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UGT reclama un pacto de Estado que permita reformar el sector con consenso

UGT reclama un pacto de Estado que permita reformar el sector con consenso

EUROPA PRESS

MADRID —

El sindicato responde con esta petición a las medidas anunciadas el viernes por el Gobierno, aprobadas “después de varios meses de titubeos” y apenas consistentes en “siete impuestos” cuyo “único objetivo es recaudar y no afrontar ni resolver el verdadero problema” del país.

UGT recuerda que la dependencia española del exterior supone el 80% y que, por este motivo, es necesario desarrollar un nuevo 'mix' energético en el que se tengan en cuenta todas las fuentes tecnológicas y se apueste especialmente por las autóctonas.

Tras realizar este diagnóstico, considera que la creación de nuevos impuestos no es una solución al problema del déficit de tarifa. Lejos de ello, los gravámenes “sin duda van a perjudicar al conjunto de la economía”, ya que “las empresas reducirán sus inversiones, lo que producirá un deterioro de la red y por tanto una disminución de la calidad del servicio”.

Además, los nuevos costes se trasladarán al ciudadano, que deberá sufrir subidas de la tarifa de la luz y una mayor restricción a la hora de disfrutar de una tarifa regulada.

“Las medidas del Gobierno sin duda van a intentar ser utilizadas por las empresas energéticas, y esto repercutirá en el deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores y trabadoras en las mismas”, señala el sindicato.

Por otro lado, UGT señala que las medidas adoptadas, “lenta y tortuosamente elaboradas, han supuesto mucha incertidumbre y confrontación entre los sectores empresariales afectados y dentro del propio Gobierno”.

Además, acusa al Ministerio de Industria, Energía y Turismo de incumplir los compromisos adquiridos en el diálogo social y de gobernar en “ausencia de consulta y participación tripartita”. Esta política de “imposición” se aprecia en sectores como el de la minería.

Por este motivo, el sindicato dice ver con “enorme preocupación” la “deriva, el desconcierto y la improvisación” con la que el Gobierno ha gestionado la reforma energética.

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