El juicio de las tarjetas “black”, visto para sentencia

El juicio de las célebres 'tarjetas black' ha quedado visto para sentencia. La Audiencia Nacional fallará ahora contra los 65 usuarios de las tarjetas opacas de Caja Madrid y Bankia, para quienes la Fiscalía solicita penas que van desde los doce meses hasta los seis años de prisión por apropiarse indebidamente del patrimonio de la extinta entidad.

Con excepción de Virgilio Zapatero exministro socialista, el resto de los 65 acusados no ha querido hacer uso de su derecho a la última palabra, una vez que el abogado que debía exponer hoy sus conclusiones, el de Gerardo Díaz Ferrán, ha concluido con su turno. El exministro socialista ha reiterado que nunca obró de mala fe y que en todo momento usó la tarjeta con mesura y diligencia.

El que fuera vicepresidente de Caja Madrid ha pedido al tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo que tenga en cuenta la devolución que hizo de la compra de un viaje personal y que al darse cuenta que efectuó con la Visa de la entidad devolvió, algo que a su juicio prueba “la buena fe” de su comportamiento y la “mesura” en la utilización de este instrumento de pago.

Zapatero, que cargó 35.988 euros a su plástico, ha dicho que “a pesar del ruido y la furia que el proceso provoca en la opinión pública”, confía en que la sala pueda encontrar una “solución justa” y “pondrá fin al calvario y a los 739 días de pesadilla vividos”, denunciado así el juicio mediático que dicen las defensas que han padecido los acusados. Lo cierto es que en su exposición final, el fiscal dejó en el aire la posible absolución de Virgilio Zapatero.

El procedimiento, que acoge la Sección Cuarta de la Sala de Lo Penal y que arrancó el pasado 26 de septiembre, queda visto para sentencia tras veintiséis sesiones en las que las acusaciones han denunciado que los beneficiarios hicieron un uso personal de las tarjetas otorgadas para gastos de representación mientras que las defensas han expuesto que las recibieron como complemento retributivo.

Se trata de una tesis compartida por los acusados quienes en el interrogatorio al que fueron sometidos alegaron que se trataba de un sistema heredado (fue creado el 24 de mayo de 1988 bajo un acuerdo del Consejo de Administración), que les entregaban la Visa a su llegada a la caja y sin pedirla y que era, en la mayoría de ocasiones, el secretario general de la entidad el que les explicaba las condiciones de uso y el límite mensual que tenían.

Este medio destapó el caso de las tarjetas black en 2013 gracias a un correo electrónico dentro de la investigación de Los Correos de Blesa.

El tribunal tiene ahora que dirimir la naturaleza de estas tarjetas para concluir si los acusados incurrieron en delito continuado de apropiación indebida y administración desleal por emplear estos plásticos para gastos personales. En concreto cargaron a sus plásticos compras en artículos de lujo, viajes, menaje del hogar, safaris y restaurantes por valor de 15 millones de euros entre 1999 y 2012.

La Fiscalía pide penas de prisión que oscilan entre seis años y uno. En su informe de conclusiones finales no modificó la petición para Blesa (seis años) ni para Rato (cuatro y medio) pero sí aplicó la atenuante de reparación del daño a consejeros y altos cargos por devolver las cantidades gastadas durante el proceso de instrucción de la causa.

La hoja Excel la gran protagonista

La hoja Excel presentada como prueba por Bankia que desglosa los cargos por valor de 12,5 millones de euros efectuados durante estos años por los altos cargos, ha sido la protagonista del juicio ya que, si bien para las acusaciones tiene valor documental y demuestra que se hizo un uso ilícito de las 'black', los acusados rechazaban otorgarle valor jurídico y se niegan a conocer la veracidad de los datos.

Al hilo, también han deslegitimado a la entidad que preside Ignacio Goirigolzarri para ejercer la acusación porque no la consideran heredera de Caja Madrid (sí lo hacen con la Fundación MonteMadrid). Tanto Bankia como el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) se disputan el dinero gastado con las tarjetas según expusieron en los informes finales donde se presentaron como las únicas damnificadas por esta práctica que se extendió desde 1988 hasta 2012.

Entre los testigos que declararon ante el tribunal cobraron especial relevancia las declaraciones de Jaime Terceiro, presidente de la caja entre 1988 y 1996 y Francisco Verdú, exconsejero delegado de Bankia y que rechazó emplear la Visa que recibió a su llegada a la entidad nacionalizada. Así Terceiro defendió que las tarjetas se crearon “exclusivamente” para gastos de representación, que se trataba de un sistema transparente que se oscureció cuando abandonó la entidad y le sucedió Blesa en la presidencia.