Sagunto y Lafarge se declaran la guerra

Sagunto, ciudad industrial, está acostumbrada a los conflictos socio-laborales. Si en los ochenta fue conocida por su infructuosa lucha contra el cierre de Altos Hornos del Mediterráneo tras la reconversión industrial impulsada por el Gobierno de Felipe González y su entonces ministro de Industria, Carlos Solchaga, hace apenas unos años volvió a salir a la calle para intentar evitar el cierre de empresas clave para el tejido industrial de la comarca -Pilkington, Galmed (reabierta en 2016, tres años después de su cierre), Bosal...-.

Ahora, un nuevo conflicto se cierne sobre la capital del Camp de Morvedre, en este caso provocado por el enfrentamiento, convertido ya en guerra abierta, entre el gobierno municipal -encabezado por Quico Fernández (Compromís), que ocupa la alcaldía gracias al apoyo de Esquerra Unida, ADN Morvedre (la marca blanca de Podemos en la localidad) y, recientemente, el PSPV- y la empresa. El motivo, la explotación de una cantera de áridos ubicada en la montaña de Romeu, a escasos kilómetros del núcleo histórico, cuyos derechos mineros posee la multinacional, pero cuya prórroga de explotación debe renovarse antes de diciembre, cuando termina la actual concesión.

El pasado martes, el pleno del ayutamiento de Sagunto debía votar -y aprobar, gracias a los votos de los concejales del gobierno municipal- un dictamen contrario a la prórroga de la explotación de áridos por parte de la empresa hasta el año 2042. Sin embargo, Lafarge recusó al secretario general del ayuntamiento y al jefe del departamento de Urbanismo por la elaboración de este informe, una recusación que forzó al alcalde a retirar los puntos referidos a esa cuestión del orden del día de la sesión.

Una vez resuelta la recusación por parte del primer edil, está prevista la celebración de un pleno extraordinario el próximo martes en el que, si no hay nuevas sorpresas, el equipo de gobierno aprobará aprobará el dictamen desfavorable a la prórroga. A partir de ese momento, deberá ser el pleno del Consell el que resuelva el conflicto al tratarse de una actividad minera declarada de interés público.

Previamente, desde la conselleria de Medio Ambiente, que es la que instruye el expediente de Ocupación de Monte Público solicitada por la empresa en enero de 2014, han actuado, sin éxito, de mediadores en este conflicto para lograr un acuerdo que permitiera, por una parte, concluir el expediente de ocupación y por otro, el traslado de la concesión minera a otra zona. Como reconocen desde Conselleria, la empresa cumple los requisitos legales exigidos por la normativa forestal para prorrogar la concesión. 

Posturas enfrentadas

Tras meses de conflicto y acusaciones cruzadas entre las partes, el enfrentamiento parece tener difícil solución. La escalada en la tensión ha ido in crescendo -en el pleno de la pasada semana se vivió uno de los momentos culminantes, con la expulsión por parte del alcalde de tres concejales del Partido Popular, un hecho inaudito en la ciudad- hasta llegar a una “ruptura total”, como reconoce Miguel Ángel Urbano, director de la planta de Lafarge en Sagunto.

Urbano defiende los derechos mineros de la empresa en la montaña de Romeu, “todavía nos quedan 13 ó 14 años en Salt del Llop, tal y como se recoge en el convenio firmado con el propio ayuntamiento en 2013”, e insiste en que es un hecho que la continuidad de la actividad de la planta cementera depende de la cantera, “no tiene sentido tener la materia prima a más de 30 kilómetros de la planta, sin materia prima no se puede producir”. Sí que se contempla el traslado a otra zona de extracción, la denominada El Pinyal, pero eso “requiere de unos plazos”.

Además, carga duramente contra el gobierno municipal, cuya actitud califica de “muy triste” cuando la voluntad de la empresa “siempre ha sido llegar a un acuerdo”. Sin embargo, apunta, “en el momento en que nos ponemos de acuerdo, aparece un convenio alternativo”. Y eso, prosigue el director de la empresa, cuando la conselleria “no ha puesto ninguna problema ni ninguna pega legal a la prórroga”.

La versión del ayuntamiento, por boca de su alcalde, Quico Fernández, es totalmente antagónica. Aunque ambos coinciden en el diagnóstico, “estamos en el momento más crítico, en un punto de no retorno”, en opinión del edil valencianista, es la empresa la responsable de que no se haya alcanzado un consenso: “Cuando prácticamente ya habíamos llagado a un acuerdo, Lafarge decidió abandonar las negociaciones, y sin negociaciones no hay posibilidad de acuerdo”.

Además, Fernández, quien asegura ha sido objeto de amenazas e insultos, ha censurado la recusación de la empresa a los dos técnicos municipales: “Pretenden que la administración se aparte, pero no hay causa para recusarlos, como sería la existencia de una enemistad manifiesta o de intereses personales”. “La recusación es una actitud de deslealtad institucional, una declaración de enemistad y una falta de respeto de Lafarge, que ha decidido jugar sucio y no negociar”.

De igual forma, el alcalde acusa a la multinacional de incumplir los acuerdos firmados: “Se han excedido en la profundidad de la cantera y la cantidad de áridos extraídos, 21.000 m3 más según los técnicos, permitidos”.

El portavoz del PP en el ayuntamiento saguntino, Sergio Muniesa, por su parte, lamenta que el equipo de gobierno municipal haga un uso “partidista y sectario de la administración y de los procedimientos”, al poner en riesgo la continuidad de la empresa cuando ya había “unas reglas de juego pactadas en un convenio que regulaba y aseguraba el empleo y el paraje natural”. “Esta forma de actuar significa un mensaje absolutamente negativo a la inversión, que ve como se modifican normas por criterios políticos”, sentencia Muniesa.

Cambio de las reglas de juego

Tanto desde la patronal comarcal, Asecam (Asociación de Empresarios del Camp de Morvedre), como desde las plataformas sindicales coinciden en que estamos ante un 'callejón sin salida' por la complejidad del asunto. Así, Begoña Cortijo (secretaria general de CCOO en la comarca) resalta la repercusión que este problema puede provocar en el empleo -unos 500 puestos de trabajo dependen directamente de Lafarge- y en un sector industrial “tocado desde hace tiempo”.

Así, explica que existe un convenio firmado y que cumple la legalidad. Sin embargo, sostiene, “alguien ha decidido cambiar las reglas de juego, cuando lo prioritario es mantener los puestos de trabajo y lograr la recuperación del paraje natural una vez concluya el periodo de explotación de la cantera. En eso debería poner sus esfuerzos el ayuntamiento”. Cortijo, quien apunta que los ánimos están “muy calientes”, achaca las maniobras municipales a la existencia de intereses políticos, “si no, ¿qué problema hay? ¿Por qué se está retrasando la resolución? ¿Para presionar a la empresa a que renuncie a sus derechos mineros?”, se pregunta la líder sindical.

Tanto Begoña Cortijo como Cristina Plumed, presidenta de Asecam, apelan a la responsabilidad y la sensatez, “no se puede tener en vilo a cientos de trabajadores y sus familias”, sentencia la representante sindical. Plumed cree que este asunto se debe resolver cuanto antes, “estamos fuera de plazos para una empresa de estas características”, al tiempo que considera que la solución debería haberse dado en Sagunto, sin necesidad de tener que recurrir al dictamen del Consell: “Es triste tener que llegar a este punto, porque la imagen de inseguridad jurídica que se da a otras empresas que puedan estar interesadas en instalarse en la ciudad no es nada positiva. Estas polémicas nos hacen daño”.

La presidenta de la patronal saguntina también lamenta que el ayuntamiento haya cambiado las reglas de juego y achaca el posicionamiento municipal a una cuestión “más política que administrativa”. “¿Por qué dos técnicos que hace apenas unos años firmaron unos informes favorables ahora cambian de criterio?”, se pregunta.

Conflicto social

“Está demostrado que la mayoría social no está por el cierre de esta empresa”, asegura Plumed. Y lo cierto es que el conflicto se ha trasladado a la ciudadanía -polémico rap de protesta incluido-. Así, vemos cómo mientras los trabajadores salen en defensa de la empresa, la continuidad de la actividad extractiva y sus puestos de trabajo -hace apenas unas semanas una treintena de empleados de Lafarge protagonizaron un encierro en el ayuntamiento-, los colectivos vecinales afectados por la cantera y las organizaciones ecologistas exigen el cierre y la restauración del Salt del Llop. Y todo ello mientras el tiempo sigue corriendo.