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¿Cómo funcionarán las oficinas antidesahucios de Castilla-La Mancha?

Los requisitos para acceder a la intermediación y asesoramiento son el empadronamiento en la región y que el posible desahucio recaiga sobre una vivienda única

Se considerarán prioritarias aquellas solicitudes que vengan derivadas de los Servicios Sociales de Atención Primaria, acompañadas del correspondiente informe social

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Foto: EUROPA PRESS

La puesta en marcha de las seis oficinas antidesahucios de Castilla-La Mancha ha abierto la posibilidad de que muchas familias puedan hacer uso de recursos públicos para evitar perder su vivienda habitual. Se trata de una promesa del Gobierno de Emiliano García-Page que se ha materializado mediante un acuerdo con los colegios de abogados de la región y con el Colegio de Trabajadores Sociales, los dos gremios que trabajarán en estos nuevos centros para asesoramiento, asistencia, intervención e intermediación. De momento, seis trabajadores sociales se han incorporado a las oficinas, ubicadas en las direcciones provinciales de la Consejería de Fomento, para comenzar esta labor.

Son destinatarios de estas oficinas, familias o unidades de convivencia residentes en municipios de Castilla- La Mancha y empadronadas en los mismos, que sean propietarios de una vivienda situada en dichos municipios y que constituya su domicilio habitual y único, y que puedan verse afectadas por situaciones de riesgo y/o desamparo habitacional que puedan derivar en ejecuciones hipotecarias, o que ya se encuentren inmersas en procedimientos de ejecución hipotecaria.

Los requisitos para acceder al Programa son que se trate de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca que recaiga sobre la única vivienda en propiedad del deudor, que la vivienda hipotecada sea la única que posee y se encuentre en el territorio de Castilla- La Mancha, y que el titular se encuentre empadronado en un municipio de la región. El objetivo fundamental de esta iniciativa es facilitar a estas personas, tanto una vía de comunicación e intermediación con la entidad acreedora, como un cauce asesoramiento para encontrar una solución consensuada. En última instancia se trata de evitar, siempre que sea posible, los lanzamientos derivados de procesos de ejecución hipotecaria.

Las líneas de actuación concretas seguirán varios pasos. Según el contenido del convenio, el personal primero procederá a la gestión y recepción de solicitudes, apertura de fichas personales, recogida de datos y primera recepción de los demandantes del programa. Con ello se dará una primera acogida a las personas demandantes. Posteriormente, se otorgará a los interesados una primera información sobre los recursos de asistencia jurídica y social.

Es entonces cuando se realizará una fase de filtración de la asistencia jurídica que precise cada caso concreto, en atención a las necesidades marcadas en sus solicitudes por los afectados. Tras ello, será cuando se elaboren los informes sociales relativos a los usuarios del Programa. De cualquier forma, se considerarán prioritarias aquellas solicitudes que vengan derivadas de los Servicios Sociales de Atención Primaria, acompañadas del correspondiente informe social.

Acceso a bolsas de vivienda, asesoría legal y seguimiento

Desde las oficinas también se informará a los interesados sobre la posibilidad de acceder a las bolsas de vivienda de alquiler y otros regímenes de los que dispongan las distintas administraciones públicas y, en su caso, las entidades financieras. Servirán por tanto para centralizar la información y evaluar los resultados de las actuaciones realizadas. Además, en cada caso concreto, se designará un profesional de referencia de entre los que dan servicio en cada oficina para la coordinación de labores.

En cuanto al asesoramiento jurídico y la intermediación, cuando sean necesarios, se llevará a cabo por el Colegio de Abogados en cuya demarcación radique el inmueble que constituya la vivienda habitual del demandante. Serán los colegios los que designen a los letrados que prestarán este servicio y no podrán atender de forma privada la defensa de los intereses de los usuarios.

En el convenio firmado también se establece que tanto el Colegio Oficial de Trabajo Social de Castilla- La Mancha como cada Colegio de Abogados presentarán trimestralmente a la Consejería de Fomento una memoria de las actividades llevadas a cabo en relación con el Programa.

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