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El juez que ha ordenado las detenciones reactiva por su cuenta una causa iniciada en febrero por una denuncia de Vox

La Fiscalía no ha sido consultada, pero no se ha opuesto a las detenciones de una docena de cargos de la Generalitat y a los nueve registros

Fuentes judiciales muestran su malestar por la decisión del juez Ramírez Sunyer de no inhibirse en favor de la investigación iniciada por el TSJC

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Doce detenidos, entre ellos altos cargos del Govern, y registros en la Generalitat

Mossos y guardias civiles, en la conselleria de Economía EFE

El titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, ha ordenado este miércoles a la Guardia Civil detener a una docena de personas, entre ellas varios altos cargos de la Generalitat, sorteando la investigación del referéndum que ya está en manos del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y sin consultar a la Fiscalía.

La orden del juez se ha cursado de oficio, es decir, sin pedir un informe a la Fiscalía para que el ministerio público valorara las detenciones y los registros. Fuentes de la Fiscalía General del Estado han explicado que a la Fiscalía de Barcelona el único documento del juez que le ha llegado es el auto en que el magistrado ordenaba a la Guardia Civil una docena de detenciones y nueve entradas y registros en consejerías de la Generalitat, entes dependientes del Govern y una nave industrial. 

Las mismas fuentes fiscales han indicado que el ministerio público, aunque no ha sido consultado por el juez, no se ha opuesto a la decisión.

Por otro lado, fuentes judiciales han mostrado su inquietud y su malestar por la orden de Ramírez Súñer. Estas fuentes han recordado  que desde hace diez días el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ya investiga a todo el Govern por el 1-O al estar imputados el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, y todos los consellers, que son aforados ante el TSJC.

Las mismas fuentes han considerado que, una vez el TSJC empezó a investigar a todo  el Govern por el referéndum, el juez de instrucción debería haberse inhibido a favor del alto tribunal catalán. Otras fuentes jurídicas van más allá y consideran que Ramírez Sunyer ya debería haber dejado la causa cuando en julio el TSJC empezó a investigar a la consellera de Gobernación, Meritxell Borràs, por la compra fallida de urnas.

El juez Juan Antonio Ramírez Sunyer lleva  desde el pasado mes de febrero investigando bajo secreto de sumario los preparativos del referéndum a partir dos denuncias, una del partido de ultraderecha VOX y otra del abogado Miguel Durán, a raíz de las polémicas declaraciones del juez y exsenador de ERC, Santiago Vidal.

En la causa de Ramírez Sunyer están imputados, por revelación de secretos y delito informático, entre otros delitos, el propio Vidal, el secretario de Hacienda, Lluís Salvadó (uno de los detenidos este miércoles), y el asesor del Govern y exmagistrado del Constitucional, Carles Viver Pi-Sunyer. No obstante, el juez no les ha citado a declarar en los siete meses que lleva abierta la causa.

Entre las diligencias que ordenó el juez antes del verano, y que generaron críticas de la Generalitat, destacan los interrogatorios de la Guardia Civil a altos cargos de la Generalitat, así como al portavoz del Pacte Nacional pel Referèndum, la plataforma de partidos y sindicatos a favor de un referéndum pactado con el Estado, el exdiputado del PSC Joan Ignasi Elena. El magistrado también mandó a la Guardia Civil acudir al Teatre Nacional de Catalunya (TNC) para recabar la factura de un mitin de JxSí a favor del referéndum.

El juez también intervino en la polémica sobre los pitidos al himno español en partidos de fútbol. Aceptó una denuncia del  abogado Emilio Rodríguez Menéndez –un letrado de trayectoria polémica que había pasado por prisión por un delito fiscal– contra el  director general de los Mossos, Albert Batlle, por no tomar medidas para impedir que se pitara el himno en la final de la Copa del Rey. Finalmente, el juez tuvo que abandonar el caso porque Rodríguez Menéndez no abonó la fianza que le exigía el magistrado para iniciar la investigación.   

En 2004, el magistrado ordenó el ingreso en prisión de dos personas acusadas de lanzar cócteles molotov a una comisaría. Los detenidos fueron después absueltos e indemnizados por su paso por prisión, según El Confidencial.

En 2015, protagonizó otro hecho similar. Ordenó el ingreso en prisión sin fianza de una persona acusada de quemar un contenedor en una manifestación. También terminó siendo puesto en libertad tras 23 días en la cárcel por no haber pruebas en su contra.

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