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GALICIA

La comisaria de Transportes de la UE cierra las puertas a una investigación independiente del accidente del Alvia

Violeta Bulc obvia la petición de la Eurocámara de que lidere otro análisis técnico del siniestro y lo deja en manos del Gobierno, que lo viene rechazando

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El ministro De la Serna y la comisaria Bulc, en el coloquio con ciudadanos en Madrid en el que fueron interpelados sobre Angrois

El ministro De la Serna y la comisaria Bulc, en el coloquio con ciudadanos en Madrid en el que fueron interpelados sobre Angrois @UEmadrid

La comisaria de Transportes de la UE, la eslovena Violeta Bulc, ha cerrado este lunes en Madrid las puertas a que su departamento lidere una investigación técnica independiente sobre el accidente de tren de Santiago que el 24 de julio de 2013 provocó 80 muertos y 144 heridos. Esa investigación se la pidió el Parlamento Europeo, amparándose en un  dictamen de la Agencia Ferroviaria Europea que constató que el análisis del siniestro realizado por el Ministerio de Fomento no fue independiente y se centró en responsabilizar en exclusiva al maquinista del tren Alvia. Bulc obvió la petición de la Eurocámara y aseguró que esa no es una competencia de la Comisión Europea sino de España, que se viene negando con diversos argumentos. "Hay cosas que tienen que hacerse en cada nivel, y no podemos ir más allá de eso", dijo la comisaria.

La comisaria Bulc se reunió este lunes por la mañana en Madrid con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y por la tarde los dos participaron en un coloquio sobre transportes abierto a la ciudadanía en el Círculo de Bellas Artes de la capital. Víctimas del accidente de la curva de Angrois, con el presidente de su Plataforma, Jesús Domínguez, a la cabeza, asistieron al coloquio y formularon varias preguntas sobre la investigación del siniestro tanto a Bulc como la De la Serna. Bulc argumentó que la competencia de la Comisión Europea es advertir de las deficiencias de las investigaciones de los estados miembros, pero que es competencia de ellos realizar esas investigaciones. Esa argumentación dio pie al ministro de Fomento, Íñigo de lana Serna, para reiterar su argumentación de que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) de Fomento ahora ya es independiente y que por lo tanto el Gobierno no puede ordenarle que reabra la investigación.

La Plataforma de Víctimas de Angrois venía reclamando hace días a Bulc que atendiera la petición del Parlamento Europeo de que lidere una nueva investigación técnica del accidente. El pasado julio la Agencia Ferroviaria Europea ratificó que la investigación del siniestro realizada por la CIAF, en la que se atribuyó toda la responsabilidad al maquinista, no había sido independiente. Amparándose en ese dictamen de la agencia europea, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo le reclamó a la comisaria Bulc “una investigación exhaustiva e independiente del accidente”. Desde Fomento, tanto con la anterior titular, Ana Pastor, como con el actual, Íñigo de la Serna, se argumenta que ahora la CIAF ya es independiente y que por lo tanto el ministerio no tiene capacidad de ordenarle que realice una nueva investigación. Sin embargo,  De la Serna reclamó formalmente esa investigación siendo alcalde de Santander cuando Fomento ya había hecho público ese supuesto impedimento legal, lo que indigna a las víctimas.

Esa investigación técnica sobre Angrois realizada en su momento por la CIAF, que también la Audiencia Provincial de A Coruña considera “no independiente”, sirvió sin embargo de base al actual juez instructor de la causa penal para intentar cerrarla con el maquinista cómo único imputado. Pero en mayo del año pasado  la Audiencia le ordenó reabrir la causa e investigar mejor si Adif trató como debía los riesgos que provocaban en la línea de AVE Ourense-Santiago los diversos defectos de seguridad detectados en ella.

En las últimas semanas un perito independiente ha ratificado ante el juzgado que Adif no analizó esos riesgos como estaba obligado por la normativa ferroviaria, mientras que otro perito judicial designado por la Xunta aseguró que nada obligaba a la empresa pública a analizar esos riesgos. El empate de sus peritajes contrapuestos deja ahora en las manos del juez el siguiente paso en la instrucción.

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