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Guatemala, laboratorio de la impunidad ambiental

Se multiplican las agresiones a las comunidades defensoras a medida que se depredan los recursos naturales

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Acción Guatemala

Acción Guatemala Amigos de la Tierra

Nunca hemos vivido tiempos sin violencia. Pero estos últimos han permitido a los movimientos de la sociedad civil sumar y converger. La agenda de la sostenibilidad es también ahora la de la lucha contra la pobreza, la lucha de las mujeres y la lucha por los derechos humanos. Elementos que cuestionan las raíces del sistema en el que vivimos, que no ha entendido que el planeta es finito y que ha puesto los beneficios de unos pocos por encima de los derechos de todo el planeta y sus habitantes.

Uno de los mejores ejemplos de un sistema sediento de recursos naturales para el beneficio de unos pocos son las hidroeléctricas. Destruyen de manera prácticamente irreversible ecosistemas tan vulnerables como los ríos e históricamente han arrasado, en todo el mundo, el hogar de las comunidades locales. La resistencia de la gente por su entorno no se ha podido doblegar sin un abuso de poder del que vemos su mejor ejemplo en Guatemala.

Se trata de un país paradigmático de la situación donde las multinacionales llegan a tener más recursos económicos y poder político que los propios estados, la arquitectura de la impunidad de los delitos ambientales y contra las comunidades indígenas está perfectamente construida en el país: el genocidio y la puesta en libertad de Ríos Montt, el entramado corrupto de Otto Pérez Molina y los atropellos de dos multinacionales españolas en territorio indígena que narramos a continuación, son caras del mismo problema.

Hidralia es una empresa gallega con oscuros antecedentes en España ejecutando proyectos hidroeléctricos que ha trasladado la misma lógica a Guatemala. Tal y como recogen los informes realizados por las ONGs, la empresa ha desplegado un entramado financiero en Centroamérica de más de 200 sociedades a través del cual la filial Hidro-Santa Cruz planificó una presa de 5 megawatios en el río ‘Qambalam en la región de Santa Cruz de Barillas, donde habitan varias comunidades indígenas. Jamás se ejecutó una consulta previa, libre e informada tal y como obliga el convenio 169 de la OIT. Fueron de hecho las comunidades las que tuvieron que hacer su propio referéndum.

La respuesta social de protesta fue acallada por medio de la represión policial y trabajadores de la empresa. El resultado, cientos de heridos, un trabajador de la empresa muerto y 10 líderes comunitarios encarcelados durante dos años hasta su total absolución este verano. Nuestro compañero Arturo Pablo sabe bien en qué circunstancias le encarcelaron. Además, se ha abierto una brecha profunda entre las comunidades urbanas y rurales aún por cerrar. En otra cuenca, la del río Cahabón, una filial de la empresa de Florentino Pérez, ACS, ha protagonizado un caso similar en varias fases.

Se multiplican las agresiones a las comunidades defensoras a medida que se depredan los recursos naturales, y la sociedad civil no da abasto para tejer redes de denuncia, apoyo y solidaridad. Es por ello que reclamamos un marco vinculante a nivel internacional. Hace muy poco hemos sembrado su semilla.

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