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La política de lo común: ¿radicalidad democrática o retroceso de lo público?

Política común como guia (autor: Jaume Badosa)

Sabemos que la matriz que hasta hace poco servía para calibrar las distancias ideológicas entre la derecha y la izquierda está mutando a un ritmo acelerado. Uno de los vectores importantes de transformación se encuentra en la relación entre  los poderes públicos, el mercado y la comunidad. Si la izquierda ha defendido tradicionalmente un mayor protagonismo de los poderes públicos en la regulación de distintos aspectos de la vida social y en la prestación de distintos tipos de servicios (sociales, educativos, sanitarios, etc.), la derecha en contraposición ha sido siempre más favorable al mercado, y por lo tanto a la desregulación, a la privatización, y a la mercantilización en un sentido amplio (por ejemplo, en lo que se refiere a la introducción de principios de libre elección y de competencia en la provisión de los servicios). Sin duda, estamos simplificando, pues siempre ha existido una corriente de la izquierda crítica con el papel del estado en el capitalismo, de la misma forma que la derecha neoliberal ha confiado importantes funciones de reproducción sistémica a los poderes públicos.

Hoy parece que los contornos de estas líneas divisorias son más difíciles de dibujar. En sus nuevas formulaciones, el pensamiento neoliberal insiste en la necesidad de un estado reducido, austero, de un estado que reduce significativamente su nivel de intervencionismo en favor de la emergencia de una “gran sociedad”que se organiza para ofrecer respuestas autónomas a las necesidades que se le presentan, sin esperar la intervención constante del “papá estado”. Lo novedoso no es la apelación al estado mínimo, sino a una “gran sociedad”, a una “sociedad participativa”, o incluso a una “sociedad del bienestar”, conceptos que contrastan significativamente con la negación thacheriana de la idea de lo social. La derecha neoliberal parece transitar del mercantilismo al comunitarismo, si bien en esa transición hay mucha retórica justificativa del retroceso de lo público y legitimadora de los recortes de servicios y derechos. Por su parte, cobra fuerza una renovada izquierda que sitúa el énfasis en la auto-organización y la auto-gestión como estrategia para el cultivo de lo “común”, entendido como alternativa no sólo a lo privado-mercantil, sino también a lo público-estatal.

La crisis financiera global, con sus ramificaciones locales y las consecuencias de esta austeridad impuesta en términos de injusticia social, han evidenciado la necesidad de organizar espacios de acción y reivindicación al margen de los poderes públicos. Las prácticas concebidas por y para la comunidad permiten concretar respuestas y alternativas, ocupando los vacíos dejados por un estado en retroceso. Paradójicamente, la reinvidicación de lo común en sus distintas expresiones (innovación social, espíritu comunitario, gran sociedad) parece dar forma a un inusitado espacio de convergencia ideológica entre ciertos segmentos de la izquierda y la derecha, un espacio definido por la crítica a la “omnipresencia” estatal y la propuesta de nuevos espacios sociales y comunitarios como alternativa a ese protagonismo “excesivo” de los poderes públicos.

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Nuevos Activismos Urbanos

NUA nuevos activismos urbanos (Autor: Jaume Badosa)

A partir de la primavera de 2011 se puso de manifiesto la existencia de una constelación de colectivos de todo tipo que cambiaban las estructuras, objetivos y pautas de actuación con los movimientos sociales urbanos más tradicionales: Los denominaremos nuevos activismos urbanos (NUA). El apogeo de la crisis con sus programas de austeridad en las administraciones públicas y la creciente necesidad de muchos ciudadanos de reinventar su forma de vida, al sistema político y las ciudades en que vivimos fue el estímulo para la consolidación de los NUA como actores relevantes en la transformación social, política y urbana. Una ventana de oportunidades se ha abierto y a posibilitado que nuevas formas de intervenir en el espacio público, en la lucha contra la exclusión social o a favor de la justicia urbana se estén convirtiendo en el germen de nuevas estrategias de gobernanza de abajo a arriba en los barrios de muchas ciudades españolas.

¿Qué es lo que hace que los NUA sean diferentes de los movimientos sociales tradicionales tales como las asociaciones de vecinos?

Los nuevos activismos urbanos no tienen sus mismas estructuras, en realidad se caracterizan por no tener un patrón organizativo común o identificable, sino que representan un continuo que va desde movimientos ya existentes como el de okupación, hasta simples convocatorias ciudadanas puntuales, pasando por la intervención táctica sobre el espacio urbano. Durante los últimos años y de forma creciente se han producido todo tipo de acciones en el centro y periferia de muchas ciudades españolas que buscan transformar diversos aspectos de la vida en la ciudad: el espacio público; su uso y significado; la percepción del barrio, su identidad o el empoderamiento de sus residentes como sujetos participativos. Los objetivos y las acciones son efímeros, temporales o con una cierta vocación de transformación permanente, siempre son innovadores y en muchas ocasiones se sitúan en la periferia de los cauces públicos habituales, a menudo agotados o directamente desarticulados como consecuencia de la crisis y el desmantelamiento de departamentos, políticas y programas.

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Justicia urbana

Autor: Jaume Badosa

Desde distintas perspectivas se viene utilizando el concepto de “justicia” para referirse a temas y dilemas que no relacionaríamos directamente con o que convencionalmente entendemos por justicia. Acostumbramos a referirnos a la justicia cuando señalamos el ámbito en que se dirimen conflictos de intereses y/o competencias entre personas, entidades, empresas e instituciones. Pero el término no agota ahí su contenido. Como recuerdan distintos diccionarios, justicia se refiere también a “trato justo” o a una distribución equitativa de premios y castigos. En esta última acepción es evidente su conexión directa con la política, que precisamente encuentra su núcleo esencial en las consecuencias de toda decisión pública, que acaba siempre conllevando ganadores y perdedores. Toda acción pública puede ser objeto de evaluación utilizando parámetros de equidad y de trato que incorporen el cumplimiento de derechos, el reconocimiento de diferencias o la dignidad de las personas. Libertad, igualdad y justicia son valores constantemente en liza cuando nos referimos a la calidad de una democracia.

Todo esto viene a cuento, como decíamos al principio, por el creciente uso de conceptos como “justicia ambiental” o “justicia espacial”, que han sido considerados por algunos autores y escuelas de pensamiento, como directamente conectados con los debates y problemas a los que enfrentan actualmente las ciudades. En el último número de la revista Ecología Política, encontramos una entrevista de Santiago Gorostiza a Isabelle Anguelovsky (investigadora del ICTA) sobre “justicia ambiental”. En la misma se comenta que el concepto empieza a divulgarse en los Estados Unidos a finales de los años 70, tras diversos conflictos ambientales relacionados con los vertidos contaminantes que algunas empresas realizaban  en núcleos urbanos, y empezó a relacionarse protección de la salud, temas medioambientales y desigualdades sociales, denunciando el impacto negativo de diversas infraestructuras (autopistas, vertederos,…) o actividades (refinerías, industrias de reciclaje,…), y todo ello en zonas en las que predominaba población negra o latina ( Véase entrevista en TVE sobre el tema). Por su parte, acaba de publicarse en castellano, un libro del conocido geógrafo californiano, Edward W. Soja que lleva por título “En busca de la justicia espacial” (Tirant Humanidades, Valencia, 2014). En el libro, prologado por Josep Vicent Boira, se señalan, con diversos ejemplos de la realidad norteamericana, la capacidad de producir “geografías injustas”. Es decir, el cómo de la actividad mercantil, institucional o simplemente humana en los espacios urbanos, pueden derivarse (muchas veces sin intencionalidad manifiesta), efectos de injusticia social duraderos que afecten al abanico de oportunidades vitales de los que los padecen. Es decir, que acaben generándose estructuras duraderas de ventajas y desventajas distribuidas de manera desigual.

Ambas perspectivas apuntan a una misma conclusión: el espacio no es algo vacío y neutral; está sometido y contiene efectos de decisiones, de políticas, de ideologías y de otros componentes que tienen efectos significativos en nuestras vidas y que nos obligan a incorporar esa mirada en los debates sobre el presente y el futuro de nuestras ciudades y metrópolis.  Las geografías, los espacios en los que vivimos, las decisiones que se tomaron en relación a nuestro habitat, tienen impactos y pueden intensificar y ampliar vulnerabilidades, empeorar las condiciones de vida, las exclusiones que se padecen por el color de la piel, por razón del género, de la edad o de la nacionalidad. La vida, como apuntan Soja y Anguelovsky, es al mismo tiempo temporal, espacial, ambiental y social. Y, por tanto, conviene incorporar esa complejidad en las análisis, diagnósticos y propuestas que desarrollemos entorno a la vida actual y futura en las ciudades.

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"¿Por qué a nosotros?" Servicios Sociales, entre la emergencia y los derechos.

Servicios sociales en crisis (Autor: Jaume Badosa)

Desde ese día ha habido diferentes comunicados por las diferentes partes (pueden encontrarse en el artículo de Antonio Alcantara en el blog  educaciotransformadora), incluso alguna noticia que relaciona los hechos con las movilizaciones de "la Vaga de totes”.

De todos los comunicados, me quedo con el del col·lectiu de Joves de Nou Barris  donde se propone un proceso de mediación para avanzar en la resolución del conflicto.

Los hechos y posicionamientos al respecto han tenido un importante impacto en mucha gente, especialmente entre los colectivos de profesionales de servicios sociales, los cuales se hacían la pregunta: ¿Por qué nosotros? A partir de esta, se ha ido hacia una deriva generalizada de nuevas e infinitas preguntas, más orientadas, creo, a la búsqueda de culpables que a la de soluciones. ¿Los servicios sociales deben ser el foco de estas acciones? ¿Qué hacen y qué no hacen los servicios sociales? ¿Cómo son vistos para que haya pasado esto? ¿Qué se podría cambiar desde cada parte? ¿Por qué no lo hacen en una sede bancaria en lugar de en servicios sociales? ¿Se ha hecho todo lo que se podía hacer? Desde donde se deben dar las respuestas? ¿Esto ha sido espontáneo o había alguien detrás? ...

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Participación ciudadana: más allá de “la” consulta

Consulta vs Estudios de Opinión (Autor: Jaume Badosa)

Creo que hay que poner el acento en este segundo elemento. A nadie se le escapa que ésta es una ley que se ha hecho para "la" consulta. El riesgo era evidente: de la misma manera que algunos defienden la autodeterminación, pero sólo para Cataluña y no para otros pueblos, podía suceder que aquellos que hablan de radicalidad democrática cuando se refieren al 9N, olvidaran de dicha radicalidad en el resto de ámbitos y cuestiones. De hecho, este era el punto de partida.

Afortunadamente, la ponencia parlamentaria ha hecho un buen trabajo y finalmente esto no ha sido así. La ley reconoce que la participación ciudadana no se agota con las herramientas de democracia directa, que en cualquier caso suponen un gran avance legislativo. Participar es incidir en la toma de decisiones públicas. Esto se puede hacer votando, pero también se puede hacer proponiendo, argumentando, deliberando o implementando directamente determinadas actuaciones. En este sentido, la ley regula unas buenas bases para llevar a cabo procesos institucionales de participación orientados a promover la intervención de la ciudadanía en las políticas públicas: fija las fases, establece algunos criterios de calidad democrática, requiere que se elabore una memoria pública con los resultados y obliga a su evaluación.

Ciertamente, ni las consultas ni los procesos participativos serán vinculantes. Sin embargo, sí que se obliga al gobierno de la Generalitat y a los gobiernos locales a responder ante los resultados de una consulta y se establece que la memoria de los procesos participativos deberá incluir un apartado específico explicando los efectos del proceso sobre la actuación de la administración convocante.

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Más allá de Can Vies

La concentración en plaza de Sants, antes de empezar la marcha el miércoles.

Seguro que cuanta más información se tiene sobre lo que pasa en la ciudad, más se ve el caso Can Vies como un ejemplo del conflicto que hay en Barcelona, sobre qué ciudad estamos haciendo y qué ciudad queremos. Los hechos que preceden el desalojo del pasado lunes 26 de mayo, día siguiente a las elecciones europeas, son importantes y nos ayudan a entender lo que muchos podrían considerar como una reacción desproporcionada de los implicados y de la gente del barrio y de la ciudad que los apoya, ante uno de los muchos casos que en los últimos años han acabado con desalojo de casas ocupadas en Barcelona.

Creo que el debate de fondo está situado en coordenadas más amplias. Se centra en la creciente tensión que se produce entre una forma de gobernar y administrar la ciudad que tiene raíces básicamente representativas, tecnocráticas y jerárquicas, y una emergente exigencia de compartir decisiones, de respetar la autonomía de la iniciativa social y de valorar lo que es público no sólo por el hecho de que la propiedad y la gestión sean institucionales, sino por el hecho de que exista una implicación colectiva en las formas de decidir y de hacer. Las instituciones representativas basan su función en la capacidad de ser los intermediarios entre la voluntad general, expresada en las urnas, y la capacidad de proveer servicios frente a las necesidades sociales. En la medida que se discute cada vez más la capacidad de representar la voluntad general por parte de muchas de las instituciones actuales, y que la capacidad de provisión se ha hecho más exigua, las condiciones de crisis se dan y se expresan de muchas maneras. Por otra parte, y de manera más concreta, en Barcelona se van dando fenómenos crecientes de pérdida de control de las autoridades municipales frente a iniciativas económicas que imponen condiciones, se apropian de espacios y servicios y condicionan significativamente el funcionamiento de la ciudad. De alguna manera la ciudad parece alejarse del control de sus ciudadanos y de las instituciones que reclaman su representación. El debate es, pues, sobre quién representa mejor lo que es público, lo que es común.

Un ejemplo muy concreto de esto, y que está directamente relacionado con temas como Can Batlló, Flor de Maig, los espacios de Can Fabra y el Ateneo Harmonia, las reivindicaciones de la Plataforma de Gestión Ciudadana (que representa a más de 30 entidades, como el Ateneo de 9 Barris, Secretariado de Sants y muchas otras...), y también Can Vies, es quien debe gestionar y decidir qué se hace en espacios públicos cedidos por el Ayuntamiento voluntariamente o después de un proceso de ocupación y reivindicación. La lógica tradicional es que el Ayuntamiento cede la gestión de los centros sociales y cívicos a empresas que organizan actividades y cobran un tanto por su trabajo. Otra vía, esta más hecha a empujones y retrocesos y sin mucho entusiasmo por parte del ayuntamiento (no solo el de ahora, también de antes), ha sido la llamada gestión ciudadana, que implica que son las propias entidades las que gestionan los espacios, contratan a gente e impulsan acciones, contando con subvenciones del Ayuntamiento que cubren una parte de los gastos. Finalmente, existen espacios autogestionados, donde el Ayuntamiento no condiciona las actividades, donde son los propios ocupantes los que deciden cómo se organizan, donde las intervenciones institucionales se hacen complementariamente, pero sin convenios ni acuerdos formalizados. Las fronteras no siempre están claras, pero con estas diferentes lógicas se funciona. Evidentemente, cuanta menos intervención municipal, más inquietud por parte de los que mandan, ya que su función de control y de gobierno está en entredicho. Se desintermediatitza la acción vecinal y la situación es más inestable, pero también más activa, más propicia a la implicación de la gente en su gobierno de lo que es de todos.

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Reformas locales en Inglaterra y España: ¿Caminos opuestos para llegar al mismo sitio?

Reformas Locales... ¿un único modelo? (autor: Jaume Badosa)

Si en el Reino Unido se ha hecho desde la bandera del localismo, en España el mensaje ha sido otro, el de “racionalizar” la  administración local, delimitando a la baja su autonomía local y aumentando el control del gobierno central sobre la misma.

En el caso británico, la Ley del Localismo de 2010 (sólo aplicable a Inglaterra, puesto en 1997 se devolvieron a Escocia, Gales e Irlanda del Norte las competencias sobre gobierno local), otorga a los ayuntamientos el principio de competencia general (por el cual pueden intervenir en todos los ámbitos que consideren necesarios, mientras no lo impida la Ley) a la vez que impulsa la democracia local mediante la elección directa de los alcaldes de las grandes ciudades, la promoción de referéndums locales y mayor poder para los barrios. Por otro lado, la ley aumenta la transparencia y el control sobre los ayuntamientos, y otorga a las comunidades –la sociedad civil, en definitiva- el derecho a comprar bienes municipales y a gestionar servicios públicos, si son capaces de ofrecer mejores prestaciones que los proveedores municipales.

En definitiva, un panorama muy alentador, si no fuera porque la reforma va unida a una fortísima reducción de las transferencias estatales, a la que se suman numerosos incentivos y mecanismos (también referéndums) para limitar la presión fiscal municipal. Todo ello, combinado con la recesión económica y la evolución demográfica, dibujan un panorama devastador para las finanzas locales a corto y, sobre todo, a medio plazo. En lo que ya se conoce como el “gráfico de la maldición” se puede apreciar cómo, a partir del año 2021, en las condiciones actuales los ingresos de las corporaciones locales ya no permitirán a éstas cubrir ni tan sólo sus competencias obligatorias en materia de protección social. 

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Cataluña en disputa

(Autor: Jaume Badosa)

Sorprende un poco que, teniendo en cuenta los múltiples cambios que estamos viviendo y sufriendo las sociedades contemporáneas en los últimos años, pensemos en el futuro tomando como referencia un pasado que, por otra parte, todo apunta a que difícilmente volveremos a vivir. A estas alturas deberíamos ir asimilando que las fuertes transformaciones que estamos experimentando en todos los ámbitos (económico, laboral, social, ambiental y también en las esferas más vitales y cotidianas) no parece que sean pasajeras. De la convulsa situación actual no saldremos volviendo a la sociedad del bienestar, sino que saldremos construyendo una nueva sociedad (y en el caso catalán, quizá incluso un nuevo Estado) basada en unos nuevos parámetros, unos nuevos valores y nuevas formas de hacer, de relacionarse y de gobernarse. La pregunta, por tanto, es pertinente. Estamos a las puertas de una nueva época y, por tanto, no sólo hay que preguntarse cómo queremos que sea la "nueva" Cataluña, sino que también tenemos que poner sobre la mesa nuestra capacidad de agencia para influir en su configuración.

No podemos pretender volver a la Cataluña de antes de la crisis. Sin menospreciar la labor de la sociedad civil y las instituciones públicas a lo largo de todos estos años, y reconociendo que puede haber una continuidad e incluso una cierta dependencia entre la vieja y la nueva sociedad, no podemos olvidar nuestro punto de partida actual: vivimos en una nueva realidad, la sociedad ha cambiado, los problemas son otros y, por tanto, nos hemos de organizar colectivamente de otra manera. En otras palabras, la construcción de la Cataluña del futuro deberá ir acompañada, en mayor o menor medida, de un proceso destituyente de las formas de regulación del conflicto social propias de la vieja sociedad del bienestar.

Tampoco podemos pensar que, en un mundo globalizado y extremadamente interdependiente como el actual, podremos construir, únicamente desde Cataluña, una realidad paralela a imagen y semejanza de nuestras voluntades y nuestros deseos. En todo caso podemos pensar como, desde Cataluña y en red con otros actores y territorios, podemos articular respuestas específicas para hacer frente a la actual situación. Vivimos en un mundo marcado por múltiples fenómenos globales (la crisis financiera, la economía de libre mercado, el cambio climático, Internet) que, al mismo tiempo, tienen enormes consecuencias de carácter local (paro, desahucios, exclusión social, catástrofes naturales, catástrofes tecnológicas). Aunque la globalización no ha sido un fenómeno únicamente económico, sino también social y cultural, lejos de homogeneizarnos coma sociedad, nos ha diversificado, nos ha individualizado, nos ha hecho más heterogéneos y nos ha traído unos nuevos problemas complejos caracterizados por su especificidad regional, local e incluso personal.

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La nueva política local o como la Generalitat nos propone recuperar a Max Weber y Franz Kafka

¿Nueva política o retorno a los clásicos Kafka y Weber? (Foto: Jaume Badosa)

De las muchas instituciones públicas sospechosas de mal funcionamiento y amenazadas de derribo, hay una de la que no se habla lo suficiente: los gobiernos locales. Los 947 ayuntamientos de Cataluña y los miles de electos locales están sufriendo una enorme campaña de descrédito y, a su amparo, un duro ataque a lo que han sido desde las primeras elecciones democráticas de 1979. Los anteproyectos de reforma de las leyes de gobiernos locales, tanto en Cataluña como en España, son la punta de lanza de esta ofensiva.

Defenderse de esta ofensiva no implica justificar las malas prácticas o la corrupción de algunos ayuntamientos. Nada más lejos de mi intención; al contrario, soy de los que considera que en estos casos habría que ser muy contundente, exigir dimisiones y, dado el caso, responsabilidades penales. Ahora bien, tampoco me parece aceptable un discurso que -convirtiendo el caso en categoría- niegue la indudable contribución que han hecho los ayuntamientos a la calidad de vida de la ciudadanía y al progreso de nuestros pueblos y ciudades. Después de 34 años de democracia local, los ayuntamientos han proveído servicios de proximidad, han profundizado la relación democrática entre gobierno y ciudadanía y han dado respuesta a profundas transformaciones sociales y económicas, mostrado flexibilidad y capacidad de innovación. Y todo ello lo han hecho siendo el nivel administrativo más débil y, sin embargo, el que ha generado menos endeudamiento.

Para conseguir estos resultados nuestros ayuntamientos no se han escondido detrás de la seguridad de las rutinas administrativas. No se han limitado a ejecutar, con más o menos eficiencia, decisiones tomadas por otros. No han usado el escudo de un marco competencial y financiero deficitario para acotar sus responsabilidades. Al contrario, han tomado decisiones y se han responsabilizado de lo que interesaba y afectaba a su comunidad, independientemente de si estaba o no previsto en las regulaciones. Lejos de la protección y la tranquilidad de las certezas administrativas, nuestros ayuntamientos han reivindicado y han ejercido la voluntad de hacer política y de incidir, intencionalmente, en el presente y el futuro de su comunidad.

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Pla Buits: polítiques urbanes pel 'mentrestant'?

El Solar de la Corona en Valencia (Foto: Increasis)

Catorze solars públics de Barcelona estan a punt de ser cedits a diferents entitats de la ciutat. Un fet impensable pocs anys enrere quan les propostes més innovadores i atrevides (ja sigui per part d’associacions veïnals o d’ajuntaments) per donar un ús temporal a espais urbans eren reconvertir solars en aparcaments. Més enllà de l’obvietat de que la crisi comporta una paràlisi en la construcció, tant privada com pública, i que els  solars tancats aporten sobretot problemes, en el Pla BUITS (Buits Urbans amb Implicació Social i Territorial) de l’Ajuntament de Barcelona es pot entreveure alguna cosa més que la voluntat d'evitar la degradació de determinats espais urbans. 

Si fins ara els instruments urbanístics per fer ciutat s’han basat en major o menor mesura, en la capacitat de generar plusvàlues econòmiques, un experiment orientat a extraure’n plusvàlues socials s’ha de rebre, com a mínim, amb optimisme. Nou de les catorze propostes guanyadores destinaran el seu solar a cultivar-hi fruites i verdures. En aquest sentit, el Pla Buits no és un experiment tan nou: l’àrea de medi ambient de l’Ajuntament gestiona des de finals dels anys 90 la Xarxa d’Horts Urbans, amb 12 horts que, dividits en petites parcel.les, són adjudicades a persones més grans de 65 grans i persones amb risc d’exclusió, mitjançant una cessió temporal per cinc anys. A aquests espais se’ls han de sumar les nombroses iniciatives comunitàries de creació d’horts socials que han anat proliferant a la ciutat i que han rebut un renovat impuls a partir de l’eclosió del 15M. L’hort indignat a la Plaça Catalunya ja era una declaració d'intencions que s’ha concretat en diferents espais d'horts als barris. Entre els precedents es pot citar l’hort del CSO la Vakeria a l’Hospitalet, a principis dels 90, i per la seva llarga trajectòria, arrelament al territori, projecte socioeducatiu i decidida aposta per la permacultura, és obligatori destacar els horts periurbans de Can Masdeu. Alguns exemples de com iniciatives reprimides per part dels poders públics són finalment assumides i desenvolupades, a la seva manera, per les pròpies administracions.

La principal diferència del Pla Buits respecte als seus precedents és que ha habilitat un espai, en el sentit tant simbòlic com geogràfic, de trobada entre les iniciatives ciutadanes i l’Ajuntament per a la reapropiació col.lectiva de l’espai urbà. Així, els usuaris no són persones individuals com en el cas de la Xarxa d’Horts urbans, sinó entitats sense ànim de lucre, especialment aquelles ubicades en el barri en qüestió. Tampoc es restringeix l'ús a l’agricultura urbana, tot i haver estat la proposta estrella, sinó que la convocatòria ha estat oberta a propostes d’usos educatius, esportius, recreatius, artístics, socials o qualsevulla combinació d’aquests. En una cultura del planejament urbà basada en la determinació de l’ús del sòl i en una cultura política basada en la desconfiança respecte al ciutadà, aquesta obertura i indeterminació respecte als usos suposa una innovació per part de l’Ajuntament. Així, després de l’acord de cessió, la gestió de l’espai quedarà en mans de l’entitat o les entitats ciutadanes que hagin guanyat el concurs (principalment associacions de veïns i/o entitats del tercer sector), en la línia de la gestió ciutadana d’equipaments públics que, contradictòriament, mai s’ha impulsat decididament per part del govern local, tal i com denuncia la  plataforma d’entitats per la gestió ciutadania

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