El “conseguidor” de Pretoria instó al exalcalde de Santa Coloma (PSC) a echar a la interventora

El presunto “conseguidor” de la trama de corrupción urbanística Pretoria, Luis Andrés García “Luigi”, advirtió al exalcalde de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) Bartolomé Muñoz (PSC) que “había que echar” a la interventora que estaba poniendo trabas al cambio de usos de un proyecto en el municipio y que fue la primera en denunciar la trama.

Conversaciones telefónicas reproducidas en el juicio que se está celebrando en la Audiencia Nacional han demostrado que “Luigi”, exdiputado autonómico por el PSC, se quejó de los impedimentos que ponía la interventora, si bien el exalcalde no ha reconocido en ningún momento que estuviesen hablando de ella. “¿Quién coño se ha pensado esta puta interventora que es?”, apunta en un momento de la conversación “Luigi”, que hace saber a Muñoz que ya le había dicho más veces que “había que echarla”.

La interventora, que también era directora de Servicios Económicos del ayuntamiento, puso objeciones a la segunda modificación de los usos del suelo que se llevó a cabo en un proyecto urbanístico en una zona del municipio denominada La Pallaresa. Dicha modificación reducía el espacio destinado a viviendas y aumentaba el de uso hotelero, y fue un técnico externo y no del ayuntamiento quien se encargó de realizar la memoria que avalase la viabilidad de este cambio de uso debido, según Muñoz, a “la gran cantidad de trabajo” que tenían los técnicos del ayuntamiento.

“No hay manera de que estos burros míos y la hija de puta esta se pongan de acuerdo”, dice durante la conversación telefónica el exalcalde socialista, quien añade después que “la imbécil asquerosa esa que tenemos ahí” ya ha dado el visto bueno. Muñoz no ha querido pronunciarse acerca de las conversaciones que se han podido oír hoy en la sala a petición de la Fiscalía debido a que su defensa las impugnó ayer.

No ha dicho si en esas llamadas de teléfono se estaba refiriendo a la citada interventora y ha asegurado que él tuvo una relación “completamente normal” con ella y que duda que “Luigi” la conociera. De hecho, ha manifestado que la interventora “no fue un obstáculo” y ha asegurado que este tipo de disidencias entre los interventores y los técnicos del ayuntamiento son comunes en las administraciones porque a veces “tienen diferentes opiniones o no se ponen de acuerdo”.

Lo único que él hizo, según su versión, fue decirles que se pusieran de acuerdo entre ellos: “Oye, poneros de acuerdo para solucionar un problema que tenéis vosotros, no yo”, ha explicado que les comentó a los funcionarios. Muñoz está acusado de dos delitos de cohecho cometidos al presuntamente conceder adjudicaciones irregulares de tres parcelas y al contribuir a la modificación de los usos de las mismas en connivencia con otros acusados, hechos por los que la Fiscalía pide para él 6 años y 10 meses de prisión.

Muñoz ha negado en el juicio que se valiese de su cargo para manipular concursos públicos ni que tuviese o permitiese a nadie obtener “ningún beneficio” de las adjudicaciones que otorgaba el ayuntamiento.

Alavedra negocia un pacto

Mientras las grabaciones reproducidas este martes afectan a la rama socialista de la trama, uno de los procesados convergentes, el exconseller de Economia, Macià Alavedra, negocia rebajar su pena (6 años y diez meses de prisión) con la Fiscalía.

El ministerio público esperará a conocer su declaración ante el tribunal que juzga el caso para decidir si materializa el principio de acuerdo alcanzado, lo que implicaría una rebaja de la pena que inicialmente solicitaba para él. Sí se ha alcanzado un alcanzado con la defensa de los acusados Philip MacMahan y Gloria Torres, los testaferros de Alavedra, a quienes rebajará su petición de pena en tres y dos años de prisión respectivamente a cambio de que reconozcan su implicación en la trama.