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Un año de reforma laboral: más paro, más precariedad

Ana Requena Aguilar / Belén Picazo

Madrid —

Hace un año, el ministro de Economía, Luis de Guindos, susurraba al oído del comisario europeo de Asuntos Económicos, Olli Rehn, que el Gobierno de España estaba a punto de sacar adelante una reforma laboral “extremadamente agresiva”. No mentía. Un día después, el Consejo de Ministros aprobó una norma que ponía patas arriba las relaciones laborales y de la que ahora se cumple justo un año. Los efectos más inmediatos y de más impacto han sido unas cifras de paro y destrucción de empleo que superan a las de 2011 y que se asemejan a las del peor año de la crisis hasta el momento, 2009.

La reforma abarató y facilitó el despido: eliminó los contratos con despido de 45 días por año trabajado y permitió a las empresas despedir con 20 días por año trabajado (y un tope de 12 mensualidades) y por un amplio abanico de causas económicas. Es decir, desde el 11 de febrero del año pasado, las empresas tienen todas las facilidades para imponer este despido, y son los trabajadores los que tienen que recurrirlo judicialmente y pelear la indemnización de 33 días si consideran que este no estaba justificado por alguna causa económica o de la producción.

Además, las empresas ya no necesitan autorización laboral para llevar a cabo expedientes de regulación de empleo (ERE), que tienen que negociar con los trabajadores. Eso sí, si no hay acuerdo, el empresario puede imponer su decisión. Unos despidos que desde febrero del año pasado también pueden llevar a cabo las administraciones públicas, que pueden desprenderse de su personal laboral y hacer un ERE con requisitos similares a los de las empresas.

¿El resultado inmediato? En el último año, el desempleo ha crecido en 691.700 personas y se han destruido 850.500 puestos de trabajo, según la última Encuesta de Población Activa. Además, el número de personas ocupadas, es decir, con trabajo bien sea por cuenta propia o ajena, está en mínimos: 16.179.438, muy lejos de los datos de los años de bonanza, cuando los afiliados a la Seguridad Social superaban con mucha holgura los 18 millones.

Entre enero y noviembre de 2012 el número de expedientes de regulación de empleo aumentaron un 66% respecto al mismo periodo de 2011. Los trabajadores afectados por expedientes de regulación de todo tipo han pasado de ser 278.999 en 2011 a algo más de 400.000 a lo largo de 2012.

“El balance es bastante desastroso, ha caído muy fuerte el empleo, y además al mismo tiempo que cae la población activa, por ejemplo, por jóvenes que vuelven a la educación o emigran, por inmigrantes que vuelven a sus países de origen, aunque habrá que ver si se trata también de mujeres que abandonan el mercado laboral. Esto quiere decir que las expectativas de la gente no mejoran”, señala Santos Ruesga, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid.

Contratación e indemnizaciones

La contratación apenas ha aumentado ni ha sufrido cambios desde que la reforma entró en vigor: más del 90% de los nuevos contratos que se firman cada mes son temporales. La contratación indefinida ha crecido en 300.000 contratos. Sin embargo, un informe de UGT señala que aunque aparentemente aumenten se trata de una comparación engañosa que esconde “una menor calidad del empleo”: desde el pasado febrero ha disminuido la indemnización de todos los indefinidos, también la de los aprobados antes de la reforma. Además, se incluyen los llamados 'contratos de emprendedores', que a pesar de ser indefinidos tienen un año de prueba durante el que el despido es gratis.

“La reforma laboral no ha permitido que se incremente la contratación indefinida. Los contratos indefinidos ordinarios crecen en el conjunto del periodo, aunque en realidad las cifras quedan compensadas por la desaparición del contrato de fomento de la contratación indefinida [de 33 días por despido] y el descenso de las conversiones a indefinidos que se produce en general en 2012 frente a 2011”, dice el informe. El sindicato subraya, además, que la conversión de contratos temporales a indefinidos han descendido un 10,1%.

En este periodo se han formalizado unos 86.000 contratos de emprendedores, una modalidad que está fuertemente bonificada si se mantiene el empleo tras el año de prueba. Sin embargo, UGT señala que el 82% de estos nuevos contratos se están haciendo sin acogerse a los incentivos fiscales, lo que significaría que las empresas están sustituyendo los contratos temporales por estos y primando, así, el despido gratis durante un año. En cualquier caso, representan tan solo el 0,6% del total de contratos firmados.

“La calidad del empleo disminuye y eso aumenta las desigualdades, y una sociedad más desigual crea potencialmente menos empleos”, apunta Santos Ruesga.

Empleo público

Las nuevas condiciones de la reforma laboral han facilitado que las administraciones públicas eliminen puestos de trabajo. Durante 2012, lo hicieron con fuerza, especialmente sobre el empleo temporal. Tras el ajuste sobre los eventuales, los expertos señalan que durante este año las administraciones podrían empezar a tocar su núcleo de empleo indefinido.

el ritmo de destrucción en el empleo público fue mayor que en el privado: el público registró una caída del 7%, mientras que en el privado el empleo se destruyó a un ritmo del 4,3%. Es el segundo año en el que el sector público destruye puestos de trabajo: concretamente 219.000, casi siete veces más que en 2011, cuando se eliminaron 32.400 empleos públicos.

Negociación colectiva

Por otro lado, la reforma entraba de lleno en la negociación colectiva: daba todo el poder al empresario para modificar las condiciones laborales unilateralmente y acababa con la llamada ultraactividad, que garantizaba la vigencia de los convenios (y, por tanto, de los derechos adquiridos por los trabajadores en una empresa) y que ahora está limitada temporalmente si empresa y trabajadores no llegan a un acuerdo sobre su renovación.

“Se ha observado cierto parón en la negociación colectiva, y es algo que se materializará en el aumento de la conflictividad, en algunos sectores más que en otros. La concertación social, bien a gran escala o bien en el ámbito micro de las empresas, ha tenido la virtud de generar un clima de paz social bastante extendido, pero podríamos estar en el inicio de un cambio importante”, subraya Santos Ruesga.

En diciembre del año pasado, había 3.069 convenios pendientes de negociar que afectan a 5,4 millones de trabajadores. Además, la subida salarial media apenas llega al 1,3%, la más baja en más de veinte años y muy lejos de la subida de la inflación, cercana al 3%.

Los sindicatos alertan de que en muchos casos las empresas tratan de alargar la negociación para evitar aplicar las actualizaciones salariales y para forzar que la vigencia del convenio decaiga.

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