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Fiscal pide cárcel para tres exdirectivos de CAI por administración desleal

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Fiscal pide cárcel para tres exdirectivos de CAI por administración desleal

Fiscal pide cárcel para tres exdirectivos de CAI por administración desleal

El fiscal ha pedido para tres exdirectivos de la desaparecida Caja Inmaculada (CAI), entre ellos su ex director general Tomás García Montes, tres años de cárcel para cada uno y una fianza conjunta de 18 millones de euros por un presunto delito de administración desleal.

Los otros dos acusados son Javier Alfaro, exejecutivo en Madrid de la entidad financiera aragonesa, que finalmente fue absorbida por Ibercaja tras no prosperar la fusión en Caja3, y Ramón Marrero, quien fue socio de la caja en negocios inmobiliarios en Andalucía.

Las penas de cárcel que solicita el fiscal están lejos de los 16 años que reclaman la acusaciones, la propia CAI y la Asociación Sindical Independiente de Profesionales del Ahorro (ASIPA- CIC) para cada uno por administración desleal y apropiación indebida, además de estafa en el caso de la organización sindical.

La petición fiscal ha transcendido tras conocerse el auto de apertura de juicio oral dictado el pasado 21 de diciembre por el juzgado de instrucción número 4 de Zaragoza que ha investigado estos hechos durante los tres últimos años después de ser denunciados en 2012 por la antigua caja, que les reclamó 12,6 millones de euros.

Fuentes de Asipa Aragón han señalado a Efe que la petición del ministerio público "se ha quedado corta" respecto a las acusaciones, que solicitaron en sus respectivas denuncias la pena máxima por los citados delitos.

La organización sindical prevé presentar otra querella contra estos tres exdirectivos y "alguno más" con la nueva documentación que ha conseguido reunir sobre la gestión de la desaparecida caja, que fue la segunda entidad financiera de la comunidad aragonesa.

Las Cortes de Aragón crearon una comisión de investigación, que no encontró indicios de infracciones penales, sobre la fallida gestión de la caja, de la que García Montes fue nombrado director en 2005 y destituido en 2009, por lo que percibió una millonaria y polémica compensación económica.

Los parlamentarios, ante los que comparecieron García Montes, Alfaro y Marrero, junto a una cuarentena de personas, concluyeron la comisión de investigación con un dictamen en el que se reconocían, entre otras deficiencias, la ausencia de control del desmedido riesgo inmobiliario adquirido por la entidad y el poder excesivo de la dirección ejecutiva.

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