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Italia rechaza la austeridad en una manifestación multitudinaria
Miles de personas se han echado a la calle hoy en Roma contra las políticas del Gobierno italiano y para exigir al nuevo primer ministro, Enrico Letta, que abandone las medidas de austeridad y se concentre en crear empleos para sacar al país de la recesión en la que se encuentra sumido.
Según el diario “la Repubblica” unas 100.000 personas (15.000, según fuentes policiales) se han concentrado en la romana Plaza de la República, en la primera protesta multitudinaria que se produce con el nuevo Ejecutivo de coalición.
La manifestación, convocada por la Federación de Operarios Metalúrgicos (FIOM) y apoyada por otros sindicatos y varias fuerzas de la izquierda, ha partido de la plaza de la República hacia la plaza de San Juan de Letrán y durante el recorrido los participantes han coreado lemas como “No podemos esperar más” o “Las fábricas bajo el control de los empleados”.
La manifestación ha exigido un cambio a favor de la creación de empleo como prioridad frente a valores como la refinanciación de la deuda, según explicó el líder de la FIOM, Maurizio Landini.
Primeros pasos para reformar el impuesto sobre la primera vivienda
Según encuestas, la confianza en la coalición de Letta, del Partido Democrático (PD, centroizquierda) con el Pueblo de la Libertad (PDL, conservador) del ex primer ministro Silvio Berlusconi retrocede, con un porcentaje de aprobación de poco más del 30 por ciento.
A los manifestantes no les ha amainado el hecho de que este viernes el nuevo Gobierno italiano aprobara sus primeras medidas de calado, comenzando por la suspensión temporal del pago de la cuota de junio del impuesto sobre la primera vivienda.
El Consejo de Ministros aprobó un decreto ley por el que queda suspendido el pago de esta tasa a la vivienda habitual a la espera de que, antes del próximo 31 de agosto, se reforme este tipo de impuesto, lo que, de no ocurrir, obligaría a que la cuota ahora suspendida se tuviera que pagar a partir del 16 de septiembre.
Además Letta anunció un monto de unos 1.000 millones de euros para refinanciar el fondo público para los expedientes de regulación de empleo temporales, provenientes, entre otros, de fondos comunitarios y recortes de gasto en los distintos ministerios.
