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CATALUNYA

La Generalitat cobrará el impuesto a los pisos vacíos siete meses después de aprobar la ley para hacerlo

El Govern aprueba el reglamento del impuesto a los pisos que llevan más de dos años vacíos de forma injustificada

La PAH considera la medida insuficiente y destaca que la legislación actual contempla medidas "más contundentes" que no se están aplicando

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FOTOGALERLÍA: La PAH resiste al desalojo del bloque de Salt. /CARLES PALACIO

Protesta en Salt contra el desalojo de un edificio ocupado por la PAH CARLES PALACIO

Una semana antes de aprobar la propuesta de ley impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la Alianza contra la Pobreza Energética y el Observatorio DESC, el Parlament aprobó una ley impulsada por el Govern de Artur Mas que establecía un impuesto sobre los pisos vacíos. Este impuesto, que la PAH consideró insuficiente, se empezará a aplicar el próximo 1 de marzo, más de siete meses después de la aprobación de la ley.

La Generalitat ha aprobado este martes el reglamento que desarrolla la ley y permitirá cobrar los gravámenes a las viviendas que llevaban más de dos años desocupadas de forma injustificada al final de 2015. El objetivo, ha explicado la consellera de Gobernación y Vivienda Meritxell Borràs, es movilizar las viviendas vacías en manos de grandes tenedores de vivienda, y no una función recaudatoria. Sin embargo confían disponer de 8 millones de euros para destinar a parque de alquiler social.

Desde la PAH siguen considerando la medida poco contundente. "El proyecto de este impuesto aparece justo cuando estábamos presionando a los ayuntamientos para que aplicaran la ley catalana del derecho a la vivienda de 2007, con sanciones mucho más altas, y se utiliza este impuesto para hacer ver que se ha hecho algo", asegura Carlos Macías, portavoz de la PAH. Aunque el importe final de las sanciones es muy superior al planteado inicialmente por los convergentes, sigue por debajo de los hasta 900.000 euros de multa que contempla la ley de 2007, aún vigente.

La ley impulsada por la Generalitat contemplaba la creación de un registro de pisos vacíos en manos de grandes tenedores, que les han registrando voluntariamente. Desde entonces los propietarios -en su mayoría entidades financieras- registraron 47.000 inmuebles que podrían estar sujetos a la aplicación del impuesto, aunque muchos no son viviendas o ya están ocupados y la cifra final podría quedar lejos de ésta. El impuesto se aplicará, según aseguró Borrás, a 8.300 viviendas de 72 municipios con una alta demanda de vivienda acreditada.

Más allá de la crítica a las cuantías, Macías remarca que la ley 24/2015, surgida de la propuesta de la PAH, la APE y el DESC, "tiene herramientas más potentes, como la cesión obligatoria que permite movilizar las viviendas vacías de forma mucho más rápida". Se trata de un mecanismo que permite la expropiación temporal de las viviendas vacías para dedicarlos a alquiler social. "El procedimiento puede tardar dos o tres meses", remarca el portavoz de la PAH, y asegura que ya se podría aplicar a los pisos que forman parte del registro, que son sólo los declarados voluntariamente por las entidades financieras. "Si los pisos están identificados y cumplen la ley, no deben esperar nada, es sólo una cuestión de voluntad política", añade.

La cesión pasa por instar a los propietarios que incumplen la ley a hacer una cesión voluntaria, que sería la vía más rápida. El Ayuntamiento de Barcelona lo planteó a algunas entidades bancarias y ha llegado a acuerdo con algunas entidades antes de aplicar la ley. Javier Burón, gerente de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, aseguraba en  una sesión de trabajo sobre la ley 24/2015 que la cesión obligatoria "parece más ventajosa para la administración que la expropiación del usufructo", un recurso contemplado en la ley de 2007 y que CiU eliminó nada más llegó a la Generalitat.

"Se siguen produciendo desahucios"

Este miércoles la PAH se reúne por segunda vez con la consellera de Asuntos Sociales, Dolores Bassa, y le reclamará una serie de acuerdos públicos vinculados a la aplicación de la ley 24/2015, concretamente en cuanto a la cesión obligatoria y la firma de convenios con las compañías suministradoras para evitar cortes de agua, luz y gas. "Se siguen produciendo desahucios y cortes de suministros en Catalunya, y eso ahora mismo es ilegal", asegura Carlos Macías.

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