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La Generalitat pagó a la Púnica 60.000 euros por informes que no aparecen

Compromís denuncia que Cotino, Blasco y Font de Mora abonaron trabajos inexistentes para pagar una campaña electoral del PP

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Fran Ferri, portavoz de Compromís, en las Corts Valencianes.

Fran Ferri, portavoz de Compromís, en las Corts Valencianes.

La Generalitat pagó 61.000 euros a una empresa de la trama Púnica por varios informes que no existen o al menos no aparecen. Según Fran Ferri, portavoz de Compromís en las Corts Valencianes, los trabajos fueron encargados por la Conselleria de Educación (dirigida por Alejandro Font de Mora), la de Solidaridad (Rafael Blasco, en prisión por el caso Cooperación) y Medio Ambiente (Juan Cotino, salpicado por varios asuntos turbios).

Ferri ya denunció en su día la existencia de los encargos a Geico, la empresa del conseguidor valenciano de la Púnica, Alejandro de Pedro. La novedad es que los informes no existen. Compromís ha solicitado los 16 trabajos a las consellerias implicadas (Ocho de educación, siete de Medio Ambiente y uno de Solidaridad) y ninguna los ha encontrado. En la coalición valencianista están convencidos de que no existen.

Compromís llevará los hechos ante el Tribunal de Cuentas, el órgano fiscalizador de las finanzas de las administraciones y los partidos. "Como se desprende de la investigación de la causa judicial abierta, De Pedro facturaba a la administración por unos conceptos cuando presuntamente lo que acababa haciendo son trabajos para las campañas electorales del PP", aseguró Ferri en su día. Los trabajos se encargaron entre 2010 y 2011.

En apariencia, eran sobre cuestiones menores, pero muy bien pagados. 4.000 euros por abrir una cuenta de Facebook y Twitter o 6.000 euros para hacer búsquedas en Google. Eso sí, bajo nombres pomposos: “Estudio, puesta en marcha y parametrización de perfil red social Facebook y Twitter” o “Escucha activa mensual en Medios Digitales, Redes Sociales y Blogosfera”.

Las facturas en muchas ocasiones no se pagaban por los cauces habituales como estipula la normativa vigente, tal vez para evitar la crónica morosidad de la administración valenciana, sino que eran satisfechas de forma inmediata por las mismas consellerías mediante pagos de caja fija, un procedimiento que evitaba esperas y la preceptiva fiscalización administrativa.

La Guardia Civil, bajo supervisión de la Audiencia Nacional, ha bautizado como operación Púnica a la investigación sobre varios instituciones dominadas por el PP que, básicamente, adjudicaban servicios públicos a cambio de comisiones. En principio, la ramificación valenciana del caso salpica, sobre todo,  al ayuntamiento de Gandia y a la Generalitat.

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