El Supremo venezolano inicia un proceso contra un diputado opositor acusado de corrupción

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela inició hoy un proceso judicial que en un mes deberá concluir con la anulación o no de la inmunidad parlamentaria al diputado opositor Juan Carlos Caldera por presunta corrupción.

“Vengo a dar la cara, como no lo hacen quienes sí cometen delitos”, declaró Caldera a los periodistas antes de ingresar en el TSJ, donde dijo que asumiría su propia defensa y pediría que no se de curso a la petición de la Fiscalía en su contra.

Diputados afines al Gobierno del presidente Nicolás Maduro difundieron en plena campaña por las presidenciales de octubre de 2012 un vídeo en el que Caldera figura recibiendo dinero supuestamente para financiar la campaña del entonces candidato opositor Henrique Capriles, quien por ello decidió separarlo de su equipo electoral.

Caldera repitió hoy que el vídeo “fue grabado ilegalmente” por un militar del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), a quien identificó como Erick Peña, “en complicidad”, subrayó, con el empresario Wilmen Ruperti.

“Peña fue quien me grabó disfrazado de asistente de Ruperti”, quien a su vez “se prestó en su propia casa a la comisión de un delito como es grabar a alguien sin su consentimiento”, agregó Caldera tras sostener que, además de cómo fue filmado, el vídeo “fue editado” con posterioridad para afectarlo “aún más”.

“Nos acusan -prosiguió el legislador y abogado- de Legitimación de Capitales, cuya pena es de 15 años, y por Valimiento de Funcionarios Públicos, cuya pena son otros 7 años” de reclusión.

El TSJ confirmó que efectivamente la Fiscalía acusa al diputado de “la presunta comisión de los delitos de Suposición de Valimiento y Legitimación de Capitales previstos y sancionados” en la Ley Contra la Corrupción y en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

El legislador pertenece, al igual que Capriles, al partido Primero Justicia (PJ), que forma parte a su vez de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que aglutina a la mayoría de la oposición.

Los plazos legales determinan que el TSJ tiene 30 días para decidir si pide o no al Parlamento anular la inmunidad de Caldera, quien en ese caso deberá afrontar un proceso penal ordinario.