Empleado de una farmacéutica denuncia a la empresa por tener datos confidenciales de pacientes extremeños y andaluces
Un trabajador de la sede en Granada de una multinacional farmacéutica ha denunciado ante la Fiscalía Superior de Andalucía a la firma por acceder a datos confidenciales de usuarios de los servicios autonómicos de salud extremeño y andaluz, SES y SAS respectivamente, una causa en la que interviene el Defensor del Paciente.
En un comunicado, la Asamblea Interprofesional de Trabajadores de Granada ha mostrado su apoyo a ese empleado, que desde que interpuso la denuncia ha sufrido acoso y vejaciones que le han ocasionado una incapacidad permanente total con declaración de una minusvalía del 55 %.
La asociación privada Defensor del Paciente ha remitido un escrito en el que expone a los gobiernos andaluz y extremeño los “gravísimos y presuntos hechos” que considera podrían constituir varios delitos, “con grave vulneración al derecho fundamental a la intimidad de los pacientes como usuarios de los servicios andaluz y extremeño de salud”.
El trabajador de la farmacéutica ha formalizado su denuncia, admitida a trámite por la Fiscalía Superior de Andalucía, en la que aportó como pruebas datos que recibía en su correo electrónico profesional.
Historiales, recetas, tratamientos, visados
Según este trabajador, la multinacional ha extraído ilícitamente datos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y del Servicio Extremeño de Salud (SES) con información relativa a personas atendidas en centros sanitarios, historiales clínicos electrónicos, recetas, tratamientos y visados médicos.
Dicha extracción pone en evidencia, según la Asamblea Interprofesional, que los datos sanitarios no están sujetos plenamente a confidencialidad pese a que el ordenamiento jurídico así lo prevé y que serían objeto de publicidad y compra-venta para que la empresa se beneficie en perjuicio de los derechos e intereses de la ciudadanía.
La Asamblea ha solicitado además el amparo a las administraciones para que velen por la salvaguarda de los intereses y derechos de los pacientes.
La presidenta de la asociación Defensor del Paciente ha pedido a los dos gobiernos afectados “como propietarios y responsables de la custodia y privacidad de los datos personales y de salud supuestamente violados” los hechos, que ha considerado podrían representar los delitos de descubrimiento y revelación de secretos o incumplir la ley de protección datos.
Ha sumado que también atentaría contra la ley General de Sanidad, la Constitución, el código ético del sector y numerosa normativa europea y ha aclarado que la Fiscalía ha iniciado diligencias para aclarar si la farmacéutica ha cometido delitos penales.
