Cuando el sistema se confabuló contra Pamparacuatro

Quizás sea en los asuntos relacionados con la justicia cuando más aplicable resulta esa matraquilla que dice que el tiempo termina poniéndolo todo en su sitio. Los tiempos en la justicia, efectivamente, son siempre largos, a veces eternos, y su prolongación termina acabando con la vida, la hacienda y el honor de muchas personas. Algunos ejemplos estamos viviendo estos días. Pocas veces, sin embargo, podemos asistir al admirable acontecimiento de que un juez tenga que responder ante la misma justicia a la que sirve. Y resulta admirable porque en un Estado de Derecho muchas veces se nos olvida que todos somos iguales ante la ley, quizás porque algunos que están obligados a garantizarlo pierden la perspectiva (ver este mismo blog de ayer mismo). El sistema político-judicial necesita un reseteo en este país; resulta una obligación ineludible de quien tome el Gobierno a fin de año hacer efectiva una verdadera la separación de poderes, revisar la elección del Consejo del Poder Judicial, la designación de jueces, la composición claramente partidista del Tribunal Constitucional y el blindaje de la independencia judicial. A lo largo de estas últimas décadas han ocurrido ya demasiadas cosas como para resignarnos a que nada cambie de inmediato. Ver caer a jueces como Baltasar Garzón por una clara conspiración, por muy incómodo que pudiera resultar, no se lo puede volver a permitir jamás este país. Su caso sirvió de alimento para quienes en otros puntos de España deseaban encontrar un camino para quitarse de encima o amedrentar a magistrados fuera de control. En Canarias tenemos varios ejemplos de jueces que han sufrido en sus carnes la persecución de sectores poderosos, o directamente del poder político. Los más pusilánimes han cedido y se han apartado sin hacer ruido. Otros han podido mantenerse no sin grandes renuncias y sufrimientos. Uno de ellos, César Romero Pamparacuatro, ha decidido plantar cara al sistema por una razón muy sencilla: a él no lo ha perseguido solamente el poder político, o una trama corrupta, a él lo ha perseguido el sistema en sí mismo, el corrompido sistema político-judicial canario con la ayuda de periodistas indeseables. Y el tiempo, inexorablemente, le acabará dando la razón.

 

Le apoya el CGPJ

No es la primera vez que una causa de Pamparacuatro, en concreto el caso Unión, llega a las imponentes dependencias del Consejo General del Poder Judicial. La instrucción que realizó de ese caso de corrupción en Lanzarote, una de las más voluminosas y complejas de la historia judicial canaria, devino en quejas incluso de alguna de las jueces que le sustituyó en el juzgado de Arrecife. Unas quejas impulsadas y alentadas por una vocal del Poder Judicial que tenía un encargo de la superioridad (madrileña, por más señas) de llevarse por delante a ese magistrado tan incómodo que colocó en el disparadero nada más y nada menos que al poder empresarial conejero y a dos letrados del Tribunal Constitucional del entorno de la Casa Real y de La Moncloa, nada más y nada menos. Luego aquella magistrada quejosa se disculpó ante Pamparacuatro, quizás porque empezó a descubrir la confabulación de la que era objeto: desaparecían piezas del sumario y se manipulaban resoluciones sin que el Poder Judicial, el TSJC o el Gobierno de Canarias pusieran nada de su parte para permitir al juez mantenerse adscrito a su juzgado para acabar aquella macro-causa. Todos los astros se alinearon para alcanzar dos propósitos: que la instrucción del caso Unión quedara reducida a la condición de birria y, como consecuencia de lo anterior, el instructor fuera desprestigiado al máximo. El Poder Judicial no pudo prevaricar y archivó las quejas, dando la razón al magistrado, como acaba de hacer hace pocas semanas al darle la razón en un hecho verdaderamente notable: la secretaria de la Sala de Gobierno del TSJC entregó a una hermana del imputado Luis Lleó, jefe de la trama presuntamente corrupta de Lanzarote, la vida laboral del magistrado Pamparacuatro mediante la cual se pretendía demostrar que firmaba autos estando de vacaciones, un ardid que se complementaría con la casual desaparición y manipulación de esos mismos autos. O parecidos. El órgano de gobierno de los jueces ha recordado nada menos que al TSJC el derecho a la privacidad de sus datos que, como ciudadano que es, tiene el magistrado, además de la protección que la asiste en el ejercicio de sus funciones ante un imputado que lo quiere emboscar. A partir de este momento, Pamparacuatro tiene la posibilidad de meter en un buen lío penal y administrativo a la secretaria de la Sala de Gobierno del TSJC por presunta vulneración de la Ley de Protección de Datos y, ya en el terreno más severo, por presuntos delitos relativos a la falsificación documental y contra la Administración de Justicia.

 

La querella de Evaristo

Vayan preparándose para el inminente regreso de Pamparacuatro al caso Corredor. Los primeros datos que llegan de la causa que se sigue contra él en el TSJC por la querella que le interpuso el multi-imputado Evaristo González va camino de volverse en contra de los que de alguna manera la impulsaron cuando le afearon, en un comunicado insólito, el famoso affaire del escáner. Sí, el Gobierno de Canarias está en un tris de tenerse que tragar su trifulca contra el magistrado y contra la secretaria judicial de su juzgado, Pilar Granda. El equipo de Spínola, herido en su honor al leer en un auto judicial que el secreto del caso Corredor se demoró años por la ausencia de un escáner para entregar la causa a las partes, emitió un comunicado que de alguna manera permitió a Evaristo González y a sus mariachis armarse para ir contra el magistrado que le investigaba. Pero resulta que en su declaración ante la magistrada Margarita Varona, la secretaria judicial ha dado un par de campanazos que pueden ser definitivos. Era imposible, a su juicio, seguir las instrucciones del Gobierno de Canarias, que ante la negativa a ponerle al Juzgado de Instrucción 1 de La Laguna un mísero escáner, recomendó a su secretaria que siguiera el ejemplo de su colega del 4, que envió a un funcionario con una carrucha llena de tomos a escanear al Palacio de Justicia de Santa Cruz. Estas son las tres razones por las que esa recomendación es ilegal: 1) no existiría fe pública judicial: nadie puede acreditar que lo que se está escaneando sea lo que consta en la causa; 2) sacar una causa secreta de un partido judicial para llevarlo a otro tiene todo el aspecto de un problemilla en la custodia de documentos públicos, y 3) ¿puede un funcionario de Justicia, dependiente del Gobierno de Canarias, desplazarse de un partido judicial a otro para escanear un sumario judicial sin la correspondiente comisión de servicio? A la secretaria del TSJC sumen tres altos cargos de la Consejería de Justicia.

 

¿Fiscalía? ¿Hola?

Mientras se dilucidan estos dos asuntos en las vetustas salas del Palacio de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, continúan abiertas muchas incógnitas en torno al caso Unión. Poco a poco se va sabiendo que la instrucción de Pamparacuatro no fue todo lo catastrófica que decían, incluso sus propios compañeros sin más información que los autos falsificados que alguien generosamente les mostraba. Está abierta una causa en un juzgado de Arrecife por una denuncia del propio magistrado por el robo, evaporación y falsificación de sus autos y resoluciones, una causa que también –vaya, qué puñetera casualidad- resultó contaminada por un instructor –Rafael Lis- que ha tenido que ser apartado traumáticamente por la Audiencia Provincial al negarse a irse por las buenas a pesar de estar contaminado por la que hasta hace muy poco era su esposa, la letrada Margarita Alejo, defensora de uno de los principales encartados en el caso Unión, Juan Francisco Rosa. Demasiadas causalidades, ¿no les parece? Para colmo, el volcado policial del disco duro del PC en el que el magistrado Pamparacuatro llevó la causa para huir de las filtraciones que ya había apreciado en el sistema informático Atlante, ha demostrado que todos sus autos fueron correctos, que se elaboraron en tiempo y forma y que a partir de su confección, impresión y firma, lo que ocurriera con ellos ya no era competencia del juez, sino del secretario judicial, actualmente investigado. Eso significa, entre otras muchas desmitificaciones, que la anulación del auto de entrada y registro en las oficinas de Lleó, debe ser revisada a iniciativa del Ministerio Fiscal. Bastaría con reconstruir los autos desaparecidos y/o manipulados e instar a la Audiencia Provincial a que revise su auto de nulidad ante la aparición de una prueba decisiva. Es obligado hacerlo de oficio para que el público municipal y espeso no termine por comprobar que esto, como decía Pacheco, es un cachondeo. Ya llegará el momento de pedir a tanto cantamañanas que se disculpe ante el magistrado vilipendiado.

 

El regreso de Pacuco Guedes

La última vez que se supo algo de Pacuco Guedes más allá de las fronteras de Castillo del Romeral, su barrio, fue su encarcelación durante seis meses por el caso Paraíso. Un juez de San Bartolomé de Tirajana le endilgó el delito de cohecho por su actuación, presuntamente sandunguera, al frente de la Concejalía de Obras de ese ayuntamiento sureño durante el mandato 2003-2007. Como otros muchos casos de corrupción político-empresarial, Paraíso quedó dormido durante años hasta que la juez que sustituyó al primer instructor de la causa levantó en 2010 el secreto que pesaba sobre el sumario y conocimos las trastadas que se atribuían a los implicados. Nada que pueda escandalizar a estas alturas del curso a ningún ciudadano español, habituado a escándalos por doquier, más allá de la constatación de que durante muchos años demasiados cargos públicos se creyeron los amos del cortijo. Pacuco Guedes ha decidido regresar a la arena política de San Bartolomé de Tirajana a bordo de la candidatura de Compromiso, integrada ahora en Unidos por Gran Canaria. Y lo ha hecho sin que haya sido cerrada su etapa como imputado en un caso de corrupción y sin que sepamos a ciencia cierta qué fue lo que pasó aquellos años de vino, ferreterías y rosas. Dice Guedes que intentaron archivarle su cohecho pero que ha sido él, porque él puede, el que le ha dicho a la justicia que de eso nada, que a él lo juzguen para demostrar que es inocente. Este regreso lo hace en el que será su tercer partido político, tras ser expulsado sucesivamente del PSOE y del Centro Canario Nacionalista, que llegó a tener en su poder un informe sobre su patrimonio personal que parecía demoledor. No es el único que busca en las urnas un resarcimiento público al escándalo. La alcaldesa de Telde, María del Carmen Castellano (PP), ha decidido seguir adelante con su candidatura a pesar de ser el cargo público con más autos de procesamiento a este lado del río Pecos. La aparición de las encuestas que amenazan a su partido con convertirse en carne de oposición no parecen haberla retraído. Las posibilidades de Pacuco Guedes tampoco son buenas, más bien nulas, ante un Marco Aurelio Perez (Agrupación de Vecinos-PP) que aparece en las encuestas con una mayoría casi aplastante y el hundimiento de muchas de las opciones con las que compiten, incluida Compromiso.