La desobediencia política vuelve a los ayuntamientos catalanes el día de la Constitución
Nueva muestra de fuerza de los representantes municipales independentistas. Este martes seis de diciembre, cuando se conmemoran los 38 años del referéndum de la Constitución española, cientos de cargos independentistas, sobre todo de ERC, la CUP y Demòcrates de Catalunya, aunque también se han sumado algunos del PDECat, acudirán a trabajar. Para ello, la Associació de Municipis per la Independència (AMI) ha calculado este lunes que se abrirán unos 300 ayuntamientos de toda la geografía catalana.
La desobediencia a la celebración de la fiesta estatal vendrá de parte de los cargos electos, dejando fuera la desobediencia institucional para no poner en problemas a los funcionarios. Así, los edificios consistoriales no solo abrirán sino que los electos atenderán a la ciudadanía. El asunto de los funcionarios es un tema de preocupación recurrente entre el independentismo, al entender una parte que estos no deben ser violentados ni requeridos para la desobediencia mientras no haya una nueva legalidad que los ampare.
Entre los ayuntamientos de ciudades más grandes que han anunciado sumarse a la iniciativa se encuentra en de Badalona, Sabadell o Vilanova i la Geltrú, aunque la AMI ha señalado que en su computo solo se encuentran sus ciudades asociadas, por lo que el número podría subir. En total se espera que cerca de un tercio de los ayuntamientos catalanes tengan actividad y que en torno a 3.000 electos municipales, más de un 10% de ellos alcaldes, acudan a trabajar. A la iniciativa no se han sumado otros ayuntamientos grandes, como el de Barcelona, y tampoco instituciones como el Govern o el Parlament llevarán a cabo actos en esta línea.
Los electos que acudan a trabajar leerán a las 12 horas un manifiesto conjunto en las puertas de los consistorios, mediante el que subrayarán su compromiso con el proceso soberanista y denunciarán la llamada “judicialización de la política”, que critican al Gobierno central. Durante los últimos meses, decenas de ayuntamientos han sido requeridos por los tribunales para entregar documentación relativa a las actuaciones de sus concejales, sobre todo a raíz de las mociones de apoyo a la declaración rupturista del 9 de noviembre de 2015, aprobada por el Parlament.
La jornada convertida en reivindicación soberanista será la segunda de estas características, después de que el pasado 12 de octubre, día de la fiesta nacional española, varios ayuntamientos abrieran sus puertas. De ellos, el que más repercusión tuvo fue el de Badalona, cuyos concejales fueron llamados a declarar por un presunto delito de desobediencia, por haber abierto las puertas del ayuntamiento pese a una orden judicial contraria.
Este martes se prevé que el número de cargos electos que se sumen a la desobediencia simbólica se multiplique exponencialmente respecto al 12-O, pero en este caso no habrá consecuencias judiciales. Así al menos lo ha anunciado el nuevo delegado del Gobierno en Catalunya, el exdiputado del PP Enric Millo, quien ha asegurado que no tomará medidas preventivas siempre que no se obligue a trabajar a funcionarios.
Millo, que se ha convertido en la cara de la supuesta “operación diálogo” del Estado con Catalunya, ha rebajado la virulencia contra los regidores que deseen trabajar, marcando claras distancias con su predecesora, María de los Llanos de Luna, que con motivo de la fiesta nacional española interpuso el recurso contencioso-administrativo contra el ayuntamiento de Badalona. “Si hay políticos electos que este martes consideran oportuno dedicarse a atender sus cuestiones políticas, que hagan lo que crean oportuno. Se ha de respetar. Yo también trabajaré”, ha asegurado Millo.
