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Aprobada por consenso la Ley que multará opacidad en altos cargos y regulará ‘lobbies’

La Ley de Transparencia y Buen Gobierno es la primera norma aprobada en la legislatura de García-Page, un compromiso del fallido pacto con Podemos

Los altos cargos deberán presentar en un mes declaraciones responsables de buen gobierno. El Consejo de Transparencia y el registró de ‘lobbies’ se crearán antes de seis meses.

Incorpora propuestas del PP como la actuación de oficio de las entidades, pero se ha rechazado su petición de eliminar la segunda vuelta en la elección de los miembros del Consejo de Transparencia

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Emiliano García-Page y José Luis Martínez Guijarro en las Cortes regionales / JCCM

Emiliano García-Page y José Luis Martínez Guijarro en las Cortes regionales / JCCM

Es la primera Ley que las Cortes de Castilla-La Mancha aprueban en la presente legislatura y forma parte del acuerdo de investidura entre PSOE y Podemos que la formación morada dio por roto a principios de octubre. La Ley de Transparencia y Buen Gobierno ha recibido luz verde del Parlamento regional por consenso de los tres grupos políticos, con algunas mejoras respecto al texto inicial incorporadas vía enmiendas al dictamen que aprobó la Comisión de Asuntos Generales a principios de diciembre. Mediante esta norma, y como principales novedades, se multará la opacidad de los cargos públicos de la Administración castellano-manchega y se creará un registro de grupos de interés o ‘lobbies’ de la comunidad autónoma.

El vicepresidente de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, ha explicado que esta norma va “más allá” de una obligación y de trasponer a la región la Ley estatal de Transparencia aprobada en 2013, ya que esta última es una “norma de mínimos” que ahora “se supera”. Según ha dicho “va a suponer mayor poder del ciudadano para controlar a la Administración y a quienes se relacionan con ella”. También ha destacado el hecho de su aprobación “con el valor añadido” del consenso y ha resaltado la implantación de la división de poderes y de los sistemas de rendición de cuentas de los servidores públicos como los dos pilares en los que se asienta.

“La transparencia contribuye a la regeneración democrática, a una administración cercana, sostenible, eficiente y digital, y por tanto al empoderamiento de la ciudadanía”, ha añadido, pero también ha querido recordar que en Castilla-La Mancha ya hace de más de 20 años que se tomo la decisión de que los altos cargos publicaran bienes y actividades, lo que “hoy todo el mundo ve como una absoluta necesidad”.

Del mismo modo, ha agradecido las sugerencias y aportaciones que ha recibido la norma desde su publicación hace un año, por parte de asociaciones, entidades, fundaciones y partidos políticos y que han contribuido a mejorar la definición de altos cargos y a concretar la publicidad de conciertos con entidades que no suponen un proceso de licitación propiamente dicho.

Cuentas abiertas, acceso a la información y declaración responsable

Asimismo, ha pasado a resaltar algunas singularidades de la Ley como las “cuentas abiertas”, que imponen al sector público la obligación de dar publicidad detallada de las cuentas bancarias de las que es titular; el derecho de acceso a la información pública y su reutilización, unificando procedimientos que en la legislación estatal son diferentes; la obligación de la declaración responsable de altos cargos y asimilados; el registro de grupos de interés o ‘lobbies’ y la imposición a sus miembros de un código de conducta que garantice una actuación ordenada de su influencia; y la creación del Consejo regional de Transparencia y Buen Gobierno adscrito a las Cortes.

Finalmente, se ha referido a los plazos para la puesta en marcha de algunas de estas medidas. Así, en seis meses desde la entrada en vigor de la Ley deberá realizarse el Código Ético para la Administración regional, las adaptaciones tecnológicas en el Portal de Transparencia para su adecuación a la norma, la constitución del Consejo regional de Transparencia, y el registro de ‘lobbies’. Por otra parte, se abrirá un plazo de tres meses para que la Escuela de Administración Regional inicie la formación a empleados públicos que facilite el desarrollo y aplicación de la ley; y en un mes los altos cargos y asimilados deberán presentar sus respectivas declaraciones responsables de buen gobierno.

El proyecto de Ley ha recibido 73 enmiendas, de las cuales 36 han sido aceptadas y 26 han sido aprobadas por unanimidad, tanto de Podemos como del PP. En la votación del dictamen, por tanto, el Grupo Popular ha defendido las 21 que ha mantenido vivas. El portavoz parlamentario, Francisco Cañizares, ha sido el encargado de detallarlas. Entre las mismas se encontraba la obligación del tope de 30 días para la aportación de datos solicitados por el ciudadano (que el PSOE ha rechazado porque en la Ley ya se establece que la información se proporcione en tiempo real), aclarar el concepto de cuentas abiertas (también rechazada por estar ya incorporado en la Ley de Hacienda) y publicar cargos y puestos de liberados sindicales, donde el PSOE ha argumentado que no hay definición legal de esa figura.

Por el contrario, otras propuestas de los ‘populares’ se han incorporado al texto vía enmiendas transaccionales como la obligación de las entidades de actuar de oficio en materia de transparencia, y no cargar siempre en la ciudadana las peticiones de información.

El nombramiento de los miembros del Consejo de Transparencia

El escollo se ha producido en cuanto a la elección de los miembros de la Comisión Ejecutiva del futuro Consejo Regional de Transparencia. El PP ha pedido que su elección solo pueda hacerse mediante mayoría cualificada, pidiendo que se elimine una segunda vuelta con mayoría absoluta, con el objetivo de “obligar al consenso”. Los socialistas han rechazado esta posibilidad apuntando a la necesidad de “evitar bloqueos” en los nombramientos.

Por su parte, el portavoz de Podemos, José García Molina, ha querido destacar que la formación morada ha sido la “impulsora y promotora” de la Ley. Este grupo ha incorporado algunas enmiendas durante su trámite en comisión, como las referidas a los contratos públicos. Pero García Molina ha pedido a PP y PSOE que se pongan de acuerdo a nivel estatal para eliminar las limitaciones que impone la Ley estatal de Transparencia y ha pedido que la aplicación de esta nueva normativa regional sea efectiva y no se quede en “papel mojado”.  

Desde el PSOE, el diputado Rafael Esteban ha incidido en que la transparencia, antes de la aprobación de esta Ley, ha sido la “seña de identidad” de la comunidad autónoma y se ha sumado al “espíritu de consenso” manifestado por los tres grupos parlamentarios, a quienes ha agradecido sus aportaciones. “Nos creemos su importancia para la ciudadanía y ahora debemos realizar su desarrollarlo entre todos para que su objeto final pueda llevarse a cabo con las garantías con las que se aprueba”, ha concluido.

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