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¡Dejad que los niños voten (o al menos que participen)!

Los niños no tienen derecho a voto, lo que provoca que a menudo la clase política no los tenga en cuenta. Algunos estudios, que apuestan por garantizar este derecho entre los niños, abren el debate sobre su peso en la cosa pública

Este es un artículo publicado en El Diari de l'Educació

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Escuela Mar Bella (Foto: Edu Bayer)

Escuela Mar Bella (Foto: Edu Bayer)

La clase política no tiene en cuenta a los niños porque no tienen derecho a votar. Esta es una afirmación ampliamente compartida -quizás a excepción de los propios políticos-, y aún así los países siguen sin dar la clave de voto a sus niños y niñas. ¿Deberían poder votar los niños? No tienen capacidad de discernimiento, dirán unos. Son demasiado influenciables, dirán otros. Pero ¿y los adultos? ¿Acaso no somos también susceptibles de ser manipulados o estar mal informados?

Un estudio del think-tank inglés Demos, Other People 's Children, apuesta por dar un voto a cada niño. Un voto que podrían ejercer directamente a partir de los 14 años pero que hasta entonces estaría administrado por sus padres y madres. Es decir, que la familia, a la práctica, tendría un voto extra por cada niño, con el objetivo de "animar a los padres y tutores a plantearse qué ofrecen los políticos a sus hijos, y los hijos de los demás. Esto forzaría la clase política a priorizar la calidad de vida de los niños", apuntaba la coautora Gillian Thomas en el informe.

La propuesta, denominada urnas bebé, no se limita a plantear el voto desde el nacimiento. El estudio aporta medidas complementarias para reforzar el papel de los niños como receptores de políticas públicas, como por ejemplo que se contabilicen las ayudas sociales por grupos de edad -para comprobar que lleguen a todos, incluidos los niños- o que se intensifique el rol de las escuelas como proveedoras de servicios sociales.

La idea de otorgar el derecho a voto a los niños se ha debatido en las últimas décadas, aunque sin éxito, en países como Alemania o Japón, en este último caso como medida natalista, para combatir el envejecimiento de la población. En estos casos lo que se planteaba era el  voto Demeny -concepto acuñado por demógrafo Paul Demeny-, muy similar a las urnas bebé, pero con un matiz: el voto del hijo, delegado en sus progenitores hasta la mayoría de edad, quedaría repartido en un 50% -medio voto- entre el padre y la madre.

Las propuestas son, como mínimo, polémicas. Sin ir más lejos, en el caso de las urnas bebé, ¿quién garantiza que los padres no harán un uso egoísta de los votos extra que les corresponden por el hecho de tener hijos? O ¿por qué los ciudadanos que no quieren -o no pueden- tener hijos deben tener menos voz? Además, hay que decir que, en España, los que han hecho campaña por el voto infantil han sido a menudo partidos conservadores.  El ejemplo más reciente es el de Vox.

"La fórmula que arroja el estudio puede no ser la más adecuada, pero revela una necesidad: hay que empezar el debate sobre la participación de los niños en democracia", apunta Joan Subirats, catedrático de Ciencia Política de la UAB.

"Los poderes públicos priorizan a los que votan"

"Los poderes públicos tienden a priorizar siempre los colectivos que votan por encima de los que no lo hacen", constata Subirats, que argumenta: "En los últimos años la gente mayor ha aumentado en número, y los recortes de gasto público han castigado más los colectivos que menos voz tienen, no sólo los niños, sino también los inmigrantes". Así nos hemos encontrado que en España, y en Catalunya, la pobreza tiene a menudo rostro de niño. Lo han radiografiado diversas entidades, que han señalado que casi uno de cada tres niños se encuentra en riesgo de pobreza. La última ha sido Unicef, que ha alertado del retroceso de una década en el bienestar de las familias con hijos.

Esta crudeza, propiciada también por los recortes, no la han sufrido con tanta intensidad en franjas de edad como la de los jubilados.  Un estudio recogido por Politikon evidencia que, a medida que ha avanzado la crisis, el peso de los niños sobre la población pobre en España ha ido en aumento; mientras que el peso de los mayores de 65 años ha disminuido.

Estas son las consecuencias económicas del desamparo infantil, pero hay más. Subirats señala también los efectos sobre el medio ambiente. "En cuestiones medioambientales el sistema democrático hace que los que tomamos parte decidimos sobre situaciones que no sufriremos; en cambio las generaciones futuras no pueden decir nada sobre ello", sostiene. La hipotética sostenibilidad del mundo en que vivirán los niños queda, votación tras votación, a merced de la responsabilidad de los adultos.

La participación de los niños en sociedad

El pedagogo Francesco Tonucci visualizó hace más de veinte años La ciudad de los niños, una forma de hacer urbanismo que tuviera a los más pequeños como punto de referencia. En esa ciudad, "la primera decisión, la más importante que hay que tomar -decía-, es dar a los niños el papel de protagonistas, concederles la palabra, permitirles que se expresen, que digan la suya". "Debemos tomar seriamente en consideración todo lo que dicen los niños y las niñas", sentenciaba.

Esta afirmación, según Paco Estellés, portavoz de la Plataforma de la Infancia de Catalunya (Pincat), sacaría los colores a muchos de los responsables de los órganos de representación de los niños y niñas que se han llevado a cabo en diferentes administraciones. Consejos de la infancia, audencia públicas... "Hemos tendido a reproducir las estructuras de participación de los adultos, pero sin darles ningún poder decisorio", valora Estellés, "cuando lo que deberíamos conseguir es que la participación de los niños arraigue en su día a día, en la gestión de la casa, de la escuela, del los espacios de ocio, de su ambulatorio de referencia". "No hace falta que montemos grandes estructuras de participación si después no tenemos la costumbre de dejarles decir la suya en sus ámbitos de vida", razona el portavoz de Pincat. Para Subirats, estas plataformas de participación "a menudo son muy limitadas y simbólicas". "Comparemoslas con la cantidad de meriendas y cenas y reparto de información que los políticos hacen con las personas mayores", ejemplifica.

La ciudad de los niños de Tonucci no existe en nuestro país, pero sería injusto negar que tenemos experiencias de participación infantil directa que nos aproximan a ella. En la localidad catalana de Figaró hace años que los niños deciden parte de los presupuestos municipales. "El primer año decidieron hacer una Feria de Navidad, con diferentes atracciones, y se gastaron todo el dinero de golpe. Pero poco a poco ha ido calando en ellos la responsabilidad y han visto que gastárselo todos de golpe no era una buena idea", exponía en un reportaje el concejal Lluís Feliu. También han fomentado que desde la escuela faciliten procesos participativos de incidencia municipal.

De hecho, la participación de los niños en política, cuando la hay, se suele circunscribir al ámbito local y, en la mayoría de casos, depende de la voluntad de cada Ayuntamiento. En este sentido son destacables también las iniciativas de consistorios infantiles impulsadas por municipios catalanes como  Ripoll o Vic.

Los 18 años, frontera difusa

A principios del siglo XX, las mayoría de democracias fijaron la edad de votación en los 21 años, pero con el tiempo este listón se ha ido rebajando a los 18, hasta el punto de que en los últimos meses hemos oído hablar, sobre todo a partir de las consultas por la independencia de Catalunya y Escocia, de fijar la edad mínima para participar en unos comicios en los 16 años. Ya lo han hecho países como Austria -el primero de la Unión Europea en rebajar el listón hasta esta edad-, Brasil o Malta en las elecciones municipales. De hecho, el estudio que apuesta por las urnas bebé considera que la edad en que los niños deberían hacer uso del voto -hasta entonces en manos de sus progenitores- serían los 14 años.

En cualquier caso, hacer coincidir la edad de votación con la mayoría de edad plantea dudas. "A los 16 años un joven no puede votar, pero sí que se le pueden exigir responsabilidades penales -desde los 14 años- y es responsable de su actividad sexual -la edad de consentimiento mínima está fijada en los 16-", apunta Subirats. Además, a esta edad un joven puede casarse o ponerse a trabajar -habiendo abandonado, o no, los estudios-, pero sigue sin poder decidir quién le gobierna.

La Convención de los Derechos del Niño, en su artículo 12, recoge el  derecho de todos los niños a ser escuchados. A que puedan expresar libremente su opinión y que ésta sea tenida en cuenta, en función de su edad y madurez. Más aún: constata su derecho a ser escuchados en cualquier procedimiento judicial o administrativo que los afecte. ¿Les afectan unas elecciones?

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