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Salidas municipales a la emergencia habitacional

La legislación catalana que la PAH pretende llevar a todo el estado ofrece muchos recursos a las administraciones locales para garantizar el derecho a la vivienda

Ayuntamientos como Santa Coloma, Terrassa, Barcelona o Viladecans comparten experiencias en la lucha contra los desahucios

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FOTOGALERLÍA: La PAH resiste al desalojo del bloque de Salt. /CARLES PALACIO

Protesta en Salt (Girona) en 2013 contra el desalojo de un bloque ocupado CARLES PALACIO

Tras años de presión social, Catalunya se ha convertido en un referente en materia de derecho a la vivienda. Desde que se aprobó en 2007 la ley catalana del derecho a la vivienda se ha ido desarrollando legislación que da herramientas al gobierno catalán y las administraciones locales para proteger este derecho fundamental. La victoria más reciente es  la aprobación de la ILP impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la Alianza contra la Pobreza Energética y el Observatorio DESC. Ahora la PAH busca llevar estos recursos legales a todas las administraciones autonómicas. Mientras tanto, el reto en Catalunya es que se apliquen las medidas aprobadas, porque la PAH sigue teniendo que parar desahucios en las puertas.

A pesar de los recursos legales y la predisposición expresada por el Ayuntamiento, la semana pasada la PAH de Barcelona tuvo que intervenir en cinco desahucios. Dos los paró con presión en la puerta de la vivienda, y en otros tres casos negociando soluciones. Un sexto caso no se pudo parar y el Ayuntamiento ha ofrecido un alojamiento temporal a la familia.

Por todo eso exigen acciones más contundentes y el viernes el Observatorio DESC ofreció una sesión formativa para aplicar las nuevas medidas desde las administraciones. Cerca de 200 personas entre trabajadores de la Generalitat, diversos ayuntamientos y hasta de la banca se acercaron al Colegio de Abogados para conocer experiencias. Vanesa Valiño, que después de años como directora del Observatorio DESC es ahora jefa de gabinete de la Concejalía de Vivienda de Barcelona, asegura que el reto que tienen delante es "adaptar los tempos de la administración a las necesidades de las personas en la calle".

Multas a los pisos vacíos

Ayuntamientos como el socialista de Santa Coloma de Gramenet llevan algún tiempo aplicando multas a los pisos vacíos para inventivar su puesta en circulación. Se trata de una medida contemplada en la legislación de 2007 pero que no se había llevado a la práctica hasta que la PAH empezó una campaña de mociones en los consistorios. Ciudades grandes como Santa Coloma tienen un margen amplio, pudiendo imponer multas de hasta 500.000 euros a los pisos en situación de desocupación permanente. Los problemas llegan ahora cuando las entidades financieras empiezan a reaccionar y en uno de los casos la Sareb –el "banco malo"– ya ha cuestionado la constitucionalidad de la ley de 2007 en base a la sentencia del Tribunal Constitucional contra la ley antidesahucios andaluza, según explica Joana Ricardo, jefa de los servicios jurídicos del ayuntamiento de Santa Coloma.

Otras ciudades se han puesto las pilas en la materia después de las elecciones del pasado mayo. En Barcelona, donde ahora gobierna Ada Colau, que fue símbolo de la lucha contra los desahucios, se empezaron a multar pisos vacíos en septiembre. De momento, no se ha podido cobrar ninguna de las 12 multas de 5.000 euros impuestas, porque en 11 casos los bancos las han recurrido y uno de los pisos estaba ya ocupado. La batalla jurídica está en marcha y más que el coste de la multa lo que preocupa a las entidades es sentar un precedente, aseguran fuentes municipales. Sin embargo, los motivos expuestos por las entidades parecen más que insuficientes para el consistorio: desde una entidad que asegura que no se le debe aplicar la legislación catalana a otras que se excusan en que ya tienen programas de alquiler social, a pesar de los pisos vacíos.

Cesión obligatoria

Una de las medidas estrella de la ley de emergencia habitacional proveniente de la ILP de vivienda es la cesión obligatoria de viviendas vacías de grandes propietarios. Para Javier Burón, nuevo gerente de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, esta medida "parece más ventajosa para la administración que la expropiación del usufructo", un recurso contemplado en la ley de 2007 y que CiU eliminó nada más llegar a la Generalitat.

En octubre el Ayuntamiento de Barcelona reclamó a la Sareb la cesión de 562 pisos que tiene vacíos en la ciudad. El consistorio no ha acudido todavía a la vía judicial y el requerimiento va en paralelo a la negociación con la entidad, por lo que confían todavía en una cesión voluntaria de estas viviendas. Son solo una parte de los 2.591 pisos vacíos declarados por las entidades financieras en Barcelona, pero con otros bancos el Ayuntamiento sigue negociando.

Desde Santa Coloma, Joana Ricardo asegura que un problema que se encuentran es que las entidades aseguran que los pisos no están en una situación de desocupación injustificada porque, por ejemplo, están anunciados en un portal inmobiliario para su venta. "Desde nuestro punto de vista no hay suficiente con tenerlos colgados en un portal, porque debe prevalecer el derecho a la vivienda y a un alquiler social", asegura Ricardo. La responsable de los servicios jurídicos asegura, sin embargo, que el registro de pisos vacíos creado recientemente por la Generalitat les facilita el trabajo, a pesar de que solo recoge los inmuebles declarados voluntariamente por las entidades.

La necesidad del alquiler

A pesar de todo lo que se ha avanzado en relación a los grandes propietarios de vivienda, Javier Burón destaca que la mayoría de desahucios en Barcelona a día de hoy son de alquiler a pequeños propietarios, por lo que asegura que "hay cuestiones de emergencia habitacional que no se van a solucionar sin ayudas directas al alquiler para las familias". Y más allá de la emergencia habitacional, los miembros de diversos consistorios apuntan a la necesidad de unas políticas sostenibles de vivienda. En el caso de Barcelona, reconocen que la vía de la construcción de viviendas, ya criticada por la PAH, es lenta, y que la compra de viviendas vacías es insuficiente. Por eso un debate que trabajadores de varios ayuntamientos plantean la necesidad de abrir es el de una regulación del mercado libre de alquiler.

Más allá de los recursos legales

Y más allá de lo puramente legislativo, los ayuntamientos buscan dar respuestas a cuestiones muy diversas. Por ejemplo, desde Terrassa, municipio pionero en las multas a los pisos vacíos, Mercè Soler, directora de Servicios de Ciudadanía y Calidad Democrática del Ayuntamiento, apunta al problema de la desinformación. La ley aprobada a raíz de la ILP de la PAH obliga las entidades a ofrecer una alternativa habitacional a las familias antes de desahuciarlas. Sin embargo, Soler apunta que los bancos no lo comunican a las familias y se debe encargar el ayuntamiento de hacerlo.

Otro problema habitual es la falta de información que tienen los propios ayuntamientos. "En un primer momento lo habitual era recibir la información de que tenías siete desahucios al día siguiente", apunta Gemma Arau, gerente del distrito de Nou Barris en Barcelona, uno de los más afectados por los desahucios. Los consistorios trabajan en el desarrollo de convenios con los juzgados para conocer las problemáticas con antelación y tener cierto margen para actuar. A pesar del convenio existente –que ahora el consistorio trata de mejorar– Arau destaca que todavía se enteran de desahucios con solo 24 o 48 horas de antelación. Mercè Civit, del Colegio del Trabajo Social de Catalunya, destaca que poco pueden hacer los trabajadores con tan poca antelación y los ayuntamientos se limitan a pagar una pensión a las familias mientras buscan una solución.

Civit, que trabaja en el ayuntamiento de Viladecans, destaca que hay gente que ha hecho negocio con las necesidades de otros, y alquila habitaciones a familias enteras. A partir de eso, un problema que se encuentran es que estas familias, o las que ocupan pisos vacíos en precario, no pueden empadronarse y tienen limitado su acceso a servicios sociales como las viviendas de protección. Por eso Viladecans ha creado una comisión de empadronamiento, que estudia estos casos individualmente para que puedan empadronarse familias que de otra manera no podrían. Es una de tantas experiencias que pueden compartir los ayuntamientos preocupados por garantizar el derecho a la vivienda.

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