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EXTREMADURA

Charo Cordero niega una persecución política en el cese de la interventora de la Diputación de Cáceres

El PP criticó que se trata de "una cuestión arbitraria, para evitar el control y la fiscalización del gobierno socialista”

Alega que el cese está relacionado con el hecho de que "se cumplan los objetivos marcados por la Diputación"

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Charo Cordero

Charo Cordero

La presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero,  afirma que "no existe ninguna persecución política" y que "sólo hay causas técnicas y objetivas" en el procedimiento de cese de la interventora, Victoria Eugenia Valle Núñez, abierto por el gobierno socialista.

"Yo soy alcaldesa de mi municipio desde hace 13 años, y llevo trabajando con el interventor de ese ayuntamiento desde hace 22 años", ha puntualizado Cordero. Así se ha defendido de las críticas vertidas por el grupo popular, que tachó el cese de la interventora de "caza de brujas".

El portavoz del PP, Alfredo Aguilera, criticó que se trata de "una cuestión arbitraria, para evitar el control y la fiscalización del gobierno socialista, que está incomodando a Cordero".

La presidenta de la Diputación inició el procedimiento de cese de la interventora después de que ésta pusiera numerosos reparos a los presupuestos que se aprobaron la semana pasada en sesión plenaria extraordinaria, y que provocó el rechazo de PP y C's por considerar que "podrían resultar nulos de pleno derecho".

En este sentido, Cordero alega que el cese está relacionado con el hecho de que "se cumplan los objetivos marcados por la Diputación". "No son cambios ni decisiones fáciles", ha subrayado la presidenta, que ha precisado que "aquí estamos para tomar decisiones y mejorar las cosas cuando no funcionan".

Cordero no ha querido entrar a valorar esas cuestiones objetivas y técnicas que han motivado la apertura de este procedimiento, y ha mostrado su "respeto" hacia la figura de la interventora y ha instado a no dar más explicaciones durante el periodo de alegaciones.

La interventora tiene un periodo de diez días para presentar alegaciones; toda la documentación derivada, con argumentos de una y de otra parte, se enviarán al Ministerio de Hacienda y Función Pública. Posteriormente, el Ministerio emitirá un informe "preceptivo aunque no vinculante" y será finalmente la Presidencia la que resuelva el cese. "Hasta el final no sabremos si ese cese se producirá", ha concluido Cordero.

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