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“La Ley del Aborto nos impone un papel que no nos corresponde”

Los profesionales de la Salud Mental se muestran contrarios al Anteproyecto de la Ley del Aborto.

Para el presidente de la Asociación Canaria de Neuropsiquiatría, esta ley "colocará a las mujeres canarias en una situación de especial vulnerabilidad".

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Los psiquiatras no se sienten cómodos con el lugar en el que les deja el Anteproyecto de Ley.

Los psiquiatras no se sienten cómodos con el lugar en el que les deja el Anteproyecto de Ley.

"Nos están imponiendo un papel profesional y ético que no nos corresponde" asegura Francisco Rodríguez Pulido, presidente de la Asociación Canaria de Neuropsiquiatría (ACN) y portavoz del Foro Social canario por la Salud y la Sanidad Pública, y es que, con el Anteproyecto de la Ley del Aborto, a los profesionales se les conferirá el papel de tutores de la voluntad de las mujeres.

Los psiquiatras no se sienten cómodos con el lugar en el que les deja el Anteproyecto de Ley. No quieren tener derecho a decidir sobre úteros ajenos. "Pretenden que tutelemos el derecho de terceras personas. Que apliquemos un criterio técnico a algo que no lo tiene", añade Francisco Rodríguez.

En un manifiesto enviado a los medios de comunicación, el Foro Social Canario por la Salud y la Sanidad Pública, expone que una mujer puede querer abortar por múltiples razones "que no tengan que ver ni con la enfermedad mental, ni con el riesgo psíquico y que solo a ella conciernen".

Rodríguez se une a los que opinan que se trata de una ley "ideológica" que "refuerza la visión patriarcal de las cosas" y que conlleva, para las mujeres que deseen abortar, el estigma de tener que ser consideradas como enfermas mentales para poder interrumpir su embarazo.

La reforma de la Ley Orgánica de la Protección de la Vida del no nacido y de los Derechos de la Mujer Embarazada conllevará el aumento de la demanda a las clínicas privadas, de viajes a países cercanos como Francia o Portugal para interrumpir el embarazo en condiciones más civilizadas o interrupciones voluntarias del embarazo en condiciones lamentables por no tener dinero o falta de información.

Para el presidente de la Asociación Canaria de Neuropsiquiatría, esta ley "colocará a las mujeres canarias en una situación de especial vulnerabilidad" y recuerda que muchas de ellas no pueden permitirse viajar al extranjero para interrumpir sus embarazos. Para Rodríguez el Anteproyecto de Ley es un ejemplo más de la política antisocial que está llevando a cabo el Gobierno de Mariano Rajoy. "Estamos viviendo un recorte programado de nuestros derechos individuales", afirma.

Minoría de edad

Otro de los aspectos de la ley que se abordan en el comunicado es el relativo a la minoría de edad de las mujeres. Para el Foro "se consagra la minoría de edad de la mujer, retirándosele su derecho a decidir sobre su propio cuerpo y sobre el devenir de su vida, para ponerlo en manos de los psiquiatras".

Retrasos muy peligrosos

Para el Foro Social Canario por la Salud y la Sanidad Pública el cambio de la Ley de Plazos, vigente en la actualidad, por otra de Supuestos, lejos de disminuir el número de abortos, "se constituye como un factor de riesgo para la vida y la salud de las mujeres".

Este proyecto establece el límite en las 22 semanas, esta ley, en el caso de aprobarse, "supondrá un retraso en la realización de las interrupciones voluntarias del embarazo, sumiendo a la mujer en un verdadero laberinto administrativo".

Según explicó la presidenta de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, Eudoxia Gay, en una entrevista concedida a eldiario.es, "actualmente en algunas Comunidades una cita para una consulta especializada de Psiquiatría tarda hasta dos meses". Rodríguez echa en falta que exista un criterio para este tipo de consultas, como sucede con otras especialidades, "el sistema tiene unos ritmos de funcionamiento, si se colapsa, dejará de funcionar".

Actual Ley de Plazos

Los profesionales de la Salud Mental pertenecientes al Foro Social por la Salud y la Sanidad Pública abogan porque continúe la actual Ley de Plazos que consideran "bastante democrática".

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