Nuevo sobrecoste. Nueva justificación. Aunque se pague una mayor cantidad económica por una obra o por un edificio, la Junta de Castilla y León, en manos del PP desde hace 28 años, siempre encuentra un argumento para justificar ese incremento en el pago, a través del dinero público.
La investigación sobre la compra del edificio que alberga la sede de la Agencia de Desarrollo de la Junta de Castilla y León –antes, la Agencia de Desarrollo Económico (ADE)- depara sorpresas cada vez que se conoce un informe. La Cadena Ser de Castilla y León desveló ayer que un informe de la Agencia Tributaria reconoce que por ese inmueble se pagaron nueve millones más de los 60 abonados por la Junta de Castilla y León. Y este incremento del valor final se debió, según ese informe, a argumentos como “imputación de la carga financiera incurrida durante la ejecución de la edificación del edificio de oficinas”.
Es decir, que por el flamante edificio, ubicado en el municipio de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), que compró el Gobierno castellano y leonés a la empresa Urban Proyecta PM3, a través de la Consejería de Economía, se pagaron en torno a 70 millones de euros: 52 por el inmueble, otros 8 por el IVA y otros 9 –en concreto, 8,4 millones de euros- más por conceptos que desvela ahora la Agencia Tributaria.
Según la información de la emisora, los nuevos 9 millones de euros se justificarían en siete facturas relacionadas con la construcción del edificio. O dicho de otra manera, se compró el inmueble y, además, la Junta de Castilla y León tuvo que pagar por otros gastos en los que había incurrido la empresa constructora.
Uno de los aspectos llamativos de este polémico edificio es que la empresa Urban Proyecta fijó el precio del inmueble en unos 40 millones de euros. Por tanto, el Gobierno regional habría pagado un sobrecoste de 30 millones.
Mientras desde la Consejería de Economía se mantiene silencio ante esta información, el portavoz del Gobierno de Castilla y León, José Antonio de Santiago Juárez, volvió a justificar estos sobrecostes. Si hace unas semanas hablaba de “mejoras” para avalar el aumento del coste final del Hospital de Burgos, ahora habla de “discrepancia” entre la Junta de Castilla y León y la Agencia Tributaria sobre la “devolución del IVA”. En esa “discrepancia” estaría la variación del coste final del edificio.
Por su parte, el secretario general de los socialistas de Castilla y León y candidato a la Junta, Luis Tudanca, se comprometió a realizar una auditoría pública de las empresas y organismos públicos para que “se sepa la verdad” por la existencia de “varios asuntos turbios”. En su opinión, el Gobierno regional “ha malversado y enterrado dinero público lo que ha impedido tener buenos servicios, garantizar la igualdad de oportunidades o impulsar políticas de empleo y reindustrialización”.
En la investigación judicial abierta para dilucidar las supuestas irregularidades en la compra del edificio, se analizan las cuentas de 13 personas vinculadas con la operación de compraventa del edificio y la adquisición de unos terrenos en la localidad vallisoletana de Portillo para promover un polígono industrial. Entre ellos está Rafael Delgado Núñez, el que fuera número dos de la Consejería de Economía entre 2003 y 2011.
