El despoblamiento y la participación ciudadana, retos del área de Presidencia de la Junta en 2018
Este lunes ha comenzado la ronda de comparecencias por parte del Gobierno regional para explicar, en la Comisión de Economía y Presupuestos, el proyecto de Ley de Presupuestos para el 2018. El primero en comparecer ha sido el vicepresidente primero del Ejecutivo autonómico, José Luis Martínez Guijarro, para desgranar el presupuesto de Presidencia para el año que viene, en el que el protagonismo recaerá en acciones orientadas a combatir el despoblamiento, a fomentar la Participación Ciudadana y a mejorar en Transparencia.
Martínez Guijarro ha sido el encargado de detallar el presupuesto de Presidencia para 2018, en el que se incluye la Vicepresidencia Segunda y la Consejería de Coordinación del Plan de Garantías, los nuevos órganos a cargo de Podemos. Tanto el vicepresidente segundo, José García Molina, como la consejera, Inmaculada Herranz, han estado presentes en la Comisión de Presupuestos, aunque solo como apoyo, ya que Martínez Guijarro ha sido el encargado de exponer el presupuesto para su área de forma global. Eso sí, García Molina sí ha tomado la palabra en algún momento de las más de seis horas de comisión, principalmente para responder a las críticas del PP hacía su departamento.
La sección de la Presidencia de la Junta va a contar con un presupuesto de 58 millones de euros, un 2.2% más que el actual ejercicio 2017. “Estos 58 millones representan el 0.6% del total de los presupuestos y en esa cantidad se encuentra incluida la cantidad dirigida a RTVCM”, ha explicado Martínez Guijarro. Los gastos de personal suponen un incremento del 4,68 por ciento debido a tres razones; dos de carácter general, como son la subida salarial del uno por ciento y el aumento derivado de la aplicación del Acuerdo de la Mesa General de Negociación de los empleados públicos de la Junta de 1 de febrero de 2016, y la tercera, por la modificación de la estructura orgánica de la Presidencia.
Con este presupuesto se pretende implementar e impulsar la estrategia de la lucha contra el despoblamiento. “Queremos desarrollar la Inversión Territorial Integrada (ITI), que es una estrategia que coordina los tres fondos estructurales con los que cuenta la comunidades autónoma, la Estrategia, FEDER, Fondo Social Europeo y el Fondo de Desarrollo Agrario para implementar actuaciones e inversiones que mejoren las condiciones en los pueblos o zonas que tienen problemas de despoblamiento”, señala Guijarro. Esta actuación está dirigida a un total de 623 municipios de Castilla-La Mancha de los cuales 37 pertenecen a la provincia de Albacete; 26 a la de Ciudad Real, 238 a la provincia de Cuenca; 262 a la provincia de Guadalajara y 60 a la comarca de Talavera de la Reina (Toledo).
Por otra parte, el vicepresidente primero del Gobierno regional ha señalado que se va a seguir desarrollando la Ley de Transparencia y Buen Gobierno en 2018 con dos objetivos: por un lado, para la aplicación de un Código Ético para los altos cargos y asimilados de la Junta, y por otro lado, para la creación y puesta en funcionamiento del Registro de Grupos de Interés de Castilla-La Mancha que permitirá asegurar que los grupos que traten de influir en los procesos de toma de decisión tengan que figurar en este registro.
Finalmente, la Oficina de Transparencia y Buen Gobierno impulsará y coordinará la actividad estadística regional que se centrará fundamentalmente en extender la colaboración con instituciones estatales con el fin de poder obtener, organizar y analizar una mayor cantidad de información estadística relativa a la región. Ademas, Guijarro ha explicado que mantener la Vicepresidencia Segunda que ostenta el líder de Podemos, José García Molina, costará 613.000 euros para su estructura y funcionamiento.
Participación Ciudadana
Durante su comparecencia, José Luis Martínez Guijarro ha destacado que la futura Ley de Participación Ciudadana de Castilla-La Mancha regulará “un nuevo modelo de participación en el que el ciudadano pueda intervenir sin necesidad de integrarse en ningún órgano administrativo”. Con este Ley “se busca no solo incentivar la participación en los temas propuestos por los poderes públicos, sino también permitir la apertura de procesos participativos a instancias de los ciudadanos”.
Por este motivo, Martínez Guijarro ha añadido que se habilitará un Portal de Participación Ciudadana en el que se promoverá la participación en las políticas públicas a través de diferentes canales de comunicación, facilitando información sobre los instrumentos de participación ciudadana e impulsando espacios para la presentación de opiniones, aportaciones y propuestas, así como foros de debate.
PP: “Page destina 2,3 millones más en asesores y altos cargos que en 2015”.
La diputada del PP, Ana Guarinos, ha sido la encargada de fijar la posición de su Grupo Parlamentario, y ha comenzado criticando que sólo Martínez Guijarro haya dado explicaciones y no hayan comparecido ni el vicepresidente segundo, José García Molina, ni la consejera del Plan de Garantías, Inmaculada Herranz. “Debe de ser que no tienen nada que decir o que sus consejerías no tienen competencias”.
En relación con el presupuesto, Guarinos ha denunciado que los presupuestos regionales “carecen de credibilidad y responden a los intereses de Page y Podemos”. La 'popular' ha asegurado que el presupuesto sube el dinero destinado a los altos cargos y al personal eventual “que ha ascendido a 2,3 millones de euros más que lo que se destinaba en 2015”.
Además de esto, Ana Guarinos ha señalado que los agricultores están “abochornados” con estos presupuestos, porque “congelan las primas y no contemplan actuación para la plaga de conejos que asola nuestro campo”. En cuanto a Sanidad, la 'popular' ha lamentado que estos presupuestos “no consolidan las partidas para infraestructuras hospitalarias, ni para mejora en tecnología en los hospitales”. Además, en Educación, el PP ha denunciado que Emiliano García-Page ofrece contratos “precarios” a un tercio de jornada por menos de 400 euros.
Además, la dirigente popular ha lamentado que los presupuestos regionales no contemplan “la recuperación de las prestaciones a 4.000 familiares de dependientes que han perdido su prestación con Emiliano García-Page” y, en cuanto a la Universidad de Castilla-La Mancha, “la propia UCLM ya ha dicho que la cantidad es insuficiente para cubrir ni tan siquiera los gastos de personal”, ha señalado.
Por su parte, el vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José García Molina, ha querido responder a las críticas sobre la UCLM, recordando que con el Gobierno del PP “se llegaron a presupuestar 98 millones de euros, lejos de los 140 de estos presupuestos”. “¿Qué lección me quieren dar ustedes en cuanto a amor a la UCLM?”, ha preguntado al PP, recordando que con el Gobierno de María Dolores de Cospedal, a los profesores se les echaba de las instalaciones a partir de las 20.00 horas para ahorrar en la factura de la luz.
PSOE: “Los presupuestos de 2018 son la base para recuperar el Estado del Bienestar”
El diputado del PSOE Rafael Esteban, por su parte, ha destacado entre otras cuestiones, la importancia de las políticas previstas para favorecer las zonas más despobladas de la región. La parlamentaria Pilar Callado, por su parte, ha celebrado que el presupuesto crezca “tras años de recortes” en la pasada legislatura, y se ha dirigido al PP para preguntar si le parece bien “este incremento”. “Es el contrapunto a los recortes brutales del Gobierno del Partido Popular”.
Podemos: “Estamos demostrando que se puede hacer mucho más con menos”
La diputada de Podemos en las Cortes, María Díaz, ha asegurado que este proyecto de Ley de Presupuestos para 2018, viene a reflejar “que se puede hacer mucho más con menos, trabajando más por la gente y con la gente y con menos ruido y mas eficacia e invirtiendo más en los servicios públicos con más recursos reales y menos problemas inventados”.
Díaz ha destacado que se ha conseguido “mayor” trasparencia e información del sector con la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, pero además “hemos conseguido satisfacer el derecho fundamental a la participación con la futura Ley de Participación”.
“Estamos orgullosos de que el plan Podemos sea una realidad y me gustaría resaltar, que haya en el Plan de Garantías un incremento 23.8 millones de euros lo que supone que es fruto de nuestro compromiso y que no solo se trata de invertir más sino de una manera más eficiente y rápida”, señala Díaz.
