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Podemos pide publicitar los contratos públicos con empresas de más de 100.000 euros

Así lo solicita en una de las enmiendas presentadas al proyecto de Ley de Transparencia, donde también quiere la inclusión del personal eventual

Por su parte, el PP demanda que los alcaldes y concejales de municipios de más de 5.000 habitantes también se incluyan en la normativa

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Foto: Transparencia Internacional

Foto: Transparencia Internacional

El proyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, una de las normativas ‘estrella’ del Ejecutivo de Emiliano García-Page, ya ha iniciado su tramitación parlamentaria con la presentación de las enmiendas. Entre los aportes más significativos se encuentra uno realizado por el Grupo Parlamentario de Podemos, que quiere que se incluya a las entidades privadas que contraten más de 100.000 euros anuales con la Administración, en los sujetos obligados a la transparencia. Precisamente, esta idea fue también incorporada en el proceso de alegaciones del anteproyecto aunque desechada en la memoria posterior.

En este momento, el texto de la ley establece que serán objeto de la misma los partidos políticos, las organizaciones sindicales y empresariales, las federaciones de partidos, las agrupaciones de electores, y las entidades privadas y otras entidades que perciban durante el periodo de un año ayudas o subvenciones públicas en cuantía superior a 60.000 euros o cuando al menos el 40% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, y siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros.

Podemos propone que se añada un nuevo apartado donde también tengan estas obligaciones las entidades privadas que mediante contratos con la administración, reciban más de 100.000 euros al año o cuando, al menos, el 40% de sus ingresos anuales tengan origen en la contratación con las administraciones públicas o sus organismos dependientes. El matiz lo incorpora en el término “contrataciones” y en el aumento de la cuantía anual.

Otra de las enmiendas presentadas por la formación morada pide que la publicación de datos abiertos se realice en “formatos legibles por ordenadores” y reutilizables para facilitar el acceso a la información por parte de los ciudadanos. Además también registra una enmienda de adición donde, en el apartado referido a la información sujeta a publicidad, pide que se identifique a las personas que ocupan puestos de personal eventual o, en su caso, su equivalente personal de confianza o asesoramiento especial.

Igualmente, en cuanto a la publicación de las modificaciones de los contratos públicos formalizados, así como las prórrogas y variaciones del plazo de duración, y su demora o suspensión, Podemos pide que se incorpore en todos los casos el órgano autorizante de tales contrataciones. Finalmente, presenta una enmienda de modificación en la parte referida al denominado Registro de Grupos de Interés: al articulado que habla de identificación y control este partido añade que toda la información sea “pública y accesible” desde el Portal de Transparencia.

Entre las enmiendas aparece igualmente una pactada entre PSOE y Podemos, en la que se modifica la disposición adicional segunda de la ley relativa al Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha. El proyecto de ley establece que este órgano se ajustará a lo establecido por la legislación básica en materia de transparencia. A ello se añade que este precepto se realizará “en relación con sus actividades sujetas al Derecho Administrativo, sin perjuicio de su autonomía organizativa para la determinación de la unidad competente en materia de información pública y para la resolución de las solicitudes de acceso a la información”.

Enmiendas del Grupo Popular

Por su parte, entre las enmiendas presentadas por el Grupo Popular, las más significativas son las que piden la incorporación de los alcaldes y concejales de los municipios con población superior a 5.000 habitantes como sujetos obligados a la transparencia, lo que solicita incorporar en varios apartados del proyecto de ley. También quiere incluir el régimen y costes de los liberados sindicales, especificando el sindicato al que están adscritos.

Otras incorporaciones del PP aluden a que se considere como una infracción grave cuando el autor hubiera sido sancionado por dos infracciones graves a lo largo del año anterior contra las que no quepa recurso en la vía administrativa; y también cuando un alto cargo haga pública documentación a la que ha tenido acceso por su cargo, o la realización de actos encaminados a coartar el libre  ejercicio del derecho de huelga o acoso laboral.

Finalmente, en otra enmienda, los ‘populares’ quieren que se califique de infracción grave la negligencia en la custodia de secretos oficiales, el notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o "la violación de la imparcialidad utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito”.

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