Los Mossos reforzarán su dispositivo para vigilar el acto de extrema derecha de este sábado en Barcelona

El Govern ha informado de que reforzará el dispositivo policial de los Mossos d'Esquadra para “supervisar, velar y auditar” que los asistentes a la concentración del movimiento de extrema derecha Save Europe Act, prevista para este sábado en Barcelona, “no fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, la hostilidad, la discriminación o la violencia”.

En un comunicado, el Ejecutivo ha defendido que el derecho de reunión y manifestación “es fundamental, pero no es absoluto”, tras las peticiones de partidos como los Comuns para que la Generalitat solicitara la prohibición judicial de la concentración, algo que finalmente no se ha producido. La primera teniente de alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona, Laia Bonet, ha afirmado que la concentración “no es bienvenida” en la ciudad.

La capital catalana será parada de la gira del movimiento xenófobo, que la semana que viene recalará en Madrid. El tour racista está organizado por el grupo Save Europe Act, que toma su nombre de una propuesta de ley homónima que intentaron registrar en la Comisión Europea en junio para que la UE avalara y regulara la llamada “remigración”.

Es el término que usan los movimientos ultras europeos para exigir la expulsión de los migrantes irregulares, así como la revocación de los permisos y procesos de regularización extraordinarios, las visas los refugiados que proceden de países que ellos consideran “seguros” y las de los migrantes que vengan a la UE por motivos económicos. La Comisión Europea rechazó tramitar la iniciativa al ser incompatible con los derechos humanos.

El Govern ha advertido de que trasladará a la Fiscalía cualquier conducta delictiva que se produzca durante la manifestación, en especial cualquier cántico o acción de los manifestantes ultras que pueda suponer un delito de odio y de discriminación.

Además, el Ejecutivo ha recordado que la normativa establece los “mecanismos de actuación” de las autoridades competentes en caso de que la concentración afecte a “la seguridad de las personas, el orden público o los bienes”. El Ejecutivo catalán también ha reiterado su “compromiso con el cumplimiento de la legalidad, la protección de la igualdad de trato y la no discriminación, la dignidad de las personas y la convivencia”.