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Barcelona multa a FCC con 7,2 millones de euros por el presunto fraude en la recogida de basuras

El consistorio no descarta rescindir el contrato con la empresa en el futuro en función de la investigación judicial

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Camión de recogida de basuras en Barcelona

Camión de recogida de basuras en Barcelona EUROPA PRESS

El Ayuntamiento de Barcelona ha impuesto la máxima sanción administrativa prevista por el presunto fraude de FCC en la recogida de basuras de la ciudad, que también investiga la Fiscalía. El consistorio multará a FCC con 7,2 millones de euros, 5,1 solo en concepto de sanciones y 2,1 por daños y perjuicios y para "resarcir servicios no prestados". La multa, que la empresa puede recurrir, se aprobará en el pleno del próximo viernes.

Tras descubrirse el caso el pasado mes de noviembre a raíz de una investigación de El País, el consistorio abrió un expediente informativo que cerró en abril y otro sancionador que ha concluido este junio. La conclusión municipal es que FCC alteró el precio del contrato de limpieza cobrando por servicios de recogida que realmente no prestó o que bien llevó a cabo con menos personal del que indicaban los contratos.

"Se ha producido un daño ambiental y social muy negativo", ha afirmado el cuarto teniente de alcaldía de Barcelona, Jaume Asens, que ha definido el presunto fraude como una "trama organizada para burlar los controles internos que ha usado un servicio público para intereses particulares".

Asens ha asegurado que el consistorio quiere enviar un mensaje de "confianza y contundencia", ya que, ha aseverado, "se han tomado las medidas oportunas para que los hechos no vuelvan a repetirse y no se tolerarán en ningún caso fraudes en servicios municipales". "Cuando se produzcan seremos implacable", ha zanjado.

Pese a valorarlo en función de cómo termine la investigación de la Fiscalía y su eventual camino en un juzgado, por ahora el Ayuntamiento no se plantea rescindir el contrato con FCC. Según ha explicado Asens, los servicios jurídicos lo han desaconsejado ya que "existía el riesgo" de que los tribunales tumbaran la rescisión del contrato.

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