El secretario de Comercio intenta nombrar a un alto cargo en un puesto de nueva creación antes de las elecciones
El secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, ha maniobrado en los últimos días para colocar a un “afín” en una empresa semiestatal dependiente del ministerio, el Cesce. García-Legaz llevó a la última reunión del consejo de administración de Cesce –el organismo semipúblico que asegura el riesgo en las operaciones comerciales a las empresas que hacen negocios con determinados países– la creación de una nueva secretaría general y propuso para este cargo a Juan Carlos Alfonso Rubio, abogado del estado y secretario general del consejo de administración del Icex.
El órgano de administración aprobó el cambio en el organigrama de Cesce, pero la representación de la parte privada del consejo de administración, donde se encuentran varios bancos, frenó el nombramiento de Alfonso Rubio, según asegura el presidente del comité de empresa, Antonio O'Connor, que pone en duda la elección de este cargo.
O'Connor explica que este movimiento no se llegó a producir porque los socios privados de Cesce bloquearon su nombramiento. Así su designación será discutida en la próxima reunión del consejo a finales de julio. Alfonso Rubio es abogado del estado desde el 2 de abril de 1991. Entre sus anteriores cargos públicos, Alfonso Rubio fue subdirector de Regulación del Juego. Además, se da la circunstancia de que Cesce no tiene presidente desde diciembre de 2015 cuando Álvaro Bustamante se jubiló.
En Economía aseguran que la creación de la secretaría general tiene como objetivo reforzar el control jurídico de la compañía y explican que esta figura la tienen todas las compañías aseguradoras y bancos.
García Legaz es presidente del consejo de administración de Cesce que tiene una participación pública del 50,25%. El resto del accionariado está en manos privadas, concretamente se reparte entre Banco Santander (21,07%), BBVA (16,3%), otros bancos (8,48%) y un grupo de compañías de seguros (3,9%).
El nombre del secretario de estado apareció en el caso del pequeño Nicolás, con quien mantenía relaciones fluidas según una información publicada en El Mundo donde aparecían los mensajes intercambiados entre ambos. Unos whatsapps en los que se desprendía una relación amigable entre ambos con bromas y peticiones de favores. Desde Comercio se negó que el secretario de estado hubiera realizado gestión alguna para que le fueran encargados a Francisco Nicólas créditos a ninguna empresa.
El frustrado intento de privatización
El organismo semiestatal ha vivido un intento de privatización durante esta legislatura que finalmente terminó paralizándose. En abril de 2014, el Congreso aprobó las enmiendas al proyecto de ley introducidas en el Senado para el proceso de privatización. De esta forma, creó la figura de agente gestor para que hubiera un proceso de transición durante siete años en los que Cesce pudiera gestionar determinados riesgos de la internacionalización. Sin embargo, el Gobierno acabó aparcando el proceso hasta la siguiente legislatura.
La complejidad de las ofertas, el gran número de citas electorales y el malestar de algunas asociaciones exportadoras fueron algunas de las razones para frenar esta privatización. Unas causas a las que se sumaba la presencia de sociedades exosticas y fondos de inversión extranjero. Entre los nombres que aparecieron en aquel momento estaba el del fondo chino Fosun. Fundado en Shangai hace dos décadas, cotiza desde 2007 en la bolsa de Hong Kong. Entre el resto de las empresas que mostraron su interés por la privatización del organismo estaban las españolas Mutua Madrileña o Mapfre junto con otras compañías internacionales como AIG y Zürich o fondos como Apollo.
