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El Ayuntamiento de Barcelona se persona como acusación en el caso del 3% de Convergència

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau

Oriol Solé Altimira

El caso del 3%, que investiga si Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) cobró comisiones de empresas a cambio de adjudicar obras públicas, tiene una nueva acusación. El juez instructor de El Vendrell (Tarragona) ha aceptado que el Ayuntamiento de Barcelona se persone como acusación particular en la causa, ha avanzado El Mundo este miércoles y han confirmado a este diario fuentes conocedoras del caso.

El consistorio que encabeza Ada Colau se siente perjudicado básicamente por una de las obras que se investigan en la causa, las del túnel de la plaza de las Glòries. Las obras de reforma de la plaza acumulan un retraso de dos años y a día de hoy están paradas después de que el Ayuntamiento, tras una auditoría reclamada por la CUP, descubriera un sobrecoste de 12 millones de euros.

Colau optó por rescindir el contrato de las Glòries que Bimsa, la empresa de obra pública municipal, había adjudicado en febrero de 2015 –a tres meses de las municipales– por 60 millones con la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Copisa, Rogasa y Benitó Arnó i Fills. La oferta que ganó el concurso fue un 24% más baja que el precio por el que se licitó la obra.

En la última operación ordenada por el juez de El Vendrell a petición de la Fiscalía, la Guardia Civil registró la sede de Bimsa y detuvo a la mano derecha del exalcalde Xavier Trias y exresponsable de Urbanismo de Barcelona, Antoni Vives, que negó haber cometido cualquier ilegalidad.

En la causa, que tiene puesto el foco en una veintena de obras públicas adjudicadas por la Generalitat o ayuntamientos convergentes, también se investiga la adjudicación por parte del Consorcio de Educación de Barcelona de un contrato para el mantenimiento de sus edificios, así como las obras en la Avenida del Paralelo o en el Mirador de las Aguas.

Por otro lado, el juez tiene todavía que pronunciarse sobre la petición de la CUP para ejercer la acusación popular en la causa. Los asamblearios ya han depositado la fianza que les solicitó el juez, por lo que la decisión del instructor no se prevé que se demore.

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