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GALICIA

La Xunta libera a cuatro constructoras de construir media autovía con una ley a medida

El Gobierno gallego utiliza la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2015 para permitir que el consorcio empresarial que construye la autovía da Costa da Morte solo se haga cargo de 25 de los 42 kilómetros a los que se comprometió.

El BNG anuncia que llevará a la Fiscalía esta operación, en la que aprecia que la Xunta está "prevaricando" para beneficiar a "empresas amigas" del PP.

El contrato modificado es el tercero firmado por el Ejecutivo autonómico para la construcción de esta vía. El anterior fue anulado después de que el PSdeG denunciase un sobrecoste de unos 400 millones de euros.

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Firma del contrato de la autovía, en junio de 2011

Firma del contrato de la autovía, en junio de 2011

La historia de la autovía de la Costa da Morte se remonta a comienzos de la década pasada cuando, tras el naufragio del Prestige, la Xunta de Manuel Fraga puso en marcha su propia versión del Plan Galicia, el paquete de infraestructuras con el que el Gobierno de José María Aznar intentó paliar la tormenta política. Uno de los principales encargados de anunciar con profusión aquel plan por toda Galicia fue el conselleiro de Política Territorial, Alberto Núñez Feijóo, pieza insertada en el gabinete de Fraga desde la madrileña calle de Génova en lugar del desaparecido Xosé Cuíña. Entre los proyectos que Feijóo publicitaba estaba una "vía de alta capacidad" entre Carballo y Fisterra, cuya licitación no vio la luz hasta 2008, ya como autovía y con el bipartito en la Xunta. Esa primera adjudicación concluyó en fracaso porque las empresas constructoras no lograron la financiación necesaria, y la vigente adquiere tintes de fiasco mientras el gabinete del ahora presidente Feijóo les hace a las constructoras un traje legal a medida permitiendo que no construyan la mitad de lo comprometido, un amaño que el BNG se dispone a remitir a la Fiscalía.

El procedimiento que ahora se tambalea es la tercera contratación de esta autovía. La segunda licitación fue cancelada por la Xunta en 2010 alegando motivos económicos, pero después de que el PSdeG denunciara un sobrecosto en las obras de unos 400 millones de euros y mientras una de las empresas que había optado a la obra, Dragados, llevaba el procedimiento a los tribunales. Finalmente la Consellería de Infraestructuras que dirigía el ahora alcalde de Santiago, Agustín Hernández, les adjudicó la autovía en primavera de 2011 a las empresas Copasa, Taboada y Ramos, CRC y Covsa. En la firma del contrato, solemnizada en junio de ese año, el propio Hernández aseguraba que quedaban solucionados "los problemas heredados del bipartito" y anunciaba, además, que la autovía estaría "finalizada en el horizonte de esta legislatura", lo que ponía el límite en 2013. En aquella comparecencia, el conselleiro explicaba, además, que las empresas ganadoras lo eran, esencialmente, porque habían presentado la oferta "más ventajosa" desde el punto de vista económico.

Más de tres años después de aquella firma, tales promesas están muy lejos de ser realidad. La autovía está concebida con el sistema de peaje en la sombra, según el cual las empresas ponen el dinero de la construcción y, una vez que la vía entra en servicio, la Xunta paga en función del tráfico que absorba. En este contexto, las empresas cuya solvencia económica estaba supuestamente garantizada no son capaces de encontrar financiación suficiente para acometer las obras en su totalidad. El Gobierno, en vez de romper el contrato por el incumplimiento, se dispone a modificarlo no por la vía tradicional, sino con una disposición legal introducida en la ley de acompañamiento de los Presupuestos de 2015, que este martes inició su trámite parlamentario. El plan de la Xunta consiste, en esencia, en que las constructoras dejen sin construir una parte de lo acordado y se ocupen de solo 25 de los 42 kilómetros planificados, dejando fuera el tramo entre Baio y Berdoias, en Vimianzo.

En la disposición adicional quinta de esa ley de acompañamiento, la Xunta alude a los omnipresentes "principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera" para, "en atención a la concurrencia de razones de interés general", proceder a la "resolución parcial del contrato" y "reducir" así el "volumen de compromisos de gasto", cifrado en más de 700 millones de euros. Así las cosas, dice la ley, "el plan económico-financiero de la concesión deberá adaptarse para restablecer el equilibrio económico". A estos efectos, continúa, "la retribución económica prevista" integrará "como compensación al concesionario por todos los conceptos derivados de la presente disposición, el importe de las inversiones ya realizadas". Traducido: las empresas no construirán parte de lo que se habían comprometido a hacer y serán compensadas económicamente por lo que gastaron en expropiaciones o movimientos de tierras en el tramo que no construirán.

El BNG anuncia que trasladará el asunto a la Fiscalía

Esta operación gubernamental llegó este martes al pleno de la Cámara. En el inicio de la tramitación de la ley de acompañamiento, la oposición en pleno expresó sus dudas sobre la modificación del contrato y desde el BNG su portavoz, Francisco Jorquera, advirtió a la Xunta de que, en el caso de "no comprometerse a retirar esta disposición” –algo que el PP dice no estar dispuesto a hacer–, el BNG acudirá “a la Fiscalía". Dado que la conselleira de Hacienda cifra en 128 millones de euros el "ahorro" con el recorte, eso implica "que las concesionarias de esta autovía", empresas "amigas del PP", quedan "eximidas de hacer un 40% de los kilómetros" mientras solo se reduce un 17% el costo para el erario. Esto, acusa, es saquear los recursos públicos", mas aun porque el "coste real" de la autovía es de 200 millones de euros: "la obra se reduce en un 55% y el precio se multiplica en un 235%", por lo que "si no es prevaricación, se le parece mucho".

"Ustedes verán lo que hacen, no vaya a ser que acabe imputado todo el grupo [parlamentario] del PP y todo el Consello da Xunta", advierte Jorquera, en un contexto en el que también el resto de la oposición recela de estos cambios. "Están cometiendo un delito con carácter presunto", dice desde AGE Yolanda Díaz, que ve en la modificación "no solo un fraude democrático", sino una manera de proceder próxima al ámbito penal. Por parte del PSdeG su portavoz, Juan Carlos González Santín, anuncia que "vamos a pedir a los servicios jurídicos de la Cámara" que dictaminen si "esta norma está ajustada a la legalidad", mientras que desde el PP el diputado Hipólito Fariña cree "inaudito" que se vincule el proceder de la Xunta con la "prevaricación". "No reclamaron de ningún delito cuando una decisión del Gobierno central acabó con el Plan Galicia", resuelve, mientras asegura que la modificación del contrato "cuenta con todos los avales jurídicos".

 

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