a caer". El delegado de Medio Ambiente de Madrid, Diego Sanjuanbenito se ha defendido explicando que los ejemplares recientemente abatidos "no presentaban ningún signo externo que pudiera prever su desplome".

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La PAH repite que las sentencias europeas sobre los desahucios deben detener los desalojos inmediatamente

La PAH reubicando su rueda de prensa tras ser disueltos por la policía.

Se esperaba la voz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) tras la sentencia del Tribunal Europeo en contra de la Ley Antidesahucios española. Y, no sin cierta dificultad, han reiterado que para solucionar el problema de los desahucios en España "hay que a probar la dación en pago retroactiva, una moratoria de los procedimientos y crear un parque de viviendas sociales". La PAH ha querido bajar al terreno concreto las altas palabras de las sentencia de los magistrados europeos. "No se está aplicando y es obligatoria", ha indicado Rafael Mayoral, portavoz del colectivo.

La dificultad ha venido por parte del dispositivo de seguridad en torno a la convocatoria informativa de la plataforma. Una vez concedido el permiso para reunirse frente al Congreso de los Diputados, la Policía Nacional ha disuelto el encuentro "por orden de la máxima autoridad, el jefe de seguridad del Congreso", ha explicado un agente de la Unidad de Intervención Policial. El traslado obligado ha sido de 200 metros.

Una vez instalados, la PAH se ha felicitado de que el Tribunal considere que la ley contra la que actúan "viola los derechos de las personas y deja al deudor hipotecario en una situación de desigualdad e indefensión". Según Mayoral, "las sentencias europeas son derecho positivo para los jueces españoles que tienen que aplicarlas de manera inmediata".Y ha recordado que "debe modificarse la ley que ya sólo defienden el Partido Popular y UPyD", en referencia a la petición firmada en el Parlamento de Estrasburgo por 12 de los 14 grupos representados tras las elecciones de mayo pasado.

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MAPA: España suspende en basura, con más vertederos que reciclaje

La Comisión Europea denuncia a España ante el Tribunal Europeo por los vertederos que no cumplen la ley sobre residuos. La Agencia medioambiental europea advirtió que, aunque ha habido una mejora en el reciclaje –que ha llevado los porcentajes de recuperación de residuos del 20 al 33%– se precisaba "un esfuerzo extraordinario para cumplir los objetivos continentales del 50%" para 2020.

INTERACTIVO: Martín González

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Se multiplican los cierres de camas en los hospitales este verano

Protesta de los trabajadores del Hospital de Bellvitge / Foto: @_cafeambllet

El cierre de camas hospitalarias en verano es garantía de atasco en las listas de espera de los centros sanitarios españoles. Dejar estas plazas sin uso es una práctica habitual de todos los gobiernos autonómicos. El argumento oficial es que la demanda asistencial cae durante estos meses. Pero mientras en muchas comunidades autónomas se suman las plantas de hospitales que no están operativas en junio, julio y agosto, las citas para consultas especializadas, pruebas y operaciones sufren un embudo cada vez mayor.

La cuestión es que varios ejecutivos autonómicos han decidido reducir todavía más este año el número de plazas funcionales en los centros sanitarios este curso. Como si hubieran decidido que los hospitales trabajaran menos. Madrid, Castilla y León, Galicia e Islas Baleares están bloqueando entre un 15 y un 20% más de camas que en verano de 2013.

Otras, como Cataluña y la Comunidad Valenciana, mantienen un número parecido (ya bastante significativo) de puestos inoperativos. También existen casos como Aragón y Asturias en donde el plan de verano 2014 está más dotado que el de hace 12 meses. Con el recuento que ofecen algunos servicios públicos de sanidad y los sindicatos, no menos de 13.000 camas estarán sin uso. En el Sistema Nacional de Salud, según el Catálogo de Hospitales del Ministerio de Sanidad, hay en total 92.589.

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Los basureros irregulares que han llevado a España ante el Tribunal Europeo

De grandes montañas de residuos a una simple escombrera, por España se extienden decenas de vetederos que, sin ser piratas, incumplen la ley. La Comisión Europea (CE) ha decidido llevar a España al Tribunal de Justicia Europeo ante la falta de diligencia para regularizar estos depósitos. La pereza española se ha prolongado cinco años: la fecha límite para la regularización venció en 2009. En enero de 2013 hubo un serio toque de atención al Gobierno español –le dio dos meses para responder–. Un año y medio más tarde, ha llegado la demanda. Este es el panorama:

"No se trata de vertederos piratas, ese es otro asunto", explica el Daniel López, responsable de residuos de Ecologistas en Acción. "Aunque parezca extraño, muchos están legalizados, aunque actúan irregularmente", analiza.

La Unión Europea dictó en 1999 una directiva sobre vertederos que, básicamente, establecía que todos los residuos que fueran susceptibles de ser reciclados no podían terminar en un basurero sino en una planta de tratamiento. Entró en vigor en julio de 2001. Así que a los estados se les dio ocho años para, o bien adecuar los vertederos con licencia a las nuevas exigencias o clausurar los que no pudieran seguir funcionando. España ha incumplido la directiva, de acuerdo con la CE, en ambos sentidos.

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"Con mi cese dicen: 'Si no sois dóciles, os reprimiremos"

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El pediatra Marciano Sánchez-Bayle, que ha sido obligado a jubilarse al cumplir 65 años.

Desde su plaza de pediatra en el hospital madrileño del Niño Jesús, Marciano Sánchez-Bayle ha sido uno de las voces más críticas con los procesos privatizadores de la sanidad pública en toda España. El plan de la Comunidad de Madrid de ceder a contratistas la gestión médica de seis hospitales de la región –que mereció toda una batalla en los tribunales– le colocó de lleno en la Marea Blanca de resistencia representando a la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública a la que representa. Tras 37 años en ese centro sanitario, la Consejería de Sanidad le ha jubilado forzosamente al negarle su solicitud de prolongar su carrera profesional. "Me han quitado de enmedio por molesto", analiza el médico unos días después de salir de su puesto.

¿Cómo le comunicaron que tenía que dejar el hospital?

Con el mismo mal estilo que han tenido siempre. Me llamaron por teléfono desde administración para decirme que tenía que recoger una notificación. Yo ya sospechaba pero fui allí, firmé el recibí y ya está. Es llamativo. Sigue la tónica de esta dirección que, entre otras cosas, es maleducada. Yo llegué a trabajar al hospital del Niño Jesús en junio de 1977 y, vamos, este es un centro pequeño en el que nos conocemos todos para bien y para mal, así que me parece una falta de respeto este tipo de forma de hacer las cosas.

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20.000 niños se quedan fuera de las escuelas infantiles públicas de Madrid por la subida de tarifas

200 aulas de escuelas infnatiles han tenido que cerrarse.

Más de 20.000 niños y niñas han sido expulsados de la red públic a  de escuelas infantiles en Madrid desde 2011, cuando la Consejería de Educación encareció las tasas que debían abonar las familias. A partir de entonces, la lista de espera para esta etapa educativa –no obligatoria– comenzó a descender por la caída en la demanda de plazas hasta esfumarse.

Tras el tarifazo aplicado por la Comunidad de Madrid en 2013, que encareció las mensualidades entre un 21% y un 56% (según los tramos de renta) respecto a 2012, no sólo se disolvió la lista sino que unas "4.500 plazas han quedado sin ocupar" este año, según el recuento de la Junta de Portavoces de Educación Infantil Pública. "Esos niños están ahora en casa porque sus padres y madres no pueden afrontar los pagos", analiza la responsable de Enseñanza de CCOO, Isabel Gavín, miembro de la Mesa de Agentes Sociales.

La subida, unida a los ajustes más moderados que se aplicaron hasta 2012, supuso que las familias más pobres, por debajo de 5.600 euros al año, pasaran de pagar 45 euros en 2009 a 80 este curso. El siguiente tramo, que está por debajo de los 7.600 euros, subió de 92 a 130 euros al mes. Además, los niños menores de un año tienen desde entonces un recargo lineal de 60 euros.

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La cooperativa de Las Nubes gana en proyecto educativo, pero es demasiado cara para Ana Botella

Familias de Las Nubes en la concentración frente a la Consejería de Educación para protestar contra el negocio de la educación infantil. \ Pablo Sanjurjo

La subasta de guarderías públicas que ha celebrado este lunes el Ayuntamiento de Madrid ha confirmado la supremacía del interés económico sobre el pedagógico de las ofertas que ha valorado el equipo de la alcaldesa Ana Botella. Dos escuelas infantiles, Las Nubes y Amanecer, son las que han pasado por la apertura de ofertas. Sólo resta por adjudicar una de las ocho adscritas al Ayuntamiento.

La cooperativa de profesores que dirige Las Nubes desde hace una década ha obtenido la mejor puntuación de las 12 aspirantes en el capítulo de proyecto educativo. "Pero somos los últimos en la oferta económica así que hemos perdido la escuela", valora la todavía directora de la guardería, Pilar García, nada más conocer los resultados. Los profesores habían conseguido paralizar a finales de junio la adjudicación iniciada por el Ayuntamiento de Madrid mediante un recurso ante el Tribunal Administrativo de la Contratación Pública. En poco más de 15 días, este organismo se ha declarado incompetente y el Ayuntamiento ha acelerado la subasta.

Mientras el grupo al cargo del centro ha presentado un plan educativo que ha merecido 37,9 puntos, enfrente se ha encontrado con grandes grupos como Clece, "que se ha llevado 23 puntos" o Kidsco, que "mereció 10,8", según García. Pero "han presentado rebajas económicas de entre el 20 y el 30% respecto a lo que presupuesta el Ayuntamiento". Esa capítulo pesa más.

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Crece la demanda de la justicia gratuita mientras Gallardón ultima su recorte

Una protesta de abogados del turno de oficio en Madrid.

A punto de tramitarse la reforma del acceso a la justicia gratuita, cada vez más ciudadanos necesitan ese servicio público. En los primeros tres meses del año han crecido un 2,3% los asuntos que han entrado en los juzgados, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y con ello la demanda de letrados de oficio. Por ejemplo, en Madrid –una de las regiones con mayor presión en los juzgados– se ha traducido en un 10% más de designaciones (de 57.157 en 2013 a 63.338 en 2014). En toda España, los últimos datos de 2013 se cerraron con 951.000 solicitudes, un 18% más que un año antes.

Este repunte se produce precisamente cuando se está completando el proceso de tramitación de la nueva ley que regulará el acceso a la justicia de las personas sin recursos suficientes. Los abogados ya han reiterado que con la reforma que prepara el Ministerio de Justicia de Alberto Ruiz-Gallardón"no queda garantizada la financiación y se pierde el servicio público".

De hecho, el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) considera que la nueva ley sera "restrictiva" y ha remitido una carta al comisario europeo de Derechos Humanos, Johannes Hahn, para explicar "la indefensión en la que quedarán los ciudadanos españoles". Según ellos, el modelo diseñado por Justicia, que modifica los baremos económicos para acceder a este servicio y los combina con la situación familiar, supone una traba al acceso. El ministerio calcula que "ampliará" el número de personas con derecho mientras que el CJPG, en su informe del anteproyecto de ley, dudaba de que se ensanchara el umbral para obtener el servicio.  

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El Gobierno cobrará a Cataluña la escolarización en castellano en centros privados

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El Gobierno pasará a las autonomías la factura de la escolarización en castellano.

El Gobierno le pasará a Cataluña el coste de matricular a alumnos en centros privados para que estudien en castellano. El Ministerio de Educación ha desarrollado la disposición adicional trigésimo octava de la LOMCE que había titulado: "Lengua castellana, lengua cooficiales y lenguas que gocen de protección legal" por la que establecía que las autonomías podían o bien establecer itinerarios educativos que incluyesen asignaturas en castellano o sufragar la escolarización en centros no públicos que funcionaran así.

Con el decreto aprobado este viernes en el Consejo de Ministros, el Ejecutivo ordena que el Ministerio de Educación compruebe los casos en los que los padres, ante el incumplimiento "de la Administración educativa de su deber constitucional de garantizar la presencia de ambas lenguas cooficiales como vehiculares en su programación", optasen por matricular a sus hijos e hijas en un colegio privado. Educación le pasará la información al Ministerio de Hacienda para que proceda a su cobro mediante una retención en las trasferencia de fondos al Gobierno regional correspondiente. Los gastos que pueden imputarse son: la matriculación, la escolarización, los servicios complementarios de transporte, comedor e internado y "aquellos cuya falta impida continuar las enseñanzas". El límite será de 6.057 euros al año.

Esta medida afecta en exclusiva al sistema de inmersión lingüística que se practica en la educación catalana. La consejera de Educación de la Generalitat, Irene Rigau, ha entendido que se trata de una "multa al catalán" y que el decreto retrotrae a los años de "la persecución al catalán". Rigau ha confirmado que recurrirán el decreto estatal. El Parlamento catalán también ha recurrido el texto general de la LOMCE ante el Tribunal Constitucional.

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