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El Gobierno griego apaga la radiotelevisión pública

El primer ministro griego, rodeado de periodistas.

eldiario.es

El Gobierno griego ha apagado este martes la radio y televisión públicas del país. Las cadenas han dejado de emitir y, a partir de ahora, tendrán sus puertas cerradas. El objetivo es deshacerse de un número aún no especificado de trabajadores de estos medios de comunicación.

La ERT daba hasta ahora trabajo a 2.800 personas. El portavoz del Gobierno ha afirmado que la empresa pública tiene entre tres y ocho veces de empleados más de los que realmente necesita.

Un poco antes de esta confirmación, el diario Ekathimerini había informado que el primer ministro, el conservador Antonis Samaras, tenía previsto dar este paso para comenzar a cumplir los compromisos para reducir el número de funcionarios a los que había llegado con la troika.

Antes de que acabe 2014 Atenas está obligada a despedir a 15.000 funcionarios, y 2.000 este año.

Movilización sindical

Los trabajadores de la radio televisión pública conocieron la inesperada noticia a primera hora de la tarde y ocuparon las instalaciones. El informativo de las 15.00 se inició con esta noticia a la que se dedicaron los primeros 25 minutos del programa. Los presentadores y reporteros de la cadena prometieron mantener la ocupación durante las 24 horas. Centenares de funcionarios y trabajadores de televisiones privadas se unieron a lo largo del día a esta movilización.

El cierre se ha producido por decreto firmado por ministros del partido de Samaras, Nueva Democracia. Los ministros de los otros dos partidos que forman el Gobierno de coalición –el Pasok e Izquierda Democrática– se negaron a suscribir el decreto.

Los sindicatos han convocado una huelga de solidaridad en las radios y televisiones privadas del país.

Fracaso en la privatización

La inesperada decisión se produce un día después del fracaso de la privatización de la empresa pública del gas Depa. El Gobierno griego había estado negociando durante meses con el gigante ruso Gazprom para que ofreciera 800 millones de euros por un porcentaje de las acciones de Depa que le diera el control de la compañía. En el último momento, Gazprom se echó atrás al “no haber recibido garantías suficientes de que el estado financiero de Depa no se claramente peor en el momento en que se complete el acuerdo

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