El Congreso rechaza la propuesta del PP para indemnizar a los interinos

El pleno del Congreso ha rechazado una iniciativa del grupo parlamentario del PP para analizar jurídicamente el marco laboral de los interinos, con el fin de que puedan recibir una indemnización y sus condiciones laborales se adecúen a los contratos con duración determinada.

El pleno ha debatido una enmienda que ha presentado el grupo parlamentario popular para valorar con amplitud la reciente sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, que pide no discriminar las indemnizaciones entre contratos fijos y temporales.

La enmienda ha sido rechazada por 172 votos y 34 abstenciones, y ha sido votada dentro de la proposición no de Ley del PP que pedía mejorar la eficacia de las políticas activas de empleo y ampliar el grado de cobertura de los desempleados de larga duración dentro del Programa de Activación para el Empleo (PAE).

El portavoz de Empleo del grupo parlamentario del PP, José Ignacio Echániz, ha argumentado que el PP quiere acatar cuanto antes la sentencia del tribunal europeo y analizar sus efectos sobre la legislación laboral actual.

El texto instaba a “adecuar” las condiciones de los trabajadores interinos al acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada.

Echániz ha afirmado que Europa “admira” las reformas emprendidas en España para frenar el desempleo y ha pedido dejar atrás la incertidumbre y el bloqueo político para dar estabilidad a un Gobierno y poder “aportar medidas útiles para el empleo”.

El portavoz de Economía de Ciudadanos, Toni Roldán, ha afirmado que su grupo apoyaba la iniciativa, pero se iba a abstener en la proposición no de Ley que incorporaba esta enmienda.

Roldán ha dicho sobre los contratos de interinos que la sentencia de la UE es una “oportunidad histórica” para construir un nuevo modelo laboral.

“Dos personas que tienen el mismo trabajo no pueden tener derecho distintos y esto es el contrato único”, ha reiterado, que ha urgido a que se cree una mesa de diálogo con los agentes sociales y los partidos políticos para cambiar las relaciones laborales.

“Ha tenido que ser Europa la que marque la pauta laboral de este país. Debemos ir hacia un sistema flexible y el contrato único es un enorme avance, al igual que un complemento salarial, o la mochila austríaca”, ha aseverado.

El portavoz de Empleo del grupo socialista, Rafael Simancas, ha recordado que el tribunal europeo “sólo habla de unificar indemnizaciones” y no de contrato único, y ha solicitado una reforma del Estatuto de los Trabajadores para aplicar la sentencia al ordenamiento jurídico.

“Hay que aplicar la sentencia y no hacer un estudio”, ha recriminado al PP.

Simancas también ha calificado de “broma de mal gusto” la iniciativa del PP de impulso a las políticas activas de empleo cuando “una cuarta parte de los contratos nuevos que se firman no llegan a una semana de duración, y sólo han avanzado en la precariedad”.

Ha aseverado que la iniciativa es “ofensiva y desacertada”, ya que “ustedes solos han hecho los mayores recortes de los derechos laborales”.

Desde el grupo parlamentario de Unidos Podemos, el portavoz de Empleo, Alberto Rodríguez, ha acusado al PP de “tener la cara muy dura” para traer a debate una iniciativa sobre ayudas y formación cuando el Gobierno popular ha recortado 12.000 millones de euros en políticas activas de empleo y está privatizando el Servicio Público de Empleo.

“Cuanto más pobre es la CCAA, más recortes”, ha dicho.

El diputado de ERC Jordi Salvador ha recordado que la Generalitat de Cataluña tiene competencias exclusivas en las políticas activas de empleo, y ha criticado que esta iniciativa “invada” competencias en la gestión del plan de garantía juvenil.

También el diputado del PNV Benito Barandiarán ha argumentado que la iniciativa popular es “invasora del marco competencial” de las CCAA.

El portavoz del Partido Democrático de Cataluña (PDC), Carles Campuzano, ha criticado el desarrollo de las políticas activas de empleo realizado por el gobierno del PP, porque ha sido un fracaso, sobre todo con el programa de garantía juvenil.

Mientras, la portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha solicitado un plan de empleo exclusivo para Canarias y ha añadido que el plan de garantía juvenil fue un fraude ante la gestión telemática que implantaron desde Madrid.