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Cifuentes entierra el Campus de la Justicia, proyecto estrella de Aguirre y González

La presidenta regional desiste del proyecto gestado en 2004 por Esperanza Aguirre y reconfigurado a la baja por Ignacio González en 2014

Los gobiernos de Aguirre y González gastaron unos 120 millones en un proyecto que ha quedado en nada

El Campus de la Justicia está siendo objeto de investigación en la comisión de estudio de la deuda de la Asamblea de Madrid

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Aguirre observa el Campus de la Justicia

La entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, observa el proyecto inicial del Campus de la Justicia.

Cristina Cifuentes entierra el Campus de la Justicia, en otros tiempos proyecto estrella de Esperanza Aguirre e Ignacio González. Así se aprobará en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid este martes.

La idea se gestó en 2004, y consistía en llevar todas las infraestructuras judiciales de Madrid a un terreno en Valdebebas. Vecino a la T-4 y a la ciudad deportiva que el Real Madrid construyó después de conseguir que se recalificaran sus terrenos junto a La Paz para construir las cuatro torres.

Pues bien, ese proyecto consistía en una colección de edificios singulares, firmados todos por arquitectos de renombre internacional... Y con un presupuesto tan inasumible que después de haber gastado 120 millones de euros no hay nada más que un edificio vacío.

Según fuentes del Gobierno regional, "el pasado 5 de febrero se inició la tramitación del expediente de contratación de la ejecución de obra pública de la denominada Ciudad de la Justicia, proyecto presentado a finales de 2014 siguiendo un modelo distinto a la iniciativa original de Campus de la Justicia, de 2005 y que fue descartada tras el inicio de la crisis económica. Tras iniciarse esta tramitación, el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid ordenó la paralización de la contratación con motivo del recurso interpuesto por Corsán-Corviam, al considerar que la contratación tenía por objeto una obra que ya se le había adjudicado a la empresa en junio de 2007 (en concreto, el proyecto de los Juzgados de lo Social y Mercantil del Campus de la Justicia). En cumplimiento de esta resolución, el pasado 10 de julio, el Gobierno de la Comunidad de Madrid suspendió la tramitación de la adjudicación del contrato".

"Desde ese momento", explican las fuentes regionales, "el Ejecutivo madrileño ha venido trabajando en la resolución de la situación generada con Corsán-Corviam, así como con otras dos reclamaciones similares planteadas por los arquitectos Ángel Borrego y Rafael de la Hoz por contratos no resueltos de Campus de la Justicia, que se encuentran a día de hoy en sede judicial y con incertidumbre sobre su fecha de resolución. En la medida en la que estos contratos deberían haberse resuelto antes de iniciar el procedimiento de contratación de la Ciudad de la Justicia y puesto que condicionan el nuevo proyecto, la Dirección General de Justicia y Seguridad entiende que se dan las circunstancias para proceder al desestimiento de la adjudicación".

Concentración de sedes

"Este desestimiento", explica el Gobierno regional, "no supone la renuncia a concentrar las sedes judiciales de la región de Madrid por parte del Gobierno de la Comunidad, haciéndolo con el mayor consenso posible con jueces y magistrados, colegios de abogados y procuradores y el resto de colectivos implicados. Una iniciativa que, en su día, fue defendida tanto por los profesionales de la Justicia como por los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid".

Nacido en la cabeza de la ex presidenta Esperanza Aguirre y su consejero de Justicia en 2004, Alfredo Prada, la primera piedra del campus primigenio se colocó en 2007. También en 2008, cuando se organizó otro acto de inauguración con Aguirre en las fotos de nuevo. Dos años despues, en 2010, el sucesor de Prada, Francisco Granados, ya reconocía que se había abonado casi un centenar de millones. "Las partidas del Campus de la Justicia se han llevado 96 millones de euros", recordaba la diputada socialista Amparo Valcarce en una comisión parlamentaria el 5 de noviembre de 2013. Para entonces, Madrid había abandonado el plan pero todavía estaba pagando facturas que iban a inflar el bocado a las arcas madrileñas.

El apoderado de la sociedad Campus de la Justicia entre octubre de 2011 y febrero de 2013, Javier Rodríguez, explicaba a finales de octubre en la comisión de estudio de la Asamblea de Madrid: "El proyecto estaba sobredimencionado. El Instituto de Medicina Legal, el dónut, tiene 14.000 metros cuadrados: les invito que hagan una visita al campus, está sobredimensionado, tendría que pasar un Chernóbil para que fuera usado. No tiene valor como edificio administrativo, es para muertos, con olor a cadaverina. Es muy difícil compatibilizar como uso administrativo. Es una pena. Hay que desconejar cada año porque está abierto. Los edificios circulares tienen mayor coste de construcción, menor rendimiento, no permiten los usos conjuntos. El dónut hay que calefactarlo por fuera y por dentro y los muebles hay que hacerlos a medida. No hay muebles circulares y con radio específico por cada planta. Las unidades de obra son más caras también, porque no hay experiencia, no hay formatos curvos estandarizados. Los espacios judiciales suman ahora unos 200.000 metros cuadrados, y el proyecto hablaba de 465.000", ha explicado Rodríguez, "con lo que, además, "se agotaba la edificalidad de la zona".

En septiembre de 2014, dos años después de la dimisión de Esperanza Aguirre, el entonces presidente regional, Ignacio González, decidió reconducir el proyecto y rebajar los presupuestos. La idea seguía siendo concentrar las sedes judiciales en el mismo sitio: una parcela de 20 hectáreas donde sólo se ha levantado un edificio de los 15 diseñados.

El Gobierno de Ignacio González echó mano de una fórmula ya avanzada en 2012: sacar a concurso la construcción de las sedes y pagar a la empresa que gane el contrato –de 30 años– el dinero que, dicen, les cuesta alquilar los juzgados a día de hoy: 40 millones de euros. En 2012 se hablaba de 33 millones.

El contratista debería estar elegido "en el primer semestre del año", apuntaban en el Ejecutivo entonces. Y así hicieron después de las elecciones, cuando González era presidente interino: el 12 de junio pasado, tres días después de que se constituyera la nueva Asamblea de Madrid, la Consejería de Presidencia y Justicia convocó en su instalaciones de la puerta del Sol a los interesados para dar a conocer cuál sería su propuesta a la hora de adjudicar el último gran contrato del Gobierno todavía presidido en funciones por Ignacio González (PP): la Ciudad de la Justicia. El ganador de la carrera fue el consorcio OHL-Acciona (liderado por Juan Miguel Villar-Mir). Su propuesta le hizo vencedor de un proyecto por el que se preveía pagar 1.121 millones de euros durante 30 años para planear, construir y mantener las nuevas sedes de los organismos judiciales de la región. Un plan estratégico que, según su redacción, comprometía 37 millones de euros públicos cada ejercicio durante tres décadas.

El consorcio OHL-Acciona debería ser compensado por el desestimiento del Gobierno regional. "Tienen derecho", explican fuentes del Gobierno, "pero todavía no lo han solicitado. Ellos deben hacerlo y justificar su petición. En función de eso, se ajustará la cantidad que corresponda". Hasta el momento, lo único que han hecho han sido proyectos.

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