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Puerto Rico pide al Congreso de EE.UU. medidas ante la deuda para evitar una crisis humanitaria

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Puerto Rico pide al Congreso de EE.UU. medidas ante la deuda para evitar una crisis humanitaria

Puerto Rico pide al Congreso de EE.UU. medidas ante la deuda para evitar una crisis humanitaria

El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, pidió hoy en tono dramático al Congreso de EE.UU. que le dé a la isla mecanismos legales para reestructurar su deuda, de lo contrario Washington deberá afrontar una crisis humanitaria en su propio territorio.

"Si el Congreso no responde le saldrá muy caro", dijo García Padilla en una conferencia de prensa en Washington, adonde viajó en compañía de un grupo de legisladores de su partido y de la oposición para convencer a los congresistas de que se permita a la isla acogerse al capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal.

Puerto Rico afronta una difícil situación financiera, ante lo cual el gobernador García Padilla ha solicitado que el territorio caribeño pueda acogerse a la ley de Quiebras de Estados Unidos.

La isla es un Estado Libre Asociado a EE.UU. pero no puede acogerse a la Ley federal de Quiebras, ya que dicha norma no considera a la isla como un estado más de la nación norteamericana, y, adicionalmente, la Justicia federal ha visto inconstitucional la norma que el Gobierno local aprobó para establecer su propio mecanismo de bancarrota.

"Esto es una crisis real, no una broma", dijo el jefe del Ejecutivo, después de asegurar que tras meses de malabarismos financieros llegó el momento en el que no hay más dinero, ni para pagar a los acreedores de la asfixiante deuda de cerca de 72.000 millones de dólares ni para financiar los servicios públicos básicos.

García Padilla subrayó que se acabó el tiempo y que se trata ya no de cumplir con los acreedores, si no de poder mantener operativo el Gobierno y los servicios más básicos que se prestan a los ciudadanos.

Incluso, apeló al patriotismo de los puertorriqueños y a la sangre derramada por los ciudadanos de la isla caribeña en los conflictos bélicos que ha mantenido EE.UU. desde la II Guerra Mundial, lo que a su juicio merece ahora un gesto del Congreso en la forma de legislación que permita reestructurar la deuda de forma ordenada.

En cuanto a qué pasará si el Congreso estadounidense no toma medidas e ignora la petición del Ejecutivo de San Juan, aseguró estar dispuesto a emplear el poco dinero disponible en proveer los servicios necesarios a la población.

"Si el 1 de enero tengo que decidir entre pagar a la nómina a los funcionarios o a los acreedores elegiré a los puertorriqueños, porque ellos son los que me han elegido", aseguró con firmeza.

Subrayó que la falta de liquidez del Gobierno ha llegado a un punto en que será imposible asegurar los servicios más fundamentales de seguridad, educación y salud, un problema que ha llegado a la población y que merece una respuesta inmediata del Congreso, permitiendo que Puerto Rico se acoja a la Ley de Quiebras federal.

El gobernador dijo que también Washington debe, de una vez, permitir que los puertorriqueños reciban el mismo trato en los planes de salud públicos, ya que pagan lo mismo que el resto de estadounidenses para recibir menos a cambio.

Concluyó señalando que si no hay una herramienta legal en caso de impago el resultado de la negociación será perjudicial para todas las partes.

El presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Jaime Perelló, que acompañó a García Padilla, añadió que el Legislativo local ha hecho ya todo lo posible y que si el Congreso estadounidense no da una solución la economía de la isla caribeña retrocederá tres décadas.

La presencia de García Padilla hoy en Washington sigue a varias intervenciones en las últimas semanas en la capital estadounidense en vistas organizadas por el Congreso para conocer de primera mano la crisis por la que atraviesa Puerto Rico.

El pasado 1 de diciembre el Gobierno hizo frente a un vencimiento de deuda de 340 millones de dólares, posible gracias a que se sustrajeron fondos de corporaciones públicas, en lo que analistas interpretaron como un gesto hacia el Congreso de EE.UU. con el objetivo de que favoreciera en contrapartida herramientas legales para reestructura la deuda de la isla.

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