Antonio Galván, obligado a declarar por un delito electoral tras ausentarse porque estaba de vacaciones
Estaba citado para declarar a comienzos de julio, pero Antonio Galván se libró de sentarse en el banquillo por un presunto delito de fraude electoral alegando que se encontraba de vacaciones. En concreto porque ya tenía contratado un viaje de vacaciones con su familia.
Inicialmente el juez sustituto que se hizo cargo del caso en los Juzgados de Zafra aceptó la escusa del alcalde de Calzadilla de los Barros y senador del PP por la provincia de Badajoz, lo que le permitió ausentarse y posponer su declaración para septiembre.
No obstante las alegaciones presentadas tanto por la acusación que ejerce el PSOE de Calzadilla, como la de la fiscalía, han obligado finalmente a Galván a declarar este viernes 29 de julio por el empadronamiento de 63 personas poco antes de las elecciones municipales y autonómicas de 2011.
No responde al abogado de la acusación
El dirigente del PP solo ha respondido a las preguntas de su abogado y del Ministerio Fiscal, rechazando las de la acusación particular que ejercen los socialistas.
Para el PSOE el argumento de Galván era una escusa para 'esquivar' su declaración en los Juzgados de Zafra también en septiembre, teniendo en cuenta que para entonces será otra vez senador y no tiene obligación de hacerlo puesto que como aforado solo puede ser juzgado por el Tribunal Supremo.
Que la instrucción se cierre en Zafra
El letrado de la acusación reclama que toda la instrucción se cierre en el Juzgado de Zafra antes de que el caso vaya a instancias superiores por el aforamiento del alcalde de Calzadilla.
Denuncian que el alcalde ha retrasado su declaración argumentando diferentes motivos hasta en tres ocasiones, aunque la tercera vez, el argumento de las vacaciones, supone a su parecer una “burla” a la ciudadanía y a la democracia en general.
El portavoz socialista de Calzadilla de los Barros, Julio Real, tacha los hechos por los que se juzga a Galván de muy graves. El PSOE local denuncia el caso de hasta 63 personas que habrían sido empadronadas en cocheras, edificios municipales, corralones e incluso en casas en ruinas. También en un hotel de la localidad, un cortijo y una gasolinera de carretera.
