El PSOE lleva al Tribunal Constitucional los 1.400 millones de indemnización a los dueños de Castor
La Permanente del PSOE aprobó este lunes presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el pago de la indemnización de 1.400 millones por la plataforma Castor.
El secretario general del PSPV y candidato a la presidencia de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha considerado “injusto” el pago de la indemnización y denuncia la “nocturnidad y alevosía” con la que, a su juicio, ha actuado el PP para pagar a la empresa los 1.400 millones de euros que repercutirán en el recibo del gas durante los próximos 30 años, es decir, que “la compensación a la concesionaria de Castor se irá cargando al recibo del gas de los consumidores por lo que la pagaremos todos”.
Además, ha denunciado que “la forma de hacerlo no es casual porque el PP ha utilizado un Real Decreto Ley cuando, ha explicado, ”la extinción de la concesión como la cuantificación de la compensación podían haberse realizada mediante resolución administrativa“. En este sentido, Puig ha incidido en que ”todo se ha decidido a una velocidad sospechosa y por Decreto, como si lo prioritario fuera indemnizar a la empresa y lo secundario salvaguardar el interés público“.
Por todo esto, ha destacado que desde la perspectiva jurídica constitucional, existen algunos aspectos que justifican la presentación de un recurso por parte del Grupo Parlamentario Socialista como es la de adoptar la norma a través de un Real Decreto Ley “sin que exista motivación suficiente respecto de la urgencia”; fijar, por decisión legal “y sin otro tipo de alternativas”, una indemnización determinada al concesionario,“ sin haber agotado las otras vías jurídicas”, como también “restringir con la posibilidad de los ciudadanos de recabar la tutela judicial frente a las determinaciones de la norma”, por provenir esta decisión y articulación del pago de una ley que fija estos criterios de “manera singular”.
Ante todo esto, Puig ha incidido en que “la indemnización exprés, sin transparencia y mediante un Real Decreto Ley para evitar cualquier tipo de dilación o discusión sobre el asunto, es en exclusiva responsabilidad de Rajoy, y de ninguna manera, de ningún Gobierno anterior”.
Para Puig, “este recurso tiene que ser la voz de los millones de ciudadanos que ven como su Gobierno toma de forma urgente todas las medidas necesarias cuando se trata de ayudar a una empresa multinacional y ninguna cuando se trata ellos”. “La legalidad, los contratos, hay que cumpliros, con imparcialidad y sin ventajas”, agrega Puig.
Además, recuerda que en el año 2012, “con la llegada del Rajoy”, se produjo una modificación “contractual, se extendió de 5 a 25 años el periodo de abandono voluntario a cambio del valor neto de la planta”. “La cláusula expiraba en 2013 y Escal no habría podido dejar la planta y cobrar como ha hecho ahora”, concluye.
