José Antonio tiene que operarse de varices en sus piernas. Su médico especialista trabaja en el hospital público Severo Ochoa de Leganés (Madrid), así que José Antonio es tratado y revisado allí. Cuando a este paciente le tocó el momento de tramitar la cita para el quirófano, “me dijeron que para ser intervenido en 30 días tendría que ser en un centro derivado”. En su caso, según cuenta él mismo a eldiario.es, “me ofrecieron acudir a la parte privada de la Fundación Jiménez Díaz [gestionada por IDC, la antigua Capio]”. José Antonio rehusó esta posibilidad porque “quería seguir con los médicos que me llevan”.

Esa decisión le colocó en lo que la Consejería de Sanidad madrileña denomina “pacientes que voluntariamente han preferido mantenerse en espera para ser intervenidos en el hospital de su elección”. Una vez allí, los días comienzan a acumularse porque la actividad quirúrgica del centro se ha visto disminuida, ya que el Gobierno de la Comunidad de Madrid decidió suprimir  las operaciones por las tardes. Se hacían como horas extraordinarias y Sanidad aseguró que crearía un turno normal para mantener los hospitales funcionando. Hasta ahora, los quirófanos no funcionan y los turnos de tarde no existen. A José Antonio, el sistema de espera le marca unos 80 días hábiles de demora.

Mientras la Comunidad de Madrid avanza en el proceso de privatización sanitaria, los hospitales de gestión pública pierden actividad. De hecho, desde el 1 de enero, los hospitales han visto caer el uso de sus quirófanos al eliminar la Consejería de Sanidad las jornadas extraordinarias (popularmente llamadas peonadas). Según el Gobierno regional, suponían al año 35 millones de euros y, decían, no era sostenible. A cambio se comprometió a “que los hospitales también trabajen por la tarde para llevar a cabo pruebas diagnósticas, intervenciones quirúrgicas o consultas, pero no como algo extraordinario y que conlleva un sobrecoste para los ciudadanos, sino como parte de una jornada laboral normal“. Y anunciaron que se contrataría a profesionales cuya jornada sería por la tarde.

Esa parte de su plan no se ha materializado. La lista de espera para operarse en la región registró en su último recuento su máximo: el número de pacientes que aguardaba al final de 2012 creció un 9,6% y se situó en 57.722 personas. El consejero Fernández Lasquetty achacó este pico en la Asamblea a la huelga sanitaria de finales de 2012.

“Esas cirugías no se están haciendo”, cuenta el secretario general del sindicato de médicos AMYTS, Julián Ezquerra. Hay algunos hospitales que operan por la tarde porque se han trasladado turnos de mañana a vespertinos, como en el Puerta de Hierro, comenta Ezquerra. Pero no se ha doblado la actividad como anunció el consejero Lasquetty que haría.

De hecho, tras la cesión a contratas de seis hospitales, usar estos le saldrá más barato a las cuentas de la Comunidad de Madrid. Las empresas que se queden con su gestión tienen estipulado cobrar al sistema general en caso de atender a ciudadanos que caigan fuera de sus áreas de influencia pero con un descuento del 15%. Es decir, con este sistema mezclado de hospitales de gestión directa e indirecta (privatizado) se extiende una situación en la es más económico derivar pacientes a los centros en manos de empresas que aumentar la actividad de los 100% públicos.

La Inspección de Trabajo ha advertido por escrito al Partido Popular de Parla (Madrid) de que si pretende ejercer como intermediaria "en el mercado laboral" a cuenta de Eurovegas necesitará los permisos legales de actividad. Tendría que darse de alta como agencia de empleo. La resolución llega después de que en marzo, el presidente del partido en la ciudad, Miguel Ángel López del Pozo, publicitara en tuiter "Si quieres poder trabajar en proyecto Eurovegas deja tu currículum en nuestra sede. Intentaremos bajar el paro". Los populares abrieron una recogida de perfiles sobre ciudadanos interesados en acceder al proyecto de casinos, hoteles y campos de golf que Sheldon Adelson planea levantar en Alcorcón, al sur de la capital madrileña. 

El presidente de Madrid, González, con Sheldon Adelson

López del Pozo compareció el pasado 10 de abril tras la denuncia interpuesta por el sindicato CC OO. Allí adujó que se trataba de un proyecto de futuro sobre el que no se había desarrollado finalmente ninguna colocación. Al no haberse adjudicado todavía por parte de la Comunidad de Madrid el plan de Eurovegas, la inspectora del ministerio le recuerda al PP de Parla que si, finalmente, se decidiese a funcionar como agencia de empleo estaría obligado "a la obtención de la correspondiente autorización administrativa".

El 30 de abril la Policía Nacional detuvo a 41 personas en una operación contra la pornografía infantil. Los arrestos fueron noticia de primer orden. Un mes antes, la Guardia Civil realizó tres acciones diferentes que detuvieron a 21 personas en 18 provincias. En ambos casos, “gran cantidad material pedófilo fue intervenido”. Cada año más de 400 personas son detenidas en España por estos delitos. Y cada redada supone flashes, noticias, titulares, lluvia de comentarios… ¿Y luego?

“ Son unos arrestados más en los calabozos”, comentan los agentes a eldiario.es. Aunque España está en los “puestos de cabeza europeos” en cuanto a descargas de pornografía infantil y el segundo en el mundo tras EE UU en la redes P2P, según la Guardia Civil, no existe un protocolo especial para abordar estos delitos o a sus arrestados. El volumen ha ido creciendo hasta convertirse en el 13% de todos expedientes incoados por los fiscales españoles en el ámbito informático. De hecho, internet ha disparado este fenómeno de manera que, según Interpol, “a comienzos de 2013 nuestra base de datos tenía 3.000 víctimas identificadas en 40 países”. En España se han detenido a más de 16.000 pedófilos.

El capitán y piscólogo criminalista de la Guardia Civil Carlos Igual, del equipo de delitos contra menores en la Sección de análisis de omportamiento delicitivo, explica que “los detenidos por estos asuntos siguen un curso igual que el del resto”. La cuestión es que la posesión de pornografía infantil “no acarrea pena de prisión la primera vez”. Una vez iniciada la operación policial “la acumulación de pruebas tiene ciertos problemas”, aclara Igual. “Si las imágenes llegan de manera algo fortuita, puede que luego no sirvan en un juicio”. De hecho, casos así pueden prolongarse hasta dirimirse en el Tribunal Constitucional. En 2011, el TC  revisó un caso en el que tuvo que subrayar que “la autorización dada al propietario del establecimiento informático [que fue quien denunció al pedófilo] para el acceso al ordenador no puede extenderse al posterior acceso a los archivos de la policía (…) el sacrificio de derecho fundamental afectado estaba justificado”. Un técnico en reparaciones había avisado a la policía tras encontrarse con imágenes sexuales de niños.

En medio de la jornada de huelga general de la sanidad madrileña, el consejero responsable del plan privatizador que la ha provocado, Javier Fernández Lasquetty, ha calificado de "parodia" la consulta popular que se viene realizando en hospitales, centros de salud y espacios públicos madrileños acerca de las medidas adoptadas por su departamento. "Parodia de medios democráticos", ha abundado. Quizá ha estado alentado por los datos de seguimiento de la huelga: los propios convocantes (Amyts, Csit, Satse, CC OO, UGT) han hablado de un 60%. Sanidad lo ha dejado en un 6,4%. En cualquier caso son, como mínimo, 20 puntos menos que en las primeras movilizaciones de finales de 2012 para los 75.000 trabajadores del sector. "No esperábamos un seguimiento masivo" han dicho en el sindicato de médicos Amyts. Más bien "un símbolo de rechazo". Los centros estaban llamados a funcionar como en un día festivo pero en muchas sedes la actividad fue más bien normal.

Recogida de firmas por la sanidad pública. / O. C.

Tanto el paro como la consulta son parte de una batería de acciones de protesta contra la cesión a empresas de la gestión sanitaria así como la reducción de plantilla sanitaria. La votación popular, que durará hasta el 10 de mayo, recoge papeletas en 405 mesas y lleva registrados más de 215.000 votos, según los convocantes. La huelga ha ido acompañada de concentraciones y actuaciones como el mañanero flash mob realizado en el hospital Infanta Leonor de Vallecas, uno de los seis que son subastados por la Comunidad de Madrid. Los médicos han simulado atención sanitaria entre ellos en el espacio central de edificio para llamar la atención, una vez más, sobre el carácter "economicista" de las medidas adoptadas por el Gobierno autonómico.

La sanidad se desangra. Madrid inicia hoy una nueva huelga general sanitaria contra la privatización del sistema público. Los planes del Gobierno regional de Ignacio González (PP) para ceder a empresas la gestión de seis hospitales, centros de salud y del servicio radiológico central. A esto se suma la perspectiva de deshacerse de 1.200 médicos especialistas y paralizar la actividad extraordinaria quirúrgica en los centros. 

Pero si en esta región se está poniendo el foco, en otras partes de España se están viviendo procesos similares y con medidas que, una vez miradas, parecen calcos unas de otras. De hecho, este curso, la sanidad arrancó con 6.000 millones de euros menos por autonomías. El Plan de Reformas del Gobierno de Mariano Rajoy recientemente enviado Bruselas prevé otros 3.000 millones de recortes.

En Cataluña, desde 2011, se está dando bocados al presupuesto sanitario a razón de un 10% anual. Esto llevó a inhabilitarse por momentos 1.000 puestos de cirugía de los 4.000 con los que cuenta el sistema. El propio consejero de Sanidad Boi Ruiz dijo que "si el 24% de los que están en mutuas pasaran al servicio público, éste no lo podría asumir", es decir, la sanidad catalana no está capacitada para atender a su población. Así, hospitales como el San Pau ofrece a los pacientes que paguen para saltarse la lista de espera. También se alquilan habitaciones a razón de 40 o 70 euros para los familiares. Incluso centros como los de Vic, Campdevanol, Blanes, L'Esperança, S. Pere de Ribes y S. Celoni alquilan sillas reclinables para acompañantes a 5 euros.

Cinco voluntarios despliegan un pequeño dispositivo en la acera: mesas, papeletas, bolígrafos y octavillas explicativas. Alguna pancarta anuncia: "Consulta sobre la sanidad". El sol ha favorecido el arranque de la votación ciudadana y popular que la marea blanca ha puesto en marcha sobre la privatización de hospitales y centros de salud. Esta imagen de la glorieta de Embajadores en la capital madrileña se está reproduciendo en docenas de puntos de la ciudad en una campaña de cinco días. La pregunta: "¿Está usted a favor de una sanidad de gestión pública, de calidad y universal y en contra de su privatización y de las leyes que lo permiten?"

La consulta ha empezado este domingo 5 de mayo y se alargará hasta el día 10. "Yo no estoy de acuerdo con que se deje en manos privadas", comenta uno de los votantes antes de depositar la papeleta en la urna de cartón. La glorieta donde se ha colocado este punto de voto está muy próxima al famoso mercado de El Rastro con lo que el tráfico de paseantes, en una mañana soleada, es constante. Muchos se paran y votan. Esta iniciativa se reproduce en docenas de mesas. En esta jornada de estreno, plazas y hospitales están funcionando en la recogida de firmas. Para el resto de semana también están previstas mesas en Centros de Especialidades y de salud que no abren en domingo (a 500 metros de la mesa de Embajadores de la imagen anterior se levanta uno de los ambulatorios que primero protagonizaron la cesión de gestión sanitaria especializada a empresas privadas al estar en manos de Capio Sanidad -ahora IBC- desde hace años y donde una verja impide el paso).

Hasta el 10 de mayo, el proceso es el siguiente: el ciudadano se inscribe en un listado como votante para luego depositar la papeleta con su respuesta afirmativa o negativa a la pregunta sobre el sistema y cambio de modelo sanitario promovido por el Gobierno e la Comunidad de Madrid (PP).

Los ciudadanos de Madrid podrán opinar desde hoy y hasta el 10 de mayo sobre la privatización sanitaria. Y su opinión quedará registrada. Este domingo 5 de mayo comienza en los hospitales y centros de salud de la Comunidad Madrid una " consulta popular por la sanidad pública". Una especie de plebiscito abierto a cualquier ciudadano mayor de 18 años sobre el proceso de privatización de parte de la gestión sanitaria que está llevando a cabo el Gobierno regional de Ignacio González (PP).

La convocatoria parte de la llamada marea blanca y en el acta de acuerdo sobre la consulta aparecen la plataforma PATUSALUD, AFEM, AME entre otras organizaciones. Los convocantes prevén un mínimo de 500 mesas y poder llegar hasta las 2.000 diseminadas por centros sanitarios (calculan hacerse con 1.000 votos por punto). El calendario de recogida de opiniones se alargará hasta el 10 de mayo. La organización busca imitar el modelo de consulta que se realizó contra la privatización de parte de la empresa pública de gestión de agua Canal de Isabel II: "Ante eso los políticos favorables a la privatización tendrían que dar una respuesta clara y concreta y no excusas. Se vería claro que están gobernando contra la opinión del pueblo. También lograríamos el posicionamiento por la Sanidad Pública de todos los sectores de la sociedad que están a favor de que se respeten los derechos sociales", dicen. Los que estén interesados sólo tendrán que pasar por una mesa y, tras documentarse, contestar a la pregunta de si están o no de acuerdo con los planes de la Consejería de Sanidad.

El Ejecutivo de la Comunidad decidió en octubre del año pasado privatizar grandes áreas de la sanidad pública. Así, pasarán a manos de empresas todos los servicios no sanitarios de los hospitales madrileños (desde las cocinas hospitalarias hasta las lavanderías), el servicio común de radiología además de la gestión sanitaria de seis hospitales. También anunció la privatización de la dirección de 27 centros de salud aunque meses más tarde, el consejero J avier Fernández Lasquetty reculó en parte al dejar ese punto en una especie de programa piloto para seis consultorios. De igual manera, los planes del PP madrileño incluían reducir la plantilla sanitaria mediante jubilaciones en unos 1.200 médicos para dejar de abonar 60 millones de euros en nóminas en cinco años.

La Comunidad de Madrid protege la rentabilidad para las empresas que se quedan con la gestión de los hospitales que privatiza. Según ha ido adjudicando la dirección de centros a sociedades privadas, la Consejería de Sanidad ha incorporado en los contratos fórmulas automáticas para que el precio que paga a las contratas sea revisado.

En esta línea, el borrador de pliegos que prepara para privatizar seis hospitales hasta ahora de gestión sanitaria pública, ha incorporado un apartado que dice: "Para asegurar la correcta financiación de las prestaciones (...) con carácter anual el pago capitativo se actualizará automáticamente". El baremo que utilizará será el 85% de "el menor" Índice de Precios al Consumo, el español o el de la Comunidad de Madrid.

El precio total con el que parte el proceso privatizador es de 576 millones de euros, que sale de aplicar las cuotas por paciente y año publicadas por Sanidad para cada hospital. Al presentar este plan, el consejero Javier Fernández Lasquetty puso sobre la mesa un precio medio de 441 euros pero, al final, el más barato será 473 euros para el Hospital del Sureste y el más caro 518 para el Infanta Leonor. Lasquetty justificó este desfase en la obligación de las concesionarias de conservar la plantilla de sanitarios que a día de hoy atiende a la población.

El Gobierno ha reducido la lista oficial de especies exóticas con potencial invasor en más de 200 tipos de animales y plantas. Estas especies invasoras son, según al Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, aquellas "cuya introducción amenza la biodiversidad de los hábitats", es decir, agreden y desplazan a las autóctonas colonizando su espacio. Entre las excluidas destacan habituales trofeos de caza y pesca además de especies exóticas comerciales. El Ejecutivo de Mariano Rajoy derogó el Real Decreto que contenía una relación más restrictiva -y que llevaba consigo medidas de control y erradicación- en febrero de 2012 (recién llegado el PP a la Moncloa). La norma estuvo en vigor apenas algo más de un mes (desde el 13 de diciembre de 2011).

Al colocar una especie en el catálogo que ahora se ha reducido, según la ley de Biodiversidad de 2007, se procede a "la prohibición de su introducción en el medio natural". La ONU creó un Convenio sobre la
Diversidad Biológica (firmado por España en 1993) que implica que se "impedirá que se introduzcan, controlará o erradicará las especies" consideradas invasoras.

Al quedarse fuera, podrán seguir siendo objeto del deseo de cazadores y pescadores ocupando ecosistemas con riesgo de invasión, comercializarse (con peligro de fuga) o producirse en factorías. Esta fauna y flora está reconocida como un peligro de "graves perjuicios a la economía, especialmente a la producción agrícola, ganadera y forestal, e incluso a la salud pública". Por ejemplo, el arrui ( Ammotragus lervia, la cabra salvaje del Atlas) seguirá siendo trofeo de caza. Introducida en la murciana Sierra de Espuña hace 40 años con exclusivos fines cinegéticos, la asociación de agricultores Asaja ya ha reportado daños a las plantaciones por ese animal.

La subasta de hospitales públicos en Madrid ha comenzado. El Gobierno de Ignacio González pone encima de la mesa una tarta de 563 millones de euros al año para las empresas que pujen. Son más de cien millones por encima de la primera estimación. La Consejería de Sanidad ha dejado conocer algunos datos del borrador de pliegos de condiciones con el que pasará la gestión médica de seis centros a manos privadas.

El Ejecutivo de la Comunidad de Madrid (PP) pide a las empresas que aspiren a hacerse con la dirección de alguno de estos hospitales (Infanta Leonor, Hospital del Tajo, Infanta Cristina, Infanta Sofía, Sureste y del Henares) que gaste 496 euros por paciente y año de media. Asegura que se ahorrará el 20% de lo que marcan los presupuestos conjuntos de esos centros (718 millones).

Esto supondría unos 143 millones de euros menos de gasto. Desde ahí, las aspirantes podrán pujar a la baja. Sin embargo, por hospitales la cuota de salida queda como sigue: Hospital Infanta Sofía: 486,7 euros por paciente y año (146 millones para 300.000 personas); Infanta Leonor: 518,73 euros (168,5 millones para 350.000 tarjetas); Hospital del Sureste: 473 euros por paciente (70,9 millones para 150.000 madrileños); Hospital del Henares: 512,83 euros (87,18 millones para 170.000 vecinos) y un lote conjunto Hospital del Tajo e Infanta Cristina: 492,49 euros (91,1 millones para una población conjunta de 185.000 personas). La suma total da 563 millones de euros.