eldiario.es

Menú

El caso Pretoria sienta en el banquillo a antiguos prohombres del pujolismo y el PSC

Luís García y Bartomeu Muñoz (PSC), y los colaboradores de Pujol, Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, afrontan penas de cárcel por su presunta participación en una trama de corrupción urbanística

El juicio de Pretoria irá alternándose con el del Palau y se alargará hasta septiembre

- PUBLICIDAD -
Prenafeta cree que Pujol "no se merece la lapidación" de que es víctima

La antigua mano derecha de Pujol en la Generalitat, Lluis Prenafeta EFE

Los dos casos de corrupción que golpearon la sociedad catalana en 2009 se empezarán a resolver esta primavera. El caso Pretoria, de presunta corrupción urbanística que afecta a exdirigentes pujolistas de la vieja Convergència y al PSC, se empieza a juzgar este lunes en la Audiencia Nacional. Se alternará a lo largo de tres meses con el caso Palau, cuyo juicio ha empezado en la Audiencia de Barcelona con  las confesiones sobre la financiación ilegal de Convergència. 

De los once encausados de Pretoria, destacan, entre las filas socialistas, el exdiputado Luis Andrés García, Luigi; considerado por la Fiscalía como el cerebro de la trama y que se enfrenta a ocho años de prisión; y el exalcalde de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Bartomeu Muñoz. Pero en el banquillo también se sentarán dos prohombres del pujolismo y del llamado 'sector negocios' convergente: Macià Alavedra, conseller de Economía entre el 1990 y el 1997, y Lluís Prenafeta, el fontanero de Pujol desde la secretaría de la presidencia de la Generalitat durante la década de los ochenta. La Fiscalía solicita para Prenafeta, Muñoz y Alavedra seis años y diez meses de cárcel.

El caso estalló el 27 de octubre de 2009. Según la Fiscalía y la instrucción del juez Pablo Ruz, la trama, dirigida por Luigi, se centraba en invertir en terrenos de los municipios barceloneses de Santa Coloma, Badalona y Sant Andreu de Llavaneres, esperar a que un cambio de uso dictado por el ayuntamiento los revalorizara y, finalmente, venderlos a un precio superior.

A cambio, se habrían pagado comisiones ilegales. Para ocultar las ganancias, además, habría tejido un complejo entramado de empresas opacas en paraísos fiscales, como Suiza. Según el juez, Luigi se embolsó más de cinco millones de euros con las operaciones; Alavedra, seis; y Prenafeta, 15, cantidades que regularizaron una vez se inició la investigación. La Fiscalía acusa a los exaltos cargos de CiU y el PSC de la comisión de delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo.

El epicentro del caso se encuentra en Santa Coloma de Gramenet y en la supuesta manipulación de la operación urbanística Pallaresa a favor de la empresa Proinosa. En ella participaron, entre otros, Luigi, Muñoz y el exconcejal de Urbanismo de Santa Coloma, Manuel Dobarco, otro de los once acusados. En 2001 se licitaron los terrenos por 11,2 millones, y tras posteriores modificaciones urbanísticas para revalorizar los terrenos se vendieron por cerca de 28 millones en 2005.

De Santa Coloma también forma parte del caso el concurso de del contrato de limpieza de edificios, dependencias municipales y centros públicos docentes del municipio, que Muñoz habría manipulado a favor de la empresa Limasa, del acusado Manuel Carrillo.

Badalona y Llavaneres

Las ramificaciones menores de la trama se ubican en Badalona y Sant Andreu de Llavaneres repitiéndose el esquema de Santa Coloma con menores cantidades. Según la Fiscalía, en Llavaneres, Luigi se valió de Alavedra y Prenafeta para influir en la recalificación de unos terrenos y usó las empresas del segundo para repartir las comisiones. Los terrenos se compraron en 2004 pir 5,5 millones y tras las recalificaciones pactadas por la trama se vendieron un año después por 9,4 millones.

En Badalona, Luigi, Prenafeta y Alavedra habrían intervenido para revalorizar unos terrenos de cerca del Puerto a cambio de comisiones de las empresas interesadas en los mismos. La trama adquirió la finca por 12,5 millones en 2004 y en un año y medio la vendió por casi 29 millones.  La Fiscalía concluye que los acusados intervinieron en todas estas operaciones urbanísticas para conseguir "cuantiosos e ilícitos beneficios carentes de toda justificación y lógica comercial".

El juicio está previsto que tenga 26 sesiones que se repartirán hasta septiembre. Las cifras ayudan a entender el volumen de la macrocausa: el sumario tiene 30 volúmenes y más de 11.400 folios. Los once acusados está previsto que declaren los dos primeros días, el 13 y 14 de marzo, y después lo harán 135 testigos, entre empresarios, políticos y funcionarios. Entre todos ellos destaca el testimonio que pueda ofrecer el exinterventora de Santa Coloma que ayudó a destapar la trama, Maite Carol, y el de los exalcaldes de Badalona Maite Arqué y Xavier García Albiol.

- PUBLICIDAD -

Comentar

Enviar comentario

Enviar Comentario

Comentarios

Ordenar por: Relevancia | Fecha