Diez millones en fianzas para los ex directivos de Novacaixagalicia
“Indicios de criminalidad suficiente”. Así de contundente se muestra el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno en el auto hecho público este martes sobre los ex directivos de Novacaixagalicia a los que Anticorrupción investiga por posibles cobros indebidos. Y por esos indicios y cobros el magistrado acaba de decidir la adopción de medidas en forma de fianza: un total de 10,5 millones de euros que los antiguos dirigentes de NCG tendrán que depositar si no quieren que se “proceda al embargo de bienes de su propiedad”.
La mayor fianza le es requerida a quien fue director general adjunto de Novacaixagalicia, Javier García de Paredes, a quien el juez Moreno le exige 7,02 millones de euros. A continuación se sitúa el otro máximo responsable de la entidad fusionada, José Luis Pego, que ejerció de director general de la caja fusionada y que ahora tiene que ingresar 1,9 millones. Les corresponden menores cantidades a Gregorio Gorriarán, antiguo responsable del grupo inmobiliario resultante de las divisiones que Caixanova y Caixa Galicia tenían en ese sector (1,2 millones de euros) y la José Óscar Rodríguez Estrada, que fue uno de los encargados de la oficina de integración de las cajas (347.920 euros). De estas cantidades deberá responder también como responsable solidario el antiguo copresidente de NCG y ex presidente de Caixanova, Julio Fernández Gayoso.
En caso de que en las siguientes veinticuatro horas a la notificación oficial de las fianzas los antiguos directivos no paguen lo que se les reclama, el juez advierte de que les embargará pertenencias “en cantidad suficiente para responder de las sumas que se les reclama” y que equivalen a las cantidades que presuntamente cobraron de manera indebida en forma de prejubilaciones millonarias. Esto sucede porque, según el juez, “por ahora” es posible saber de la investigación que los cuatro ex directivos actuaron “en su propio beneficio y para asegurar sus intereses personales y preparar su previsible salida de la entidad resultante” de las fusiones. Para todo esto supuestamente contaron “con la cooperación de Gayoso”, dice el auto.
“Mejoras” en sus propios contratos
El modus operandi de los antiguos directivos estaría basado, siempre según la investigación judicial, en la introducción de “mejoras” en sus propios contratos para así poder percibir “elevadas sumas de dinero con la ocasión del cese de sus actividades” en la entidad financiera, todo esto a pesar de conocer su “dificilísima situación económica”.
Dado que García de Paredes, Pego, Gorriarán, Rodríguez Estrada y Gayoso conservan “capacidad de actuar” sobre sus propios bienes el juez considera pertinente la imposición de las fianzas para evitar que puedan “eludir su posible responsabilidad patrimonial derivada de una actuación punible”, esto es, que puedan maniobrar de tal manera que, en caso de ser condenados, ya no tengan legalmente bienes con los que responder de la condena.
La imposición de estas fianzas deriva del procedimiento judicial iniciado por la Fiscalía Anticorrupción, que a través de una querella contra los ex directivos señaló que estos “dispusieron fraudulentamente de bienes de la entidad”, ocultando “el importe de sus prejubilaciones” tanto al consejo de administración de NCG como al Banco de España, causándole importantes perjuicios económicos no sólo a la propia entidad, sino también al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) o, lo que es lo mismo, al Estado, que actualmente controla más del 90% del banco al que Novacaixagalicia transfirió su negocio financiero.
Los socialistas exigen activar la investigación en cuanto se constituya el Parlamento
Iniciar la investigación parlamentaria de inmediato y que Alberto Núñez Feijóo “asuma sus responsabilidades”. Serán las dos reclamaciones que el PSdeG ponga sobre la mesa en cuanto se constituya el Parlamento a la luz del auto del juez Moreno. “Este auto de la Audiencia nacional recoge un hecho delictivo y una profunda inmoralidad”, dice el socialista Abel Losada, que recuerda que la reclamación de comisión de investigación no es nueva. Bien al contrario, subraya, “lo hicimos hace más de un año y el PP votó siempre en contra”, de la creación de la comisión e incluso “de que el tema se volviera a discutir”.
“Ahora dicen otra cosa”, dice, en referencia a la promesa de Feijóo de activar la investigación en la nueva legislatura, pero para el PSdeG “sigue siendo espuma mediática y puestas en escena”, más aún toda vez que “tuvimos que sufrir la vergüenza de ver como comparecían en el Congreso de los Diputados antes que en el Parlamento gallego” y también antes de que el legislativo gallego pudiera tener acceso a la auditoría encargada por la Xunta a la empresa KPMG para avalar la fusión de Caixanova y Caixa Galicia.
“En el auto aparece” que las indemnizaciones “se produjeron como consecuencia del acuerdo de fusión” avalado por la dicha auditoría. Por lo tanto, subraya Losada, “el señor Feijóo no puede hablar de la herencia recibida”, porque se trata “de un acto financiero avalado políticamente por su gobierno”. “Ya es absolutamente manifiesto”, tanto las “irregularidades” de los directivos como “el papel político que jugó la Xunta”, concluye.
