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Castilla-La Mancha impugnará la reventa de derechos del Canal de Regantes de Estremera al SCRATS

Se trata de agua procedente del Trasvase Tajo-Segura y la Junta lo considera una "maniobra especulativa" autorizada por el Gobierno de Mariano Rajoy

El portavoz del Ejecutivo regional cree que se trata de un "nuevo trasvase encubierto" y apela al derecho de Castilla-La Mancha de poder disponer también del agua para crear empleo

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Trasvase Tajo-Segura

Trasvase Tajo-Segura

Castilla-La Mancha interpondrá un recurso ante al Tribunal Superior de Justicia de Madrid tras la autorización, por parte del Gobierno central de la “reventa de derechos de agua” entre la Comunidad de Regantes del Canal de Estremera, en la vecina Comunidad madrileña y el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) integrada por 28 comunidades de regadío.

El portavoz del Ejecutivo castellano-manchego, Nacho Hernando,  califica la decisión del Gobierno nacional de “maniobra especulativa” y un “verdadero mercadeo de derechos” por lo que la postura de la región será la de impugnar lo que consideran “un nuevo trasvase encubierto”. Ha recordado que mientras en la provincia de Guadalajara, municipios del entorno de la cabecera del Tajo se abastecen con cinco camiones cisterna, ahora se autoriza una venta de agua que supondría el equivalente a 500 camiones cisterna y  casi 8.000 millones de litros de agua.

La cesión de agua supera el máximo autorizado

Hernando sostiene que esta nueva derivación de agua supera en casi un 50 por ciento el volumen máximo autorizado, según el artículo 69 del Texto Refundido de la Ley de Aguas y el articulo 345 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, que establece que el volumen máximo reglamentario debe estar vinculado al volumen realmente utilizado en los últimos cinco años.

Hernando ha denunciado además la “gran presión” que esta cesión puede causar a diversos espacios de la Red Natura 2000, tanto de Madrid como de Castilla-La Mancha, tal y como se le ha hecho saber al Gobierno de España, “que decidió ignorar el informe enviado por la Consejería de Medio Ambiente y omitir las repercusiones que se podrían causar a ocho hábitats y 30 especies animales de la Red Natura 2000 comprendidos entre el embalse de Bolarque y las comunidades de regantes cedentes”.

El portavoz del Gobierno castellano-manchego ha denunciado también que  “no se ha invertido en un riego eficaz” en la zona por lo que advierte,  “si el titular de esta concesión no cumple con la finalidad por la que se otorgó la misma, se debería eliminar su derecho de aprovechamiento”.

Tambien ha resaltado que “llama poderosamente la atención” que la Comunidad de Regantes del Canal de Estremera conozca, “a dos años vista” el volumen susceptible de cesión, “lo que no hace más que corroborar la nula intención que esta Comunidad de Regantes tiene de utilizar íntegramente su concesión”. Asimismo, ha lamentado que el Gobierno de Castilla-La Mancha no haya podido acceder al expediente administrativo completo necesario para poder estudiar dicha autorización en profundidad.

En este sentido, el portavoz del Ejecutivo autonómico ha recordado que existe un caso muy similar en el cual el Tribunal Supremo ya ha dado la razón al planteamiento de Castilla-La Mancha. Una sentencia que reconoce la legitimación activa de la Junta para ser parte en los procedimientos administrativos sobre cesión de derechos respecto de aguas procedentes del trasvase Tajo-Segura.

“Con esta decisión, el Gobierno regional vuelve a situarse al lado de los intereses de esta región en materia hídrica; y es que la mitad de los empleos que se generan en la economía castellano-manchega actual están vinculados al agua”, ha enfatizado. Tras recordar que el propio SCRATS ha reconocido que cada hectómetro cúbico supone una media de 150 puestos de trabajo, Hernando ha defendido que “el agua es empleo para Castilla-La Mancha”.

“Si hacemos una suma global, todo el agua que sale de la cuenca del Tajo podría traducirse en la creación de 40.000 empleos en la región”, ha subrayado el portavoz, quien ha incidido en que Castilla-La Mancha no quiere el canon del trasvase, ha recordado en este punto que aún se le deben a la región tres millones de euros por las compensaciones derivadas del uso del trasvase,  y que su objetivo es lograr el  desarrollo que posibilita el agua y los 650 millones de euros que genera.

Hernando ha mostrado la confianza del Ejecutivo regional en que se ponga fin a esta “lamentable” situación y que, por fin, “se escuchen las necesidades y demandas de Castilla-La Mancha”. Una práctica que “solamente beneficia a quienes tienen un mayor poder adquisitivo y no a los agricultores y profesionales que realmente viven del campo”, ha remarcado.  No es la primera vez que Castilla-La Mancha recurre la cesión temporal de derechos de uso de agua desde esta comunidad de regantes madrileña.

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