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EXTREMADURA

La Guardia Civil detuvo a los dirigentes de UPA en su casa, en una rotonda, y en un parking subterráneo

Afirma que ha desarticulado una trama de financiación ilegal de la organización, por importe de 1,8 millones de euros, que también afectaría a UPA España

El secretario regional, el de organización y un exdirectivo siguen detenidos dentro de la sede en Mérida

La Guardia Civil dice que usaban dinero de subvenciones europeas para financiar a UPA-UCE

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Las detenciones en Unión de Pequeños Agricultores son por financiación ilegal

Ignacio Huertas, en el centro, entra en la sede regional y luego fue detenido y esposado para que "no se autolesionara" EFE

En su casa de Badajoz, mientras circulaba por una rotonda de Coria, y en un parking subterráneo de Mérida donde dejaba el coche para asistir al XXV aniversario del Consejo Económico y Social de Extremadura; así fueron detenidos y esposados ayer por la Guardia Civil tres de los dirigentes de UPA-UCE arrestados, Miguel Leal, Maximiano Alcón y José Cruz, respectivamente.

Un cuarto, el secretario general de la organización en Extremadura Ignacio Huertas, volvió de Madrid al enterarse de la operación policial, se dirigió a la sede regional de Mérida, y una vez dentro los guardias le pusieron las esposas al comunicarle la detención y alegando que lo hacían para evitar que se provocara lesiones a sí mismos, “como si fuéramos criminales y terroristas”, ha protestado el secretario nacional de UPA-UCE Lorenzo Ramos.

Huertas, Alcón y Leal han pasado toda la noche detenidos en las oficinas, el último de ellos, que fue secretario de organización y estaba ya jubilado, ha sufrido una bajada de tensión y ha tenido que acudir una ambulancia esta mañana.

Por fin, tras varias filtraciones en Madrid a una agencia de noticias durante la jornada de ayer pese a que en ellas mismas se indicaba que el juez había decretado el secreto del sumario, el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Guardia Civil han publicado esta mañana un comunicado en el que explican los motivos de la espectacular intervención.

"Trama de financiación ilegal"

En esa nota se afirma que la Guardia Civil, en el marco de la Operación Tellus, ha desarticulado “una trama dedicada a la financiación ilegal” del sindicato UPA-UCE-Extremadura (Unión de Pequeños Agricultores-Unión de Campesinos Extremeños).

Las investigaciones comenzaron hace nueve meses, el pasado mes de febrero, tras una  denuncia interpuesta por el titular de una pequeña explotación agrícola en la comarca de Campo Arañuelo, Cáceres, en la que “ponía de manifiesto un supuesto entramado financiero ilegal del sindicato”.

Continuando con las investigaciones los agentes pudieron determinar que más de 1.800 afiliados habrían solicitado subvenciones para asesoramiento agrario a la Junta de Extremadura durante los años 2013 a 2015, con fondos procedentes de la Unión Europea, fondos que “fueron derivados a las necesidades financieras del propio sindicato y de otras personas físicas y jurídicas que están todavía bajo investigación”, sostiene la Guardia Civil.

Tras el estudio de la normativa vigente que regula la obtención de estas subvenciones por asesoramiento agrario, los agentes comprobaron que los perceptores de dichas ayudas eran agricultores cuya explotación agraria estaba en Extremadura, los cuales recibirían, previa solicitud y presentación de la documentación correspondiente, el 80% del importe total de la subvención.

Dicho asesoramiento sólo podía ser prestado por una lista de empresas y organismos reconocidos por la Junta, entre los que se encontraba el propio sindicato UPA-UCE.

Continuando con las investigaciones, la Guardia Civil procedió a tomar manifestación a una treintena de agricultores. Igualmente se procedió a realizar un “minucioso” análisis de miles de extractos bancarios de las cuentas del sindicato pudiéndose comprobar “la existencia de un plan preconcebido y la aplicación de una ingeniería financiera diseñada con anterioridad a su ejecución, en cuyo desarrollo participaban personas físicas y jurídicas bajo una estructura organizada”.

La Benemérita afirma haber comprobado cómo algunos empleados del sindicato (los “captadores”), utilizaban “mediante el engaño o tergiversando la información”,  a cientos de afiliados para que firmasen una serie de documentos que eran la solicitud de la subvención, la de un préstamo por el valor del informe para asesoramiento agrario, y las órdenes a los bancos para que procediesen a los adeudos de cobro por parte de una mercantil asociada al sindicato “de la que servían para dar apariencia de legalidad al entramado”.

La mecánica sería doble:

El dinero necesario para pagar el informe agrario “provenía del propio sindicato que lo transfería a la empresa mercantil instrumental y, de ésta, a los agricultores perceptores de las ayudas, para volver de nuevo al sindicato de donde había salido, simulando un supuesto pago por un asesoramiento agrario que no llegaba a darse, o no se daba con las condiciones exigidas para otorgar las subvenciones”. Así se evitaba que cada una de las personas solicitantes adelantase el pago de su bolsillo para el servicio de asesoramiento agrario, teniendo también en cuenta que la subvención solo costeaba el 80% del valor de ese asesoramiento.

La subvención, sigue explicando la Guardia Civil, una vez gestionada por el propio sindicato con los documentos que les daban a firmar a los agricultores, era ingresado en la cuenta de estos últimos e inmediatamente se transfería a la mercantil instrumental como amortización del préstamo. Desde allí nuevamente se transfería al sindicato.

De esta manera “el dinero salía del sindicato, se transfería a los agricultores a través de la mercantil y volvía al sindicato mediante el cobro de recibos, lo cual permitía a este último volver a ponerlo en circulación las veces que lo considerase necesario, operando reiteradamente con esos fondos para volver a recuperar el dinero. Las operaciones así realizadas eran por tanto ficticias y sin coste económico alguno, obteniendo el beneficio íntegro de las miles de subvenciones concedidas a favor de los afiliados del sindicato, las cuales volvían a este último”.

Este proceso de transferencias y cobro de recibos tipo carrusel se daba “a espaldas de los propios agricultores, muchos de los cuales desconocían incluso haber solicitado un préstamo para asesoramiento agrario. Los titulares de las explotaciones agrícolas, por regla general, únicamente eran conscientes de haber firmado una solicitud de subvención, para lo que firmaron en el sindicato una serie de documentos que desencadenaban toda la operativa descrita”.

El dinero así obtenido por el sindicato durante los años 2013, 2014 y 2015 fue de algo más de 1,8 millones de euros, procedente de unas  5.500 subvenciones que fueron solicitadas por más de 1.800 afiliados de UPA – UCE Extremadura, prosigue el comunicado oficial.

La investigación patrimonial “ha desvelado que el capital se ha utilizado mayoritariamente por el sindicato para la financiación de la actividad propia del mismo, es decir, pago de nóminas, impuestos, suministros, pago de proveedores, etc. Otra parte se ha destinado a determinadas empresas para fines supuestamente privados y otra, en definitiva, a la matriz nacional del sindicato u otras organizaciones afines”.

Finalmente ayer miércoles, por orden judicial, los guardias registraron cuatro de las 28 sedes de la organización, y las búsquedas de documentos continúan.

Los detenidos son siete, ya que además de los cuatro citados al principio lo está también la vicesecretaria general, María Antonia Alcalá, arrestada en Plasencia, y por otro lado el administrador único de la empresa Servicios Integrales de Extremadura, “utilizada para facilitar los préstamos a los agricultores”, y el “captador” de agricultores. La investigación se encuentra todavía abierta y la Guardia Civil no se descartan nuevas detenciones  o imputaciones.

El actual secretario de organización, Maximiano Alcón, la vicesecretaria María Alcalá, y esas otras dos personas están en la Comandancia de la Guardia Civil en Cáceres.

Los hechos investigados pudieran ser constitutivos, como se filtró ayer, de los delitos de “pertenencia a organización criminal, contra la hacienda pública mediante fraude de subvenciones, falsificación de documentos y blanqueo de capitales”.

Tanto los detenidos como las pruebas obtenidas en los registros están a disposición del Juzgado de Primaria Instancia e Instrucción nº 1 de Mérida, que entiende esta causa.

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