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Tribunal UE apoya al Consejo en disputa con la CE por sueldo de funcionarios
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) apoyó hoy la decisión del Consejo de la UE de rechazar a consecuencia de la crisis la subida del 1,7 % del sueldo de los funcionarios comunitarios que había propuesto la Comisión Europea (CE) para 2011.
La Comisión tendrá, por tanto, que remitir una nueva propuesta al Parlamento Europeo (PE) y al Consejo de la UE, que refleje el “serio y repentino deterioro de la situación económica y social en 2011”.
La máxima instancia judicial comunitaria considera que el Consejo -en el que están representados los 28 Estados miembros- tenía derecho a rechazar la propuesta de la Comisión, basaba en un cálculo automático que no tenía en cuenta el deterioro de la situación económica.
La legislación comunitaria establece que los salarios y pensiones de los funcionarios deben calcularse como norma general con un método que tiene en cuenta el cambio del coste de vida en Bruselas y los sueldos de los funcionarios nacionales.
No obstante, esta normativa prevé un cláusula de excepción que permite dejar de lado ese método si se produce un “serio y repentino deterioro de la situación económica y social”.
La disputa entre ambas instituciones se produjo porque la CE consideró que se podía aplicar el método tradicional y subir los salarios, mientras que los países se mostraron partidarios de recurrir a la cláusula de excepción y congelar los sueldos con motivo de la crisis.
Según las normas europeas, corresponde a la CE aportar datos que permitan determinar si existe un deterioro económico grave, pero no dejan claro qué institución debe evaluarlos.
Los jueces de Luxemburgo entienden que esa evaluación debía realizarla el Consejo, y no a la Comisión, y decidir si activaba la cláusula de excepción.
Los países tenían derecho, por tanto, a analizar los datos que aportó el Ejecutivo comunitario y a decidir si el deterioro era tan grave como para recurrir a la cláusula.
En consecuencia, la corte rechaza el recurso de la CE que pedía la anulación de la decisión del Consejo de negarse a adoptar la subida de salarios para 2011.
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