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Zaplana y Bono, listos para la acción

El ex president de la Generalitat, Eduardo Zaplana, en una imagen de archivo.

Pongamos que sí, que los catalanes se quieren ir de España porque no les salen las cuentas; sería muy "catalán". Tópico por tópico, también es muy español que se les niegue toda posibilidad —incluso de debatir sobre su marcha— "por las buenas o por las malas". Es más, lo español español es tener ya decidido que será por las malas y, encima, sacar pecho. Mala cosa esto de usar la Constitución como única trinchera y peor todavía si la trinchera en cuestión se deja en manos de personas como José Bono o Eduardo Zaplana que, con todos mis respetos, parecen más secuestradores que amigos de la Carta Magna.

Bono y Zaplana acaban de presentar en sociedad su Fundación "España Constitucional". Es complicado defender España contra un trozo de si misma, aunque que sea un trozo que, precisamente, lo que no quiere es ser España. Que los catalanes —algunos, pocos, muchos, los que sean— no quieran ser españoles pone las cosas difíciles. Desde un punto de vista españolista y democrático, ser español sin querer serlo es una forma como otra de ser español y, por tanto, debe ser defendida por el españolismo democrático. Lo dicho: no es fácil. Teniendo en cuenta pues que estamos ante una cuestión complicada, una Fundación como la que nos ocupa, con dos políticos profesionales del tipo Bono y Zaplana, solo puede servir para complicar las cosas. Supongo que es de lo que se trata, de tensar allá donde lo que se necesita es flexibilidad.

La trayectoria de Bono y Zaplana se ha caracterizado siempre por su apuesta por lo simple, por el camino más corto, por el atajo más oportuno. Una curiosa coincidencia les une: jamás han sido ni concejales, ni diputados rasos. Bono empezó como secretario cuarto de la Mesa del Congreso allá por 1979, luego fue presidente autonómico, luego ministro y acabó de presidente de la Cámara Baja; Zaplana arrancó como alcalde de Benidorm en 1991, siguió de presidente autonómico, pasó a ministro y remató siendo portavoz del grupo parlamenario popular cuando el PP se fue a la oposición. 

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Los 5.000 de Fabra

Alberto Fabra, en un momento de su discurso de Año Nuevo.

Le ha costado, pero finalmente Alberto Fabra ha dado un paso al frente y ha reivindicado como fruto de su ejercicio al timón de la Generalitat Valenciana algún dato macroeconómico. Casualmente ha sido la cifra del paro registrado durante el pasado mes de diciembre, que descendió en la Comunitat Valenciana en 5.024 personas, y que —curiosamente— el molt honorable adelantó personalmente vía discurso institucional de fin de año y vía twitter, cuando lo habitual es que ni el conseller del ramo se atreva a dar la cifra delegando la papeleta en un subordinado. Sí, ya sé lo que estarán pensando, que lo que ha hecho ha sido apuntarse un tanto después de esconder la cabeza durante un largo periodo de datos negativos en este y otros sentidos. ¿Pero por qué pensar que Fabra haya tenido una iniciativa tan vulgar?

No, el presidente finalmente hizo lo que tanto partidarios como detractores le venían reclamando desde que entró en el Palau de la Generalitat; asumir las riendas de su gestión. Y, oye, ha dado la casualidad de que le han salido las cosas. Enhorabuena a él y a todos los valencianos. Porque el suyo, además, es un gesto admirable. Por lo pronto, con él por fin ha dejado claro dos cosas que su predecesor, Francisco Camps, nunca quiso asumir. La primera, que la Generalitat tiene muchas competencias en materia de empleo y herramientas para hacer su propia política, de la que dependen estos resultados. La segunda, que, teniendo en cuenta que el paro aumentó en 2012 en 34.669 personas según las mismas cifras, todos esos nuevos parados, más los acumulados desde mediados del año anterior, habría que apuntarlos a la herencia de las políticas de Camps. 569.735 valencianos en el paro hay ahora, nada más y nada menos, y desde el Consell se reconoce por fin que la culpa no es solo de Zapatero.

Porque la cuenta de Fabra —él pone la fecha, reconociendo los datos como propios— comienza en octubre, cuando se produjo el primer mes de descenso en el paro registrado. Y aunque sea más de un año después de su acceso al cargo, bueno es saber aproximadamente cuándo se puso manos a la obra. No solo para poder felicitarle por su gestión en materia de empleo, sino también para determinar cuánto tiempo tardará en solucionar los impagos de la administración valenciana frente a sus proveedores (iniciados durante su mandato); cuánto tiempo sustentará su posición sobre diputados imputados en causas de corrupción o enredados en asuntos turbios; o en definitiva, quién es el responsable de que se detengan (depurando las responsabilidades políticas pertinentes) o continúen los desmanes que han hecho de nuestra autonomía el hazmerreír político a nivel internacional, con una difusión mediática que para sí hubiera querido la Copa América.

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Los primeros despidos del ERE en RTVV no despejan la duda de su futuro

Concentración de trabajadores a las puertas de RTVV.

Rondaba la media tarde del 20 de julio de 2011 cuando Carolina Alcolea, rodeada de un grupo de compañeros afines, irrumpió en la redacción de informativos de Ràdio 9 en Valencia. Francisco Camps iba a anunciar su dimisión, y en la sala se encontraban algunos de los periodistas más veteranos y experimentados de la casa, pero Alcolea decidía hacerlos a un lado y delegar la elaboración del informativo más importante en años a editores de su confianza. Cuando Ràdio 9 dio la noticia, toda España la conocía a través de otros medios. Claro que aquellos no esperaron a recibir el visto bueno de "presidencia".

El martes, cuando finalmente se conocieron los 79 primeros despidos en Ràdio 9 (el 60% se ejecutan ahora y el resto el próximo verano), el nombre de Alcolea no estaba entre los afectados. En un proceso de selección fuertemente criticado por el comité de empresa —por no valorar como favorables criterios objetivos como la obtención de la plaza vía oposición y sí otros subjetivos—, esta "comisaria política del PP", como califican sus ex compañeros a una profesional que "se encarga de controlar lo que se dice y lo que no se dice" en los informativos de su franja horaria, ha conseguido mantener su puesto.

Su caso, según muchos afectados, no es excepcional. "Se han quedado los dóciles", describe uno de ellos, que confirma a Eldiario.es algunas de las novedades que poco a poco van desgranando los sindicatos. No puede ser de otra manera. Los despidos, firmados por un "director suplemente" de RTVV tras la inesperada dimisión días antes del anterior director José López Jaraba (bajo cuyo mandato la radiotelevisión pública registró las peores audiencias de su historia), se comunicaron a los afectados por e-mail y no se ha facilitado a nadie un listado con todos los afectados.

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La política sin sentido (ni del ridículo)

El vicepresidente del Consell, José Ciscar, junto al presidente Alberto Fabra.

No hay nada peor que estar gobernados por gente irresponsable. Los irresponsables no tienen capacidad para enjuiciar sus propios actos y, en el mejor de los casos, solo responden a estímulos externos y, obviamente, superiores. En política, los irresponsables se caracterizan porque solo asumen las consecuencias de sus comportamientos cuando un juez le dice, por escrito, que lo que han hecho no es legal.

El País Valenciano parece, en estos momentos, un campo de pruebas sobre irresponsabilidad política. Con una decena de diputados del grupo parlamentario del PP en Les Corts imputados (ahora ya nueve después de que uno de ellos, Pedro Hernández Mateo, haya acabado condenado), la pasada semana se vivió un "experimento" especialmente original: el Consell de la Generalitat presidido por Alberto Fabra devolvió a su puesto a Dora Ibars, que había sido destituida en octubre como directora general de Promoción Institucional por estar imputada en el "caso Gürtel". Pasados menos de dos meses, el juez ha archivado la cuestión y Fabra ha desandado el camino e Ibars retorna a su alto cargo.

El hecho no tiene precedentes y, se mire por donde se mire, no se aguanta. Un político, cuando se ve implicado en una investigación judicial, debe dar por propia iniciativa la cara en público y ofrecer todas las explicaciones que se le reclamen; papeles, datos, pruebas... La relación del ciudadano con su representante o su administrador, en democracia, está basada en la confianza. Por tanto, el político debe disipar todas las dudas que puedan aparecer; y si, pese a sus esfuerzos, no puede aclararlas, es entonces cuando debe dimitir. Llegados a este punto, si pasado un tiempo el juez acaba evidenciando que el afectado/a está libre de toda culpa, se puede plantear su vuelta al cargo.

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El AVE y la Paradoja de Abilene

Muchas autoridades se retrataron junto al AVE en su primera llegada a València.

La Paradoja de Abilene, descrita por Jerry B. Harvey en 1988, se refiere a una situación en la cual un grupo de personas acaba haciendo algo que ninguna de ellas desea de forma individual. ¿Parece imposible? Ni mucho menos.

Harvey lo ilustra con un ejemplo: una pareja de suegros y un matrimonio que no tienen nada que hacer una tarde de verano. Cuando el suegro propone de repente ir al pueblo de Abilene, que no está precisamente cerca, la mujer se muestra aparentemente entusiasmada; el marido, al oírlo, dice que a él también le apetece; y la suegra, por no decepcionar a nadie, da el visto bueno. A la vuelta, tras un viaje largo, caluroso, en el que han comido mal y no han hecho nada reseñable, descubren que ninguno de ellos quería ir a Abilene, y que el suegro, que propuso la idea, tan sólo lanzó la sugerencia porque le parecía que estaban aburridos y les gustaría ir al pueblo, pese que a él no le apetecía.

Esta paradoja ilustra perfectamente el caso de la Alta Velocidad Española cuya línea Madrid-Valencia acaba de cumplir dos años en funcionamiento. La Alta Velocidad, en la que España es el segundo estado en el mundo por kilómetros construidos, expresa el fracaso del modelo territorial y de las inversiones en infraestructuras. No ha servido para fomentar la cohesión territorial, mejorar las comunicaciones para el grueso de la población, enlazar capitales estratégicas o dinamizar la economía de las zonas a las que ha llegado. Y sin embargo, se hizo. ¿Por qué? Porque el AVE es nuestro Abilene.

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Comença el judici als defensors del Cabanyal

Hui, a les 10 hores, ha començat el judici pels fets ocorreguts al Cabanyal el 6 d’abril de 2010. Aquell matí s’enderrocaren dos edificis i la policia municipal i nacional carregà contra els veïns que s’oposaren. El dia acabà amb una multitud de denúncies creuades entre policies i activistes i polítics de l’oposició. El judici s’allargarà fins dimecres. Hui declararà Mònica Oltra, de Compromís, i Faustino Villora, de Salvem El Cabanyal, entre d’altres. Este vídeo és un resum d’aquella jornada.

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El Consell esconde también los beneficios privados en la Ciudad de las Artes y las Ciencias

L'Umbracle dispone de un espacio excepcional a un precio que, según lo denunciado por EU, también lo parece.

Pese a ocupar —en régimen de arrendamiento— un espacio público, la discoteca L’Umbracle de València no es lo que comúnmente se entendería como un negocio de precios populares. 15 euros cuesta acceder al complejo instalado en el marco de la millonaria Ciudad de las Artes y las Ciencias, y un combinado estándar, lo que popularmente se conoce como un cubata, no baja de los 9. Sin embargo, en la capital del Turia, L’Umbracle es todo un éxito, y sus pistas, con un aforo estimado de 5.000 personas en la terraza y 1.000 en la sala de discoteca, se llenan muchas noches en temporada estival.

Así pues, la exclusividad del disfrute de un espacio a priori público no estaba hasta ahora mal visto por la ciudadanía. En un entorno en cuya gestión priman los números rojos (las cuentas del Palau de les Arts, a pocos metros, ofrecen anualmente pérdidas millonarias), que un espacio pudiera ser alquilado dejando dividendos a las arcas públicas tenía una buena aceptación. No obstante, esta impresión podría cambiar después de que hoy se haya dado a conocer que la empresa que explota el espacio tan solo abona 90.000 euros anuales por su uso. Tres noches buenas del local —abierto cada temporada desde principios de mayo a finales de octubre— cubrirían con creces esa cantidad.

“No hay que ser un lince para darse cuenta de que es una ganga para un espacio de estas características y en un entorno tan singular”. Quien lo afirma es el portavoz adjunto de Esquerra Unida en Les Corts, Ignacio Blanco, cuyo grupo lleva años tratando de fiscalizar, pese a la opacidad del gobierno valenciano, la gestión y las cuentas de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias (CACSA). Un complejo cuyo coste, gracias a su investigación, finalmente se ha podido cifrar en más de 1.300 millones de euros.

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Un ex vicepresidente y dos ex conselleras valencianas se acercan al banquillo en un nuevo juicio de Gürtel

Francisco Camps en su última visita a Fitur, en 2011.

Justo un año después de que Francisco Camps accediera al Tribunal Superior de Justicia en la primera jornada del juicio por la causa de los trajes de la trama Gürtel, el magistrado José Ceres, encargado de la instrucción de todo el procedimiento, ha hecho público el auto con el que ha puesto fin a la instrucción de una nueva pieza del caso. En esta ocasión, la relativa a los supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y cohecho derivados de la contratación de Fitur entre la Generalitat y Orange Market.

En la resolución —contra la que cabe recurso de las partes en un plazo de diez días (antes de que, de no prosperar, se abra juicio oral)— el magistrado ha determinado procesar al exvicepresidente del Consell Vicente Rambla, a las ex conselleras de Turismo Milagrosa Martínez y Angélica Such, y al exjefe de gabinete de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT), Rafael Betoret (ya condenado en la causa de los trajes), por presunta prevaricación continuada en las adjudicaciones a Orange Market S.L. del pabellón autonómico en la feria Fitur entre los años 2005 y 2009. Los tres ocupan actualmente escaños de diputados del Partido Popular en Les Corts.

Además de ellos, el instructor también aprecia indicios de los mismos delitos en Isaac Vidal (exjefe del área de Mercados y Comunicación de la AVT), Jorge Guarro (jefe del servicio de Promoción de la agencia) y Ana Grau (coordinadora de ferias en la AVT). A su vez, a Martínez y a Such también les atribuye un delito de cohecho pasivo; a Betoret, Vidal, Guarro y Grau, un delito continuado de malversación de caudales públicos; y a Grau y a Vidal, un delito de falsedad en documento oficial.

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Fabra, De Guindos y su país sin ciencia

El presidente de la Generalitat, en una imagen de archivo.

Es usted un analfabeto científico. Señor Alberto Fabra, puede que le sorprenda esta afirmación, pero no tengo más remedio que decírselo así tras leer que, según usted "no hay sitio" para la investigación científica “no productiva” (sic). Escucharle decir eso me inunda de una profunda tristeza: algo hemos hecho mal como sociedad.

Algo ha salido mal en su educación, en su formación como persona, para que usted considere que hay ciencia “productiva” y ciencia que no lo es. Para que usted desconozca que ciencia básica y aplicada son dos caras de la misma moneda, que una no puede existir sin la otra. Para que desprecie, sin más, el conocimiento per se, la satisfacción de la curiosidad humana, el impulso que nos llevó a salir de África tambaleándonos sobre dos piernas y nos propulsó con una nave espacial a la Luna.

Sus declaraciones muestran una profunda y arraigada incultura científica, un desconocimiento pavoroso de la realidad del progreso científico-técnico de la humanidad. Quizás usted piense que algunos laboratorios se dedican a hacer “cosas” –como diría su jefe Mariano Rajoy- para la vida diaria, y otros, habitados por científicos de bata medio abrochada y pelo desordenado y canoso, se dedican a jugar con humeantes frascos de colores y a perder el tiempo. Mire, Molt Honorable: lea un poco.

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Camps, culpable

Francisco Camps, en el banquillo de los acusados, hace ahora un año.

Leer versión en valenciano.

"¡Tiene un mérito increíble! Cristiano Ronaldo cobra más que todos los jugadores del Levante juntos", exclamaba el otro día Francisco Camps en un pasillo de Les Corts, donde charlaba amigablemente con el diputado popular —y granota Rafael Ferraro. Con el dinero de los valencianos que se llevó la trama Gürtel, la Generalitat no sólo podría pagar el sueldo de Ronaldo, sino también los de Kaká y Benzema.

A buen seguro que el expresidente valenciano no ha efectuado este cálculo. Desde que fue declarado "no culpable" de un delito de cohecho impropio, Camps se ha refugiado en su despacho del Consell Jurídic Consultiu y se ha preocupado mucho más por el deporte —por la práctica y por el seguimiento televisivo— que no por la política o la economía.

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