Primeras reclamaciones de los casos “más sangrantes” de dependientes
“El miedo hace ya 40 años que terminó”. Con esta frase ha querido agradecer José Luis Gómez-Ocaña, presidente de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha, la labor llevada a cabo por todos aquellos que han ayudado a este colectivo a gestionar hasta 1.943 solicitudes de reclamación de dependientes. Se trata de las peticiones que están realizando todos aquellos afectados por la anulación de la aplicación de la Ley regional de Dependencia que dictaminó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM). De ellas, los primeros cien casos han sido presentados hoy ante el registro del Gobierno regional.
Se trata de los casos “más sangrantes” y consisten en reclamaciones previas a cualquier demanda judicial que se haga posteriormente por la vía contencioso-administrativa, donde los afectados exigen la devolución de todas las prestaciones y servicios que propició el desarrollo de la Ley, anulado por los tribunales, y que ahora “tienen que ser repuestas”.
“Es un día especial, es jornada de reflexión, y hemos aguantado hasta el último momento para ver si la presidenta y todavía candidata (María Dolores de Cospedal) cumplía la palabra que dio en un mitin diciendo que nos invitaba a ver cómo hay que tratar a los dependientes. Hemos esperado hasta el viernes a las 00.00 horas. Le dijimos que cuando quisiera, como quisiera y donde quisiera y por enésima vez el silencio ha sido la respuesta”, afirma Gómez-Ocaña.
Entre las cien reclamaciones interpuestas hoy, se encuentra el caso de Jomián, cuya madre reclama, después de muerto su hijo, lo que se le privó por una Ley “que nunca tendría que haberse aplicado”. Otro de los casos es el de una mujer gran dependiente. Su marido, en la misma situación, murió al año sin recibir nada, y a los siete días falleció también su hijo, encargado de cuidarla. Ella cumplió la ley y notificó la muerte de su hijo para un cambio de cuidador. La Administración le hizo una revisión de oficio y le retiró la prestación.
Con carácter general, la Plataforma entiende que va a haber un “aluvión de reclamaciones y de denuncias ante el juzgado”, con “mucho dinero que se va a tener que devolver y que vamos a tener que pagar entre todos”. La esperanza que tienen es que el nuevo Gobierno que salga de las urnas “por lo menos tenga la sensibilidad de no obligar a las personas dependientes a tener que ir a los tribunales a reclamar algo que nunca se les debería haber retirado”.
Cualquier demanda presentada se “va a ganar”
Todos estas reclamaciones son preceptivas para pedir que se devuelvan las prestaciones quitadas. En el caso de que no obtengan respuesta, los afectados tendrán que hacer reclamaciones individuales porque cada caso es distinto. Gómez-Ocaña está convencido de que cualquier demanda que se presente “es absolutamente seguro que se va a ganar”, y no solamente se tiene que devolver lo retirado “sino aplicar los intereses desde que se hizo esa retirada”.
El presidente de la Plataforma ha querido dar las gracias a los trabajadores sociales que han colaborado en este proceso. “Se han portado muy bien, a pesar del miedo que la Administración les ha metido, la mayor parte se ha implicado y han recogido reclamaciones, solicitándonos el modelo de reclamación para hacerlo”, detalla. “Ya está bien de que el miedo –añade- siga imperando en esta Comunidad; estamos en un país teóricamente democrático, y el miedo hace ya 40 años que terminó”.
Este colectivo calcula que son en torno a 30.000 las personas afectadas por la anulación judicial, entre las que han visto cómo se les rebajaba el grado y se han quedado sin prestación, las que tienen ahora la cuantía rebajada, las que se han quedado sin ayuda a domicilio, o a las que se han aplicado incompatibilidades.
