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Cuando la única fuente de información es la policía

Olga Rodríguez

Esta semana el Juzgado de Instrucción número 2 de Móstoles ha archivado la causa contra Jorge, de 35 años, trabajador de la sanidad pública, detenido el pasado marzo durante una protesta por la sanidad pública en el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles y acusado por la policía de haber agredido al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty.

En el auto el juez afirma que no se ha justificado “debidamente” la “perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa”. Es más, el magistrado dice que, tras haber visto las imágenes requeridas a Televisión Española (presente en el lugar) “no resulta creíble la versión mantenida por los agentes denunciantes”, ya que en el vídeo se ve que varios manifestantes gritan consignas contra Lasquetty “sin que en ningún momento el imputado se acerque a él”.

Sin embargo, cuando Jorge fue detenido varios medios de comunicación dieron por buena la versión de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid y, saltándose su derecho a la presunción de inocencia, aseguraron que había intentado agredir a Lasquetty, y que había golpeado a un agente. La agencia de noticias Europa Press publicó una noticia bajo el siguiente título:

“Detenido un hombre que intentó agredir al consejero de Sanidad en Móstoles”.

La misma fue reproducida con ligeros cambios y con el mismo titular por varios medios, entre ellos el diario El País, que en el subtítulo de su información afirmaba:

“El policía que escoltaba a Lasquetty recibió el golpe al ponerse delante”.

El teletipo de Europa Press no mencionaba que los hechos ocurrieron cuando un grupo de personas se manifestaba por la sanidad pública durante un acto de Lasquetty. Es decir, desaparecía el contexto. La protesta, los abucheos y las caceroladas contra el consejero no existían en estas noticias.

Se presentó lo ocurrido como un percance protagonizado por un individuo que actuaba de forma aislada y violenta. No se incluyó ni un solo testimonio de las personas participantes en la protesta o de cualquier otro testigo, y se ocultó que quienes arrestaron al manifestante no llevaban uniforme y por tanto no estaban identidicados durante la detención.

Ya entonces esta sección criticó el enfoque de esta noticia en algunos medios, y de hecho entrevisté a varios testigos, cuyo testimonio no había sido divulgado hasta entonces. Todos ellos aseguraban que Jorge no solo no había intentado agredir al consejero, sino que ni siquiera había estado cerca de él. Mar Coloma, enfermera del Hospital Ramón y Cajal, contaba así lo ocurrido:

“Vimos cómo dos hombres vestidos de paisano empujaban a Jorge contra la pared, lo tiraban al suelo, lo reducían en el suelo. Eso fue cuando Lasquetty todavía estaba entrando, es decir, cuando Lasquetty pasó al lado de Jorge, éste ya estaba detenido. Que fuera un intento de agresión por parte de Jorge y que el agente se llevara un bofetón es falso. Sabemos que hay cámaras en el hospital y hemos pedido la filmación de ese circuito cerrado, porque así quedará claro lo que de verdad ocurrió”.

Las propias imágenes tomadas por periodistas y ciudadanos mostraban a Jorge ya detenido cuando Lasquetty pasaba a su lado. Pero nada de esto fue incluido en las informaciones difundidas por buena parte de los medios.

Ausencia de rectificación

Ahora, el juez archiva la causa porque no ve delito y no le resulta creíble la versión de los agentes. Sin embargo, medios de comunicación que en su momento dieron por buena la versión policial sin contrastarla, no se han hecho eco de este sobreseimiento. Por eso esta sección ha recibido varias peticiones de la comunidad de eldiario.es:

“Veo que medios como Europa Press (y otros) que condenaron a un manifestantes antes de tiempo, acusándole de intento de agresión, silencian ahora el archivo de la causa contra él. Nos encontramos de forma continua con este tratamiento en los mass media, que ofrecen toda credibilidad a una sola fuente. Solicito a la defensora que mencione este caso, que es tan solo un ejemplo de la estigmatización de las protestas legítimas, en la que desgraciadamente participan activamente muchos medios de comunicación”, denuncia Christian Méndez.

“Es necesario abordar desde un análisis serio y riguroso los grandes fallos y la falta de rigor de los medios al tratar asuntos como este, ante los que de forma sistemática, salvo excepciones, se ofrece la versión policial como única realidad, cuando es sabido que a veces los agentes de las fuerzas de seguridad reprimen y atribuyen a personas delitos que no han cometido”, señala A. S.

La criminalización de la protesta

Eldiario.es informaba hace unas semanas de que ninguno de los 447 detenidos en manifestaciones del 15M en Madrid ha sido condenado. Este dato, referido a los delitos penales, ayuda a entender hasta qué punto el 15M, así como algunos de los movimientos que han surgido de él, han sido criminalizados con el objetivo de deslegitimar y estigmatizar la movilización social, a la que dirigentes políticos han tachado de violenta, antidemocrática e incluso nazi.

“Te detienen, te archivan la causa y no pasa nada, pero mucha de esta gente sufre de shock post-traumático. Se archiva la causa, pero esto ¿quién lo repara?”, se preguntaban recientemente desde Legal Sol, el colectivo de abogados que defiende a los arrestados en las manifestaciones.

Existen suficientes datos y experiencias como para sostener que se producen detenciones arbitrarias e injustificadas en las manifestaciones y protestas. Sin embargo, una parte importante del periodismo que cubre este tipo de actuaciones persiste en el error de presentar la versión de la policía como una realidad indiscutible y neutral, mientras desprecia los testimonios que contradicen la palabra de las fuerzas de seguridad.

La información contrastada

En un contexto como el actual, donde crece la vulnerabilidad de los ciudadanos y menguan nuestros derechos y libertales, forma parte de la tarea informativa desconfiar del poder y de las versiones oficiales, contrastarlas con otras fuentes, indagar en los hechos antes de sentenciar, sin prueba alguna, que alguien agredió a un policía o intentó pegar a un consejero.

Y sin embargo en muchas redacciones de medios de comunicación prolifera aún la idea de que dar credibilidad a testimonios contrarios a la posición oficial no es periodismo, sino activismo; de que difundir como única verdad la versión policial es un acto objetivo y neutral; de que poner en entredicho mensajes procedentes del poder no es periodismo, sino radicalidad.

Ante ello, es preciso recordar la necesidad de un periodismo honesto, valiente y libre de ataduras, capaz de dar voz a las personas que han sido arrestadas o multadas por participar en una manifestación, por defender su libertad de expresión, por reivindicar los derechos que les (nos) están arrebatando. Un periodismo que tenga la honestidad de admitir sus errores y de publicar que la causa contra Jorge ha sido archivada y que en el auto de sobreseimiento el juez llega a decir que no resulta creíble la versión policial.

En definitiva, urge reivindicar un tratamiento de la información como un bien público al servicio de la ciudadanía y no del statu quo que perpetúa los desequilibrios y favorece los abusos.

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