El sector de la discapacidad clama contra la asfixia financiera provocada por los impagos de la Generalitat
El Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacidad (Cocarmi), máximo representante del movimiento asociativo de la discapacidad en Cataluña, calcula que la deuda acumulada por la Generalitat desde el ejercicio 2011 hasta hoy supera los 82 millones de euros. De ellos, casi 41 millones corresponden a programas del departamento de Bienestar Social relacionados con subvenciones para el mantenimiento de las entidades y la concertación de plazas de residencia, hogares-residencia, apoyo para la autonomía en el propio hogar, centros de día , etcétera.
El segundo lugar del ranking lo ocupa el departamento de Empresa y Empleo, que acumula una deuda de 38,6 millones de euros, vinculados a programas y servicios que favorecen la inserción laboral de las personas con discapacidad, tanto en el mercado de trabajo ordinario como el protegido. Enseñanza, Salud y Justicia son otros departamentos que han contraído deudas con las entidades.
En una nota de prensa emitida hoy, el Cocarmi explica que hace unas semanas envió una carta al presidente de la Generalitat, Artur Mas, en la que le recordaba la grave situación financiera que arrastran las entidades y las personas con discapacidad desde que estalló la crisis. Esta carta está todavía sin respuesta. El comité le pedía y sigue pidiendo “un calendario de pagos y recuperar la normalidad para continuar trabajando juntos en el desarrollo de políticas de inclusión para las personas con discapacidad y / o trastorno mental de Cataluña”.
El presidente del Cocarmi, Antonio Guillén, explica a través de esta nota que “desgraciadamente, esto está teniendo como consecuencia una reducción de los servicios, la pérdida de calidad de estos, la paralización de adjudicación de plazas en los servicios asistenciales, el aumento de listas de espera, unas mayores cargas para las familias, limitar la creación de puestos de trabajo y, en definitiva, un creciente riesgo de exclusión social y laboral de las personas con discapacidad”.
Guillén lamenta que “los avances logrados en las últimas décadas por el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, después de mucha lucha, se están diluyendo” y añade que, de continuar así, “costará muchos años volver a los niveles de servicios anteriores a la crisis”, unos niveles que, a pesar de no ser los ideales, “fueron toda una conquista”.
