La Ley de Costas: no salen las cuentas

Tras estos meses de lucha, en Greenpeace calificamos esta reforma como “de engaño”. Entre otras muchas justificaciones políticas que han defendido la reforma queremos destacar una que, según las propias palabras del Ministro:

“La reforma tiene el objetivo primordial de proteger mejor nuestro litoral frente a excesos urbanísticos y beneficiar a quienes se encontraban legítimamente en la costa, pero no es una amnistía de situaciones ilegales. Porque hay 10.000 viviendas en Dominio público marítimo terrestre, la mayoría con un derecho anterior a la Ley de Costas de 1988. Además, sólo en 2018 expiran unas 1.100 concesiones de viviendas, lo que obligaría a su demolición. La nueva Ley generará confianza y certidumbre para las ocupaciones y la actividad económica. Existen unas 23.000 ocupaciones no residenciales, muchas de ellas generadoras de un elevado volumen de empleo. Así, más de 1.700 son ocupaciones industriales, más de 3.000 son ”chiringuitos“ (unos 1.300 restaurantes y 1.700 kioscos)”.

Pues bien, desde Greenpeace queremos incidir sobre estas cifras. Porque se ha comenzado la casa por el tejado. Se está justificando la reforma de la Ley de Costas nunca bajo un argumento de proteger más y mejor la costa, sino para proteger más y mejor a los que destruyeron el litoral. El Gobierno está instrumentalizando a las víctimas y lanza un llamamiento alarmista sobre lo que costarán los derribos en un contexto de crisis. Creada esta crisis, por cierto y entre otros, por ellos mismos. Y buscan remover al lector, al televidente con rostros de ciudadanos que perdieron y perderán todo por la aplicación de la Ley. Permítanme la licencia como ciudadana indignada que comente algo que pudiera ser populista, pero es sorprendente que para “pérdidas de hogar” como los ciento y pico desahucios diarios que se producen en nuestro país o los desalojos en Canyabal (Valencia) para planes urbanísticos, al Gobierno no le tiembla mucho el dedo.

En fin, aunque ya es tarde, pues la reforma va a toda marcha impulsada por una urgencia no entendible desde Moncloa, llevamos tiempo demandando desde Greenpeace una cuantificación real de cuántos son los afectados reales por la anterior la Ley de Costas. Cuántos de ellos son empresarios y constructores que no cumplieron con la anterior Ley y en última instancia cuántos son realmente víctimas de la aplicación retroactiva y arbitraria de la Ley de Costas. Que los hay.

Porque vayamos a las cuentas arriba expuestas por el Ministro. Si existen 23.000 ocupaciones no residenciales que estaban en situación irregular con la anterior Ley de Costas, y de éstas 1.700 son industrias y 3.000 chiringuitos...las cuentas no salen, pues 3000 + 1700 hacen 4700, no 23.000. ¿Las 18.300 restantes son también industrias? ¿También se van a beneficiar de la nueva Ley? ¿son legales o ilegales?. Barra libre.

Por otro lado, y yendo a las ocupaciones residenciales, las 10.000 viviendas. ¿Dónde están? ¿son todas las residencias víctimas de la aplicación retroactiva de la Ley? ¿Existe un listado con nombres y apellidos? Sin duda mayor transparencia y estadística real sería muy de agradecer para que la propia administración justificarse aquello de lo que les acusamos hoy y que por tanto, que no se han hecho amnistías a la carta o en aras de unos pocos empresarios.

Nos quedamos entonces con otro titular del Ministro:

...estos cambios “tienen que mejorar la confianza de los inversores extranjeros y permitir dar salida al 'stock' de vivienda que muchas veces, por la imagen de España de inseguridad jurídica, lleva a frenar las inversiones en el litoral”.

Pues eso... que no cuadran las cifras.