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EXTREMADURA

El PSOE recurre ante la Junta Provincial por posibles delitos electorales en Mérida y Calamonte

El recurso estima que la Junta Electoral de Mérida no realizó las pruebas oportunas y solo llamó a declarar a una funcionaria de Correos

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El PP no ha ofrecido explicaciones en torno a los puntos oscuros que rodean el voto por correos en Mérida y el PSOE ha decidido presentar un recurso de revisión ante la Junta Electoral Provincial para que investigue qué ha estado ocurriendo en Mérida en esta campaña electoral en torno al voto por correos, y más en concreto al voto por correos de personas mayores ingresadas en centros públicos, como el psiquiátrico, y privados como la residencia Villalba. Además, la denuncia se amplía con otros hechos ocurridos en Calamonte, en donde al menos dos ciudadanos han hecho público similares actuaciones de concejales del PP en el voto por correos.

Esta denuncia ante la Junta Electoral Provincial se produce tras archivar el caso la Junta Electoral de Mérida al no encontrar indicios de irregularidades.

En el escrito presentado por los socialistas a la provincial hay una clara disconformidad con la decisión de los jueces de Mérida, porque en algunos casos “ no ha procedido a practicar diligencia alguna sobre mencionados hechos”.

Más pruebas

La denuncia socialista pretendía esclarecer posibles irregularidades y propuso entre otras pruebas: visionar las grabaciones de las cámaras de vídeos de correos, y confirmar la validez de todos los datos de las solicitudes de los votos por correo. Al día siguiente, el PSOE amplió esa denuncia pidiendo nuevas pruebas aclaratorias, entre otras comprobar el papel desempeñado por un médico y un notario que habrían acudido a los centros de mayores con dirigentes del PP. En el caso del médico, su función es clave para determinar si la persona que pide el voto por correo está impedida para ello o no. Ese médico no fue el de familia de los mayores ni siquiera el facultativo de los centros visitados.

En ese listado de pruebas, se había pedido también a la Junta Electoral de Mérida, en la que hay tres jueces de la ciudad, que llamasen a testificar a algunas de las numerosas personas que estaban en la oficina de Correos de Mérida cuando sucedieron los hechos y cuyos datos constan en los registros de la policía, ya que agentes de la policía nacional estuvieron en el lugar de los hechos y recogieron testimonios.

Además, se pedía que esclarecer a qué dirección de correos iba cada uno de esos votos ya que podrían estar dirigidos a una calle en la que tiene su sede el PP regional.

Sola una declaración

Tras cinco días de estudio del caso, máximo legal permitido antes de emitir un fallo, la Junta Electoral acordó archivar el asunto. Según el recurso del PSOE, la única diligencia realizada fue tomar declaración a una funcionaria de Correos y por ello esa decisión judicial “no puede estar fundamentada en derecho cuando no se han practicado las pruebas oportunas para el esclarecimiento de los hechos, ya que en el acto que nos ocupa tan solo ha declarado la responsable de la oficina de Correos… entendiendo esta parte que la JE de Zona de Mérida no ha actuado con la diligencia debida en mencionadas actuaciones, ocasionando con ello, que se vulneren los principios de objetividad, transparencia e igualdad que deben regir todo proceso electoral”. 

También en Calamonte

También en la vecina localidad de Calamonte se han producido hechos similares, sobre losw que la Junta Electoral de Mérida tampoco ha abierto diligencia alguna.

Ramón Ledo, vecino de Calamonte, contó en varios medios de comunicación que a su madre le habían robado el voto y apuntó a una concejala del PP como responsable, explicando que su madre,que no saber ni escribir, había sido conducida a Correos y alguien había escrito y firmado su solicitud de voto por correo.

Tras su denuncia en los medios de comunicación, Ledo acudió a la Junta Electoral de Mérida para contar lo ocurrido. “En la sede de la JE se le dice al denunciante, Ramón Ledo, que ante tal situación debería incapacitar a su madre, manifestación completamente fuera de lugar, ya que, porque una persona tenga una discapacidad auditiva, y por circunstancias de la vida, sea analfabeta, no quiere decir que sea incapaz para gobernarse a sí misma”, se indica en el recurso en el que hay extrañeza de que se haya archivado también esa denuncia considerando que no hay indicios de que haya manipulado la voluntad de esa persona.. “Si dicha persona es sordomuda, y no sabe leer ni escribir, ¿ Cómo pudo tomarle la JE de zona de Mérida declaración a la misma, sin una persona experta en leguaje de signos que entendiese a la perfección a la misma?”.

Un segundo caso, muy similar, es el de otro vecino de Calamonte, Emiliano Acedo, que también realiza una denuncia pública, manifestando que recibió una llamada de una mujer ofreciéndose para tramitarle el voto por correo, el dijo que quería votar en persona, pero al rato le llaman nuevamente diciéndole que se acerque a las oficinas de Correos en Calamonte. “·Allí una señorita le entregó unos papeles pero que desconoce lo que firmó. Reconoce a esta señora, en un programa electoral del PP, identificándola como Ana Fernández, actual Concejala del Ayuntamiento de Calamonte.

Estamos pues ante otro caso claro de manipulación de una persona enferma, que no sabe qué documento le incitan a firmar, aun cuando manifiesta de manera reiterada su deseo de ir personalmente a votar, haciendo caso omiso a su voluntad; esta dirigente del PP, supuestamente, le completa los datos de la solicitud, para que él solo tenga que firmarla, sin saber qué es lo que está haciendo, obteniendo así, su firma mediante engaño”, se dice en el recurso.

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