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Silvia R. Court

Profesora de alemán y miembro del Secretariado Nacional del STEC-IC.

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Prohibido enfermar (1)

El derecho fundamental y básico a la Salud no está actualmente garantizado. Es más, se puede afirmar con rotundidad que el principio que rige los actos de las distintas Administraciones públicas en Canarias es el “prohibido enfermar”.

Cuando la salud falla, es una desgracia, y mayor desgracia es recibir un castigo por enfermar. Los castigos conllevan casi siempre descuentos salariales por no poder acudir al trabajo; pueden provocar indefensión cuando una Inspección médica ningunea los informes de los especialistas médicos y obliga a una persona enferma a una reincorporación; en determinadas situaciones se producen conflictos y contradicciones entre Inspecciones médicas que emiten informes y resoluciones con diagnósticos y soluciones diferentes –este tema será objeto de otro artículo de opinión- y que finalmente quien paga estas evaluaciones externas contradictorias es la persona aquejada por una enfermedad.

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La LOMCE, una Ley a derogar

Lamentablemente en los últimos meses está girando la crítica y denuncia de la LOMCE en exclusiva en torno al rechazo de las reválidas. Sin lugar a dudas, estas  no tienen en cuenta el entorno del aprendizaje del alumnado, invaden competencias transferidas a los distintos territorios del Estado español, son evaluaciones externas que elabora el MEC, constituyen una carrera de obstáculos para la titulación del alumnado y ningunean la labor docente al despreciar e ignorar la evaluación continua y el seguimiento diario que hace el profesorado de su alumnado en y fuera del aula. Aún así, se debería desplegar el abanico y retomar la necesidad de derogar la LOMCE, porque no garantiza ni el derecho universal a una educación pública de calidad, democrática y laica ni el principio de igualdad de oportunidades.

La LOMCE conlleva la privatización de la Educación. El Estado español se compromete a programar las enseñanzas, pero no a su financiación. Las ofertas de plazas –públicas o privadas- es responsabilidad o a iniciativa de la Administración autonómica o de centros e instituciones privadas. Se consagra el principio de libertad de elección de enseñanza y de centro para las familias. La Consejería de Educación está obligada a financiar a un centro privado, tanto si este acredita tener suficiente alumnado como si un ayuntamiento aprueba en su municipio la licencia para la construcción en suelo público de un centro educativo privado; la LOMCE amplia la duración de los conciertos y los extiende a nuevas etapas como al Bachillerato o la FP; se contemplan como etapas obligatorias solo desde primero de Primaria hasta cuarto de la ESO.

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La LOMCE, desprecio a la labor docente

La LOMCE camufla en su Preámbulo el ninguneo a la labor docente.

“Los principios sobre los cuales pivota la reforma son, fundamentalmente, el aumento de la autonomía de los centros, el refuerzo de la capacidad de gestión de la dirección de los centros, las evaluaciones externas de fin de etapa… (Sic)”.

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La LOMCE, segregación del alumnado (2)

En el primer artículo  se analizó la pérdida del carácter público de la Educación en la LOMCE. Focalizamos ahora la mirada en  un segundo objetivo que propicia y provoca la LOMCE: la segregación del alumnado.

La LOMCE muestra su carácter elitista ya en la propia exposición de motivos de la Ley.

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La LOMCE, “nada que rescatar”

Se aproximan las elecciones generales y, tras su celebración, la posibilidad de derogar la LOMCE. De nuevo, inestabilidad de las leyes educativas. Estas no permanecen. Sujetas al vaivén de los distintos cambios políticos. Sin embargo, no queda otra alternativa. La derogación no es un capricho ni una respuesta resentida frente a la política impositiva del Gobierno del PP. Es una solución inaplazable para evitar al menos tres objetivos que persigue esta Ley: la privatización de la Educación, el desprecio a la labor docente y la segregación del alumnado.

Una primera consecuencia que conlleva la aplicación de la LOMCE

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